Como en otros casos recientes, también en la trama Retablo de corrupción con arte sacro el Gobierno gallego será menos exigente con sus propios trabajadores que con el resto de implicados a la hora de pedir responsabilidades penales ante los tribunales. En el caso Cela, de malversación de dinero autonómico en la fundación del escritor, los cuatro acusados por juez y fiscal fueron trabajadores de la Xunta, uno de ellos exconselleiro de Fraga, pero el gobierno gallego ni está personado en la causa. En el caso Campeón, con un exdiputado del PP, un ex alto cargo de la Xunta y dos funcionarios implicados también por juez y fiscal, el gobierno gallego opta por acusar sólo a los empresarios de la trama. Ahora, en el Retablo, la Xunta acaba de presentar su escrito de acusación para el juicio inminente y en él pide diversas penas para cinco empresarios y un solo funcionario, mientras que evita acusar al arquitecto público que en las escuchas policiales prometía “repartir Galicia” en contratos.
El caso Retablo comenzó hace ocho años, cuando los vecinos de Paraños, en Pontevedra, vieron cómo la casa rectoral de su parroquia pasaba a manos del principal acusado de la trama, Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa, técnico de restauración en la Consellería de Cultura. Supuestamente Gómez-Gil se hizo con ella por 60.000 euros después de que fuera arreglada por varias empresas de restauración, cuyos dueños declararon que trabajaron gratis a cambio de contratos públicos. La casa salió luego a la venta en internet por 680.000 euros.
Según la policía, Gómez-Gil y otro trabajador autonómico, José Manuel Pichel Pichel, arquitecto de la sociedad pública gestora del Xacobeo y bien relacionado con el PP de la ciudad de Pontevedra, donde un tío fue concejal más de una década, recibían regarlos de empresas de rehabilitación a cambio de autorizar subvenciones para entidades religiosas que luego contratarían con esas firmas. Según la acusación popular, ejercida por la asociación de vecinos de Paraños, “la finalidad común de ambos era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las labores de restauración o directa o indirectamente por los párrocos interesados en la realización de algunas de esas obras. De este modo José Manuel Pichel incrementó espectacularmente su patrimonio, siendo titular de treinta inmuebles urbanos, dos inmuebles rústicos, diez motocicletas y un coche; su mujer es titular de treinta y siete inmuebles urbanos, diecisiete inmuebles rústicos y un coche”. Según esta acusación, entre los regalos recibidos incluso estaría, en 2009, “una ternera”. Fue aquel año, en septiembre, cuando en una de las escuchas policiales que permitieron tirar del hilo de la trama Pichel le hace a un aparejador amigo la mayor oferta: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”.
Sin embargo, el tercer juez instructor que tiene la causa, Andrés Lago Louro, el mismo que está ahora al frente de la investigación del accidente de Angrois, decidió no tener en cuenta las escuchas en la instrucción, lo que hizo que se vinieran abajo varias líneas de investigación. Lago Louro optó por mantener los cargos solo contra los dos trabajadores de la Xunta y cinco empresarios, exonerando a los cargos eclesiásticos que también habían estado implicados anteriormente. En junio de este año la Audiencia Provincial de A Coruña avaló su decisión y ahora las partes acaban de entregar en su juzgado sus conclusiones previas a la apertura de juicio oral.
En el escrito del abogado de la Xunta nada se dice de Pichel, mientras que considera a Gómez-Gil responsable de delitos continuados de cohecho y fraude y exacción ilegal, por los que pide penas que suman siete años de cárcel y 17 años de inhabilitación para cargo público. Por los delitos de cohecho de los que acusa a los empresarios Ignacio Vázquez Vieira, Olga Quintela López, David Durán Montero, Manuel Montes Carballa y Carmen Acuña Rey, el abogado de la Xunta pide dos años de prisión para cada uno y multa de 12 meses con cuota diaria de 10 euros.
Por su parte, la acusación popular pide penas ligeramente superiores para los mismos cinco empresarios y el restaurador de la Xunta, pero incluye también a Pichel, para quien pide cuatro años de prisión por cohecho pasivo, ocho años de inhabilitación para empleo público y diversas multas. El juez espera ahora que la Fiscalía, que también venía acusando hasta ahora a Pichel como elemento clave de la trama, presente sus conclusiones provisionales para la apertura de juicio oral.