AGE encuentra vínculos gallegos en la denominada operación Púnica contra la corrupción. Según el grupo parlamentario, la Xunta llevó a cabo adjudicaciones a la trama corrupta de Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre en Madrid. Así lo asegura el diputado Antón Sánchez, que explica que el Sergas contrató en agosto de 2013 con la empresa Cofely España, “el corazón de la red de saqueo”, por un importe de once millones de euros.
“La corrupción, por más que la propaganda de Núñez Feijóo afirme lo contrario, es estructural en el Partido Popular”, denuncia Alternativa, que asegura que “la última trama enquistada en las arterias de esa organización”, destapada el pasado lunes con detenciones masivas de altos cargos en Madrid, “también tiene ramificaciones en Galicia”. Así, advierte que la Xunta de Núñez Feijóo adjudicó “un importante contrato” a la empresa “corazón de la red corrupta” cuya cabeza visible era el ex número dos del PP madrileño -Francisco Granados-, Cofely España, SL.
En concreto, y según explica el diputado de Alternativa Antón Sánchez, fueron once millones de euros consignados por el Sergas para “suministro energético prestacional y mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios, con inclusión de servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud (cofinanciado por la Unión Europea a través del programa operativo Feder Galicia 2007-2013)”. El Diario Oficial de Galicia del 3 de septiembre de 2013 recoge la adjudicación tras un concurso a lo que se habría presentado tres empresas. Una de ellas, según AGE, fue excluida (Altair Ingeniería y Aplicaciones, SANA). De las otras dos, Cofely y Ferroser, ganó el concurso la primera, con un total de 40,40 puntos frente a los 27,51 de Ferroser.
“Una vez más, vemos como el Partido Popular de Galicia se encuentra sumergido en el incluso centro de una trama corrupta”, afirma Sánchez, “igual que ya aconteció con la Gürtel. Y mientras, Feijóo mira para otro lado y no responde. Tal vez porque sabe demasiado”, insiste el diputado, que asegura que AGE registrará iniciativas parlamentarias para solicitar al PP que explique en la Cámara “cuáles son exactamente sus vínculos con la última, seguramente no la última, trama de corrupción adherida y confundida con su partido”.
Además, la la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) mostró también su “preocupación” de que la trama investigada “se extendiese a Galicia y afecte a la concesión de la financiación y construcción” de varios centros de salud en el país. Según el colectivo, Cofely es la adjudicataria de la ampliación del hospital del Salnés y de la construcción de 15 centros de salud en Galicia (A Capela, Ares, Arteixo, Cambre, Culleredo, Malpica, Santiago, Barbadás, Pontevedra, Ourense ciudad, Gondomar, Marín, Nigrán, Oia y Tui)
Tal y como asegura la AGDSP, la Consellería de Sanidade habría confirmado que la construcción de estos centros de salud y del Hospital del Salnés “contarán, teóricamente, con una partida de 26 millones de euros para su financiación que con todo no figuran en los presupuestos autonómicos”.
Por eso, consideran que las obras de ampliación del Salnés “están en riesgo por esta circunstancia dado que deberán estar terminadas antes de que finalice 2015 para no perder los fondos europeos y advierte que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional aporta el 80% de la inversión de la obra, ”mientras que a la Xunta sólo corresponde el 20% restante, algo más de 1,5 millones“.
La asociación cree “necesario y urgente” abrir una investigación “que aclare públicamente la limpieza y corrección de estas adjudicaciones, dado que los contratos públicos no pueden realizarse con empresas sometidas a procesos judiciales” y reiteran su “alarma” ante los “riesgos de recurrir a la colaboración privada para financiar la construcción y gestión de los centros sanitarios públicos por el incremento de costos, el sometimiento de los centros públicos a intereses personales y por los riesgos de corrupción”.