La Xunta se vuelca con Ence pese al rechazo social de la fábrica de Pontevedra y las dudas legales sobre su permanencia en la ría

El PP gallego lo ha expresado de diferentes formas en los espacios públicos en los últimos 13 años, pero su apoyo a Ence para que mantenga su fábrica en Pontevedra se ha mantenido firme. Aunque el programa con el que Alberto Núñez Feijóo llegó al Gobierno gallego en 2009 incluía un traslado de la polémica pastera desde su ubicación en la ría a otro lugar dentro de la misma comarca, esa operación nunca llegó a sentar unas bases. La contestación social a la factoría no se acalló y se vio reforzada con la sentencia de julio de 2021 de la Audiencia Nacional que echó abajo la prórroga que el Gobierno central, dirigido por Mariano Rajoy en funciones, le había dado para continuar en el mismo emplazamiento hasta 2073. La decisión está recurrida, pero de mantenerse, acortaría el horizonte de la celulosa en Lourizán a solo una década más. Ahora, tras el anuncio de la compañía de que tiene un proyecto para instalar una fábrica de biomateriales y papel tisú en As Pontes (A Coruña), la Xunta ha renovado su respaldo a Ence.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, participó el pasado lunes en una reunión con el consejo de administración de Ence, al término de la cual el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, anunció sus intenciones y recibió el aplauso del Gobierno gallego. Este jueves insistió en que la empresa puede contar con que la Xunta le dará “todas las facilidades” para sus planes. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, una reunión de poco más de dos horas que los miembros del Gobierno mantienen cada semana y a la que en esta ocasión faltó el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde. El motivo es que a esa hora estaba en Pontevedra en una rueda de prensa con el director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal. Rueda justificó esta situación excepcional con la relevancia de los proyectos: “Es perfectamente compatible que dedique a eso parte de su mañana”. El Consello estaba convocado a las 9.45 horas en Santiago y el acto con Ence, a las 10.30 en Pontevedra.

El jefe del Gobierno gallego consideró que la postura de la Xunta con respecto a la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra “está clara desde hace tiempo”, a pesar de aquella promesa incumplida de 2009. El año pasado, ante los problemas con la justicia de la fábrica, Feijóo, como presidente gallego, volvió a deslizar la posibilidad de un traslado, para el que pedía fondos europeos. El propio Rueda rechazaba de plano esa posibilidad unas semanas después. “La ubicación tiene que ser la actual”, dijo en agosto. Este jueves ha insistido en que Galicia “no se puede permitir” perder industrias que generan empleos. “Nuestra postura va por ahí”, manifestó, pero el problema de la celulosa que está en la ría es que está en cuestión que pueda seguir allí. Eso, que abandone un emplazamiento sensible en el que informes internos han detectado contaminación, es “lo que buscan algunas administraciones”, dijo como crítica al Gobierno central.

Así, la Xunta vuelve a cerrar filas con unas instalaciones con amplia contestación social y también política. El Ayuntamiento de Pontevedra declaró, con los votos del entonces grupo de gobierno (BNG), persona non grata a Mariano Rajoy, que la considera su ciudad. El motivo fue precisamente la prórroga que concedió en 2016 para estirar la incómoda presencia en la ría. La empresa, por su lado, ha dejado claro que la única opción que valora es la de permanecer donde está. En marzo del año pasado, antes de conocer la decisión de la Audiencia Nacional, la empresa avisaba que solo invertiría en la mejora de la calidad ambiental de sus instalaciones en Pontevedra si tenía garantizado seguir allí hasta 2073. Unos días antes, su consejero delegado decía unos días antes que había riesgos en la fábrica: “En Pontevedra podemos tener un susto medioambiental mayúsculo, que puede afectar a las personas”.

Aquellas palabras generaron una profunda polémica que Ence intentó sortear en numerosas ocasiones argumentando que las declaraciones de su máximo directivo habían sido extraídas de un vídeo interno y que carecían de contexto para su correcta interpretación. La Fiscalía Provincial, sin embargo, decidió abrir una investigación en 2021 para estudiar la seguridad de la fábrica cuestionada por aquellas palabras. Las pesquisas acabaron quedando en nada.