La Xunta demora la entrega a ecologistas de documentos sobre una mina tras ser condenada por ocultar los de otra
Nueve ayuntamientos cuyas corporaciones se posicionaron en contra, sindicatos, la oposición parlamentaria, asociaciones ecologistas, vecindarios organizados en las zonas más afectadas, el sector pesquero y marisquero de la ría de Arousa, continuos informes desfavorables, cientos de alegaciones... La megamina prevista en Touro y O Pino, cerca de Santiago, continúaa acumulando rechazos y peticiones para que la Xunta desestime este polémico proyecto. El último informe solicitado por la Administración, tal y como destaca la plataforma vecinal que lidera las protestas, ha sido el dede la Federación Ecoloxista Galega (FEG), que también ha advertido como desfavorable una iniciativa cuyas propuestas son “inviables e insostenibles” y en la que la Xunta, denuncia, está a demorar la publicación de toda la información de la que dispone.
Después de que la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) emitiese ya un estudio en el que alertaba del grave impacto del proyecto minero, ahora ha sido la Dirección Xeral de Enerxía e Minas la que ha solicitado a la FEG un dictamen que no ha sido menos contundente. Después de analizar la documentación presentada por la empresa, asegura que las “afecciones hidrológicas, ambientales, paisajísticas y patrimoniales”, así como la “destrucción y deterioro del tejido socioeconómico (en particular del campo-silvoganadero)” y la “puesta en riesgo severo de la vida e integridad de núcleos de población y de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y agroganadero convierten en inviables e insostenibles las actuaciones propuestas en la documentación expuesta”.
Además, la FEG denuncia el intento de Atalaya Mining de “evitar trámites legales, ocultar el impacto global o minimizar la oposición social” a través del “fraccionamiento de proyectos” cuando, según recuerda, en el propio informe que presentó en el pasado junio sobre sus intenciones en Touro muestra un plano que ilustra las aficiones y alcance sobre el territorio del proyecto global propuesto por la empresa, un total de 122 kilómetros cuadrados.
La Federación, que agrupa a la mayoría de las asociaciones ecologistas activas en Galicia, ha denunciado también la “negativa continua” de la Sección de Minas de la Jefatura Territorial de Economía, Empleo e Industria de A Coruña en proporcionar copia de los expedientes relativos a los diversos derechos mineros, lo que impide emitir un informe que permita valorar el conjunto del proyecto, dado que “ni siquiera ha sido posible verificar si los derechos a los que hace referencia a empresa están vigentes o caducados” e insta al ente, en base a la Convención de Aarhus, a facilitar en el plazo de quince días copia íntegra de los expedientes relativos a los diez derechos mineros solicitados. La crítica llega después de que la Justicia condenara hace unas semanas la Xunta por ocultar información sobre estos mismos derechos mineros en el caso de Corcoesto (Bergantiños), polémico proyecto minero que acabó fracasando.
