La Xunta retira el permiso que le concedió a una mina para verter en la ría de Noia

En febrero de este año la Xunta de Galicia dio a la empresa Tungsten San Finx la autorización para vaciar casi 900.000 metros cúbicos de aguas residuales acumuladas en las balsas, ubicadas sobre la ría de Noia. La decisión fue contestada con protestas de mariscadores, ecologistas, vecinos y alcaldes de la zona. También con denuncias ante la justicia -un proceso abierto contra los vertidos en Noia y otro en Santiago contra los cargos públicos responsables del permiso-. En verano los análisis del propio Gobierno gallego detectaron niveles muy superiores a los permitidos de varios metales pesados, por lo que Augas de Galicia le abrió un expediente. La empresa -en estos meses hubo un cambio en la propiedad y ahora la explotación corresponde a Metais Estratéxicos, una firma de nueva creación- no tomó las medidas que se le reclamaban y, según publica el diario La Voz de Galicia, la Xunta ha iniciado el trámite para revocar la autorización.

Los análisis hechos en agosto por Augas de Galicia detectaron que los niveles de cadmio eran 78 veces superiores a los topes máximos previstos en la normativa. Entonces, la Xunta dio a la empresa un mes para que corrigiese la situación. Le pedía fundamentalmente la construcción de una planta depuradora para tratar las aguas antes de que lleguen al rió Pesqueiras. No ha ocurrido, según la inspección posterior, de modo que, al no cumplirse las condiciones de la autorización, se ha arrancado el proceso para retirar el permiso. Hay un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Con los resultados de los análisis del verano, Augas de Galicia defendió su trabajo en el caso de la mina de San Finx. Entonces aseguró que, al confirmarse la contaminación por metales pesados, quedaba acreditado que estaba “actuando con total transparencia y cumpliendo estrictamente la normativa”.

Las cofradías y organizaciones ecologistas remitieron en los últimos días al juzgado de Noia un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que se recoge que los vertidos tienen un “grave impacto” en el ecosistema fluvial. El estudio confirma que las concentraciones de metales pesados aumentan después del punto de vertido y provocan toxicidad para los seres vivos. No es el único problema en la ría, que ha tenido que cerrar apresuradamente la campaña de almeja y berberecho porque la mayor parte de los moluscos habían muerto a principios de año por la bajada de la salinidad de las aguas, derivada de las lluvias abundantes y las descargas de una presa de producción eléctrica de Naturgy río arriba. Con las abundantes precipitaciones de las últimas semanas, han muerto más ejemplares y la cofradía ha presentado un ERTE para 64 de sus 90 trabajadores.