La Xunta expedienta a la minera a la que autorizó a verter en la ría de Noia entre protestas de ecologistas y pescadores

La Xunta de Galicia ha abierto un expediente a la empresa de la mina de San Finx (en el municipio coruñés de Lousame, por encima de la ría de Muros e Noia) por incumplir los parámetros de vertido. Los análisis en las aguas río abajo han detectado cantidades de cadmio, cobre y zinc muy superiores a las permitidas. La plataforma en la que se integran cofradías de pescadores y ecologistas para luchar contra los vertidos había denunciado horas antes que, en concreto, los niveles de cadmio multiplicaban por 78 el tope establecido.

El Gobierno gallego ha iniciado el procedimiento a través de Augas de Galicia, que ha señalado, según informa Europa Press, que ha detectado unos valores elevados en la última analítica y ha abierto el expediente siguiendo la normativa. La Xunta autorizó el pasado mes de febrero a la propietaria de la mina, Tungsten San Finx -una filial de la australiana Pivotal Metals, que este mismo verano la vendió a Metais Estratéxicos, una firma recién creada- a vaciar los casi 900.000 metros cúbicos de aguas residuales que estaban acumulados y que la empresa necesitaba evacuar para volver a explotar el yacimiento. La decisión recibió contestación social y política en la comarca, en donde pescadores, mariscadores, entidades ambientalistas y varios gobiernos locales protestaron y avisaron de los posibles daños en la ría.

La Xunta continúa defendiendo la autorización dada: “Queda, pues, nuevamente acreditado que Augas de Galicia está actuando con total transparencia y cumpliendo estrictamente la normativa en el caso de la mina de San Finx”. Para que haya garantías de que los vertidos al río Pesqueiras están dentro de lo que establece la normativa, añade, es necesario que la empresa construya una planta depuradora para tratar las aguas.

El expediente se ha iniciado “en el marco de la labor de inspección, control y seguimiento” de Augas de Galicia derivada de la autorización concedida para la construcción de la planta de tratamiento de las aguas residuales, insiste.

El Gobierno gallego informó posteriormente, el viernes, de que ha requerido a la empresa que “ajuste la gestión de las aguas residuales” generadas en las instalaciones de la mina a las “condiciones establecidas en la autorización de vertido” que se otorgó y le ha dado un mes de plazo para ello. De lo contrario, dice, podría retirarle la autorización concedida en febrero. Estas infracciones están recogidas como “graves” en la ley 9/2010 de Augas de Galicia, añade.