“La política de ayudas a los medios de comunicación debe tener un soporte legal, como sucede en la mayoría de los países europeos. De esta forma, el PPdeG se compromete a que las convocatorias de ayudas dirigidas a los medios de comunicación se hagan de acuerdo con la ley y siempre con transparencia”. Esta promesa estaba incluida en el programa electoral con el que los conservadores gallegos concurrieron a las elecciones de marzo de 2009. Al retornar al poder con Alberto Núñez Feijóo al frente concretaban este compromiso en la garantía de sacar adelante una Ley de Publicidad Institucional, la misma que el propio Feijóo volvió a prometer en la campaña de 2012. Sin esta norma, las aportaciones económicas del Gobierno gallego a la prensa, ya sea en la forma de anuncios, convenios o ayudas directas, dependen en su gran mayoría de la voluntad política del propio Ejecutivo. Una parte de este dinero financia las inserciones publicitarias y propagandísticas, que entre 2009 y 2012 superaron los 25 millones de euros.
Al contrario del que suele suceder, este dato no se corresponde con una estimación procedente de sumar diferentes contratos publicitarios, sino que procede de la propia Xunta. A través de una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita del BNG la Secretaría Xeral de Medios señala que “las campañas desarrolladas por los distintos departamentos de la Xunta” en esos cuatro años “supusieron un desembolso de 25.437.522 euros”.
El gasto en propaganda del Ejecutivo estuvo entre los 5 y los 6 millones anuales excepto en 2010, cuando llegó a los 9,1 millones. En 2009, año del acceso de Feijóo a la Presidencia, se quedó en los 5,3 millones, en 2011 fueron 5,96 millones y en 2012, 5,1 millones. Siempre según los datos oficiales, con este dinero la Xunta financió 25 campañas a las que es necesario añadir “la inversión en promoción y difusión del Xacobeo 2010”, realizada “en el bienio 2009-2010”. Este “amplio programa de acciones”, tuvo un impacto en las arcas públicas de 15,3 millones de euros, lo que eleva el montante total a 40,7 millones en cuatro años.
Las campañas
En la misma documentación aportada al Bloque el Gobierno gallego desgrana, de alguna manera, la filosofía que inspiró cada una de sus campañas publicitarias, si bien no especifica cuánto costó cada una. Así, por ejemplo, es posible conocer que por detrás de la campaña Solidaridad contributiva estaba la intención de “concienciar sobre la corresponsabilidad entre ciudadanos y Administración para garantizar el sistema de prestación de servicios públicos de calidad” e “incidir en la conveniencia de que todos los ciudadanos (...) cumplan con sus deberes para poder preservar el estado de bienestar hoy por hoy de fuertes restricciones presupuestarias”. Esa campaña costó 400.000 euros y fue semejante la otra licitada poco después, para la que el Gobierno reservó 800.000 euros.
También figura en esta relación de campañas la acción propagandística Galicia competitiva: la innovación, el emprendimiento y la internacionalización como ejes clave para el crecimiento económico y del empleo de Galicia. Estos anuncios, que sembraron la polémica en plena campaña electoral y con los que la Xunta pretendía inyectar “optimismo” ante la crisis económica e “incrementar la confianza de los gallegos en el futuro, haciéndoles sentirse un factor activo y decisivo en la recuperación económica”, tuvieron un impacto de casi un millón de euros en el erario. Un poco más es lo que costó la campaña Medicamentos genéricos, cuya retirada fue exigida por la oposición y que, según la Xunta, hace falta que sea enmarcada en un “plan de austeridad aplicado a la mejora de la prescripción y uso racional del medicamento”. Estos anuncios superaron el gasto de 1,2 millones de euros.
Las otras aportaciones a los medios
Modernización de la sanidad pública en Galicia, Incendios forestales o Galicia Calidade como concepto global para el impulso de la economía e industria de Galicia son otras de las campañas admitidas por la Xunta en un contexto en el que, no obstante, las inserciones publicitarias o propagandísticas no son, ni de lejos, la principal vía para inyectar fondos en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, en el informe del Consello de Contas del año 2010 al que tuvo acceso Praza Pública -y que aún no ha sido tramitado en el Parlamento- se refleja que, en tan sólo un año, el Gobierno les aportó a las empresas editoras de periódicos, radios y televisiones más de 15 millones de euros de los que sólo el 11% fueron asignados “mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva”.
Con este telón de fondo, en la misma respuesta parlamentaria el Ejecutivo asegura que “todas las campañas eran necesarias” y “se ajustaron a lo establecido” a la ley estatal de publicidad institucional, “teniendo como objetivo común estar al servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos y de los colectivos en los que se integran”. A falta de una legislación propia, la Xunta asegura que “el criterio que se utiliza para decidir la realización de gastos de propaganda es que la campaña institucional dé respuesta a una necesidad y la un objetivo de utilidad pública, garantizando que estas acciones (...) supongan un servicio para sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos”.
Junto a esta justificación, la Secretaría General de Medios asegura que, en momentos de crisis, “optimiza al máximo el uso de los recursos públicos, pero sin desatender los deberes de la Administración de informar a los ciudadanos dando respuesta a sus necesidades, derechos e intereses”. Junto a todo esto, el Gobierno del PP añade que “el gasto de la Xunta en campañas publicitarias en la pasada legislatura se recortó en un 50% con respecto a lo invertido en el período 2005-2009”.