Una sentencia en Londres acerca al Estado a cobrar los 855 millones de euros de la aseguradora del Prestige
Una sentencia dictada por el magistrado británico Butcher el miércoles, 12 de mayo, ha dado la razón a la Abogacía General del Estado al rechazar de manera contundente los argumentos de la aseguradora del Prestige para no abonar los 855.493.575,65 euros que reclama España, informan a Efe fuentes gubernamentales. Así, el Estado se acerca al cobro de la indemnización.
El juez también descarta que los derechos fundamentales del capitán del buque, Apostolos Mangouras, se hubiesen visto vulnerados en el procedimiento judicial seguido por la Audiencia Provincial de A Coruña. De este modo, el único motivo de oposición a la reclamación de la cantidad a la aseguradora que quedaría pendiente de decidir es el actualmente sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un asunto que parte de una cuestión prejudicial del magistrado Butcher.
La aseguradora se escudaba para no pagar en un laudo arbitral del Reino Unido del año 2013, en que el armador, declarado insolvente, no había abonado la indemnización previamente y en que los derechos fundamentales del capitán habían sido vulnerados. Todos estos argumentos han sido rechazados en la sentencia emitida el 12 de mayo. El proceso lo gestiona la Abogacía General del Estado con la asistencia del despacho Squire Patton Boggs, añaden las fuentes.
El petrolero Prestige, de pabellón de Bahamas y cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado, registró una fractura del casco el 13 de noviembre de 2002 cuando navegaba cerca de la costa gallega y, tras ser alejado por decisión de las autoridades, se partió en dos y se hundió el 19 de noviembre, generando una marea negra sin precedentes que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral desde Portugal hasta Francia.
La Audiencia de A Coruña cuantificó la responsabilidad civil por los daños causados por la marea negra del Prestige en 2.500 millones de euros. Para la aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) fijó un límite de 855.493.575 euros, descontada la cantidad de 22.777.986 euros consignada. Con la sentencia de ayer, España está más cerca de cobrar esa cantidad.
0