La Xunta inicia el proceso para desahuciar a una persona de una vivienda social

La Xunta ha iniciado el procedimiento para desahuciar a una persona que reside en una vivienda social. Sus argumentos son que el ocupante no tiene contrato de alquiler en vigor en este momento y que “no está en situación de desamparo” porque tiene ingresos. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no ha concretado, a preguntas de este periódico, las circunstancias ni si estos ingresos se derivan de un contrato de trabajo o de una renta de inclusión social.

El caso se publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) indica en un anuncio que ha intentado sin éxito notificar el proceso de desahucio administrativo. Dado que los avisos previos no se han recogido, recurre a hacerlo público para pedirle a esta persona que comparezca en las instalaciones provinciales del IGVS en Ourense en un plazo de diez días e informarla. Si no lo hace, se considerará igualmente que la notificación se ha hecho pasado ese periodo.

La Consellería explica que está tratando de dar solución a la situación “con la formalización de un contrato de alquiler”, pero la persona que reside en la vivienda no lo ha firmado. Agrega que las viviendas de promoción pública se distribuyen a través de un registro de demandantes y este tipo de situaciones “perjudican” a quienes están pendientes de que se les adjudique una casa.

La Plataforma Stop Desahucios de Ourense explica que se han registrado otros casos de intentos de desahucio en viviendas sociales en la provincia. Un portavoz de la asociación explica que hace cinco años consiguieron paralizar un proceso que afecta a una mujer que dejó de trabajar debido a una enfermedad y no pudo hacer frente a los pagos. Reside en una vivienda social en la ciudad de Ourense, expone, en donde permanece porque los trámites quedaron en suspenso.