Unas 57.000 personas son beneficiarias de prestaciones en Galicia al amparo de la ley de dependencia. De ellas, alrededor de 8.000 reciben cuidados en centros residenciales. Mientras, unas 10.000 tienen el derecho reconocido y esperan por la llegada de la prestación, lo que en muchas ocasiones equivale a esperar por la llamada para el ingreso en una residencia de mayores. Este es el contexto en el que la Consellería de Política Social de la Xunta acaba de anunciar el lanzamiento de lo que denomina el Bono Autonomía, un plan dotado con algo más de 6 millones de euros que supondrá redoblar la apuesta de la Xunta por las residencias privadas de mayores, dominadoras en este ámbito de atención a población anciana en Galicia con casi el 70% de las plazas disponibles, según datos del IMSERSO.
En lo que todo apunta que es el tramo final de su período al frente del área social de la Xunta -el PP prevé nombrar a los candidatos a las alcaldías urbanas y excepto sorpresa mayúscula, repetirá en Ferrol-, el conselleiro José Manuel Rey Varela lanza el “bono” con el que, admite, el Gobierno gallego pretende sanear la lista de espera de la dependencia. Así, las personas que esperan por una plaza residencial recibirán en breve una carta de la Consellería ofreciéndoles una “ayuda directa” de un importe medio de unos 490 euros mensuales y hasta un máximo de 715 en función de la renta como aportación para “sufragar el coste de su estancia en un centro privado mientras esperan, si así lo desean, por su incorporación a una plaza de un centro público”, indica la Xunta. La previsión oficial es que la medida llegue a unas mil personas.
Incluso en el escenario más elevado -715 euros-, el importe del bono apenas cubre el coste medio de una plaza privado, situado en el caso gallego en un importe medio mensual de unos 1.520 euros, según los cálculos más recientes del IMSERSO. Ese mismo informe del ente estatal dedicado a la atención a las personas mayores dejaba claro que la apuesta de la Xunta por el sector privado en la atención residencial a los mayores es más caro para las arcas públicas que priorizar las residencias públicas. Concretamente, alrededor de un 8% más por plaza.
Según lo anunciado por Rey Varela, este nuevo Bono Autonomía se pondrá en marcha junto a un incremento de la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar, que el Gobierno gallego contribuye a financiar pero que es aplicado por los ayuntamientos. Con estas dos medidas, dice, la Xunta mantiene el objetivo de llegar a las 60.000 personas atendidas al amparo de la ley de la dependencia.
Estos anuncios de Política Social han llegado pocas semanas después de que el Consello de Contas haya evidenciado los efectos de los recortes en las residencias de mayores y también que, a pesar de estas restricciones, de la cobertura de personal en ellas es mayor cuando el servicio es gestionado directamente por la Xunta.
Como informó Praza.gal, el organismo fiscalizador de las cuentas del Gobierno gallego ha certificado que la Xunta ahorró en personal de las residencias no cubriendo ausencias por bajas y vacaciones y ha dejado claro también que en las plazas concertadas -financiadas por la Xunta en residencias privadas- la ratio de personal es menor que en las públicas, una “diferencia” que “puede repercutir en la calidad del servicio”, subrayaba Contas.