DomusVi encarga una auditoría pagada que concluye que una residencia en la que murió uno de cada tres mayores es un espacio seguro COVID

La multinacional DomusVi inició a finales de mayo, una vez sobrepasado el pico de la pandemia, un proceso para auditar sus residencias de mayores y certificarlas como hogares con “cuidados seguros” ante el coronavirus para el que contrató a la empresa Bureau Veritas. Su análisis concluye que tres de las residencias que se convirtieron en los principales focos de coronavirus en centros de mayores en Galicia son ahora espacios seguros, incluido el geriátrico San Lázaro de la multinacional, en Santiago, en el que murieron uno de cada tres residentes.

La expansión del virus en los centros de mayores de la comunidad durante la primera ola de la pandemia afectó especialmente a las residencias de DomusVi en San Lázaro, Cangas y Barreiros. La primera de ellas es probablemente -y a falta de datos de muertes en cada centro de la Xunta de Galicia- la que registró mayor número de muertes: 53, según los datos aportados por las familias. La directora de ese centro llegó a culpar a finales de abril a la Xunta de tardar en resolver hospitalizaciones y pruebas en el comienzo del brote en la residencia. Los centros de Cangas y Barreiros fueron intervenidas por el Gobierno gallego debido al alto número de casos positivos mientras las familias de los usuarios se quejaban de falta de información sobre lo que pasaba en los centros, así como carencias de personal, material higiénico y limpieza.

DomusVi informa ahora a través de un comunicado de que ha implantado un protocolo de seguridad ante la COVID-19 que ha sido certificado por la auditoría contratada por la multinacional en seis de las residencias que tiene en Galicia. Además de las tres mencionadas, el proceso se ha seguido también en los centros de Vigo Salesas, Oleiros y Matogrande en A Coruña y se seguirá hasta completarse en todas las residencias de la firma. La empresa señala que creado guías de actuación para controlar la higiene de los centros, la seguridad en las instalaciones y para los residentes y trabajadores, la calidad del servicio, la comunicación con las familias y la formación de los profesionales. “El proyecto forma parte de la nueva estrategia asistencial de la compañía, encaminada, por un lado, a prevenir la entrada del virus en las residencias y, por otro, a controlar su propagación si se produce un nuevo rebrote de la epidemia”, indica DomusVi. A día de hoy hay en Galicia tres residencias de mayores intervenidas en la comunidad por el Gobierno gallego, entre la que se encuentra el centro de DomusVi en Outeiro de Rei, en Lugo, con 155 positivos entre usuarios y trabajadores.

En este mismo centro de San Lázaro, poco antes de la revelación de la llegada de la pandemia en Galicia las representantes sindicales de la plantilla informaban a la Xunta que DomusVi no tenía el número de trabajadoras necesarias para prestar los servicios. El documento de denuncia del personal, publicado por elDiario.es, señala que se incumplía ya no solo el número de trabajadores ofertado a la Xunta para hacerse cargo de las 91 plazas concertadas del centro -de 156 que tiene en total- sino los mínimos marcados por el Gobierno gallego en los pliegos del concurso. La Consellería de Política Social, responsable de las residencias, ni respondió al escrito ni envió la inspección que reclamaba la representación sindical.

Años antes, en 2017, el Consello de Contas, el ente que se encarga de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de la Xunta, ya señalaba que los cuadros de personal establecidos no coincidían con el número de efectivos reales en varios centros residenciales de la comunidad, entre los que se encontraba el de San Lázaro.

La empresa, una de las principales del Estado en el sector, ha sido duramente criticada por las asociaciones de usuarios de residencias durante la pandemia, que llegaron a denunciar su gestión en varias ocasiones ante la Fiscalía, o incluso por la Universidad de Santiago de Compostela, que censuró los anuncios de la empresa para contratar estudiantes que trabajaran en sus centros cuando eran los que acumulaban más muertes relacionadas con la COVID-19.