“No acepto a trabajadores de la hostelería”: el nuevo veto en los alquileres ante la subida de los precios en Menorca

A la precarización de la vida, los bajos salarios y las malas condiciones laborales ya habituales en el ramo hostelero, se le suma un ingrediente novedoso, desconocido hasta la fecha en Balears: los caseros que no alquilan sus casas a los trabajadores del turismo en una comunidad que vive precisamente de este sector. “Encontré un anuncio por Idealista después de que me rechazaran un alquiler en Maó (Menorca) de 1.000 euros al mes, aunque tengo dos nóminas. El dueño me dijo que había tenido malas experiencias con trabajadores temporeros y que no quería repetir. Yo entiendo que el mercado es libre y cada uno puede hacer lo que quiere, pero estoy en dos trabajos y ni así consigo casa”, cuenta Martín L. a elDiario.es. El hombre denuncia que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para alquilar un piso en Ciutadella, el casero le puso una condición excluyente: no ser trabajador hostelero.

Los casos como el de Martín se multiplican en Menorca. Pere P. es menorquín 'de tota sa vida' –de toda la vida–, como se dice en la isla. Tiene 35 años y un hijo de 4. Trabaja desde los 16 años. Fue obrero de la construcción, cocinero, jardinero e incluso emigró a Latinoamérica para buscar trabajo durante los años más duros de la crisis que comenzó en 2008. Tras su regreso a Menorca pasó de ser peón en una acaudalada finca propiedad de una familia británica a ocuparse como pagès –campesino– en el tercer sector. Semanas atrás, se quedó sin poder acceder a una casa de dos habitaciones que comprometía más del 50% de su salario y los avales de varios familiares cercanos por tener un hijo. “Me dijeron que el niño era muy pequeño y que el alquiler y la manutención implicaban mucho dinero para mi salario. En otra inmobiliaria, poco después, me dijeron que preferían alquilar a médicos o funcionarios, que yo no daba el perfil”, relata en diálogo con elDiario.es.

Altas cifras de ocupación turística

La situación de los trabajadores choca con las altas cifras de negocio de los empresarios turísticos. Según señala la Encuesta de Población Activa impulsada por el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado Menorca vivió una de sus temporadas económicamente más prósperas y con mayor tasa de ocupación en muchos años. De acuerdo a estos datos, durante la parte más álgida de la temporada de verano –entre julio y septiembre–, más de 40.000 personas fueron registradas en la Seguridad Social. Aunque la encuesta no detalla el ramo en que se registraron, resulta evidente que el crecimiento del empleo se dio en actividades directa o indirectamente relacionadas con el turismo. El dato resulta ilustrativo: en una isla que tiene algo menos de 100.000 habitantes, casi la mitad viven del sector servicios.

El Gobierno central anunció recientemente una subida del Salario Mínimo Interprofesional, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes 14 de febrero y que tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023. Sin contar este aumento podemos considerar que, hasta el año pasado, quienes buscaban acceder a un alquiler más o menos digno en Menorca contaban con un salario promedio de 1.180 euros brutos mensuales –según indica el convenio colectivo publicado en el BOE de 2022–. Basta un paseo por las principales agencias inmobiliarias o una visita a las páginas webs donde se ofrecen alquileres en la isla para darse cuenta que acceder a un techo en Menorca con un salario de esas características es misión imposible.

Por otro lado, Menorca cerró su temporada de verano 2022 con un 92,4% de ocupación turística, esto es más de tres millones de personas entre enero y agosto. Sin embargo, esta inyección de liquidez, que trajo aparejada una bajada histórica del paro en la isla (la cifra más baja desde 2006 según indica el Servicio de Empleo de Balears), no se reflejó en una mejora salarial que permitiera mejores condiciones de vida a quienes se emplean en el sector hostelero. “El año pasado faltaba personal porque nadie quiere venir a la isla a ganar 1.300 euros en jornadas de 10 y 12 horas y gastar 800 en un alquiler. Si no hay una subida real de los sueldos este año pasará lo mismo”, enfatiza Martín L.

Nuevo convenio de hostelería

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, comentó hace unos días en una entrevista a elDiario.es que no esperan que este año vuelva a haber la misma carestía de trabajadores porque “el año pasado se dieron dos circunstancias”: “Por un lado, veníamos de la pandemia y había gente que había estado trabajando en otros sectores, por lo que no se incorporó en un primer momento al sector del turismo. Había incertidumbre acerca de cómo se desarrollaría la temporada. Ese es un factor clave. El sector va a pasar de un año de incertidumbre, como el pasado y que después fue extraordinario, a un año que ya apunta directamente a que va a ser un gran año. Por lo tanto, no hay sombras. En segundo lugar, la reforma laboral ha convertido en miles de puestos de trabajo temporales en indefinidos o fijos discontinuos”.

La situación de los trabajadores podría mejorar tras la implantación del nuevo convenio de hostelería de Balears, que afectará a un total de 160.000 personas. Por primera vez, el acuerdo ha sido rubricado por todas las partes afectadas –Govern, patronal de hostelería y sindicatos–. Como principal medida, el convenio contempla una subida salarial del 8,5% en dos años. Otro acuerdo alcanzado es la introducción de la obligación, por parte de los establecimientos turísticos, de medir las cargas de trabajo de las camareras de piso, de acuerdo con la metodología fijada por el Instituto Balear de Seguridad Y Salud Laboral (IBASSAL), tal y como reclamaban las trabajadoras del sector.

Aumento del precio del alquiler

Lejos de cualquier horizonte esperanzador, los datos se presentan duros como la misma realidad: en los últimos 7 años el porcentaje de subida del precio de los alquileres en Balears fue del 13,3%, superando los aumentos en las comunidades autónomas donde es más caro vivir, como Catalunya, que aumentó un 12,4%, la Comunitat Valenciana, que registró un aumento del 11,7% y Madrid, donde los alquileres subieron 11,4%. Estos datos pertenecen al Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), una encuesta “experimental” impulsada por el Instituto Nacional de Estadística que busca graficar cómo evolucionaron los precios de la vivienda en alquiler como residencia habitual hasta 2020.

La esperanza de poner un tope a estas subidas mediante una ley parece todavía muy lejana. Para ello, se tendría que aprobar la Ley de Vivienda estatal, que estaba prevista para finales de 2022, pero que todavía continúa atascada en el trámite parlamentario. El Ejecutivo balear, con Francina Armengol a la cabeza, ha comentado en reiteradas ocasiones que están esperando a que se apruebe la Ley de Vivienda estatal para declarar todo el archipiélago como “zona tensionada” y, así, poner un tope a los precios del alquiler. Mientras tanto, el Ejecutivo balear está impulsando medidas complementarias, como la construcción de viviendas de protección oficial y el aval a las hipotecas.

Carla Gener es directora insular de Vivienda desde el pasado 23 de enero. A propósito de qué medidas tomará como nueva jefa de la que posiblemente sea el área más sensible de la política pública en Menorca, comenta lo siguiente: “Por un lado se está reforzando la disponibilidad de viviendas destinadas a personas en riesgo de exclusión. Aunque las viviendas del Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) dependen del Govern, hay un acuerdo general de que el precio de éstas no pueden comprometer más del 30% de un salario. Para hacer frente a la especulación del sector privado tenemos el programa de alquiler ético, que busca hacer de intermediario entre propietarios e inquilinos. De todas formas creo que esto no se soluciona solo con VPO, sino que tiene que haber una ley a nivel estatal que permita poner un tope a los precios en zonas tensionadas como Balears”.

Mientras la posibilidad de esta ley se discute y negocia, la precariedad aprieta. Una solución ante la emergencia habitacional son las autocaravanas. Durante el año pasado pudieron verse grandes aparcamientos cercanos a la costa de Menorca repletos de caravanas y furgonetas modificadas para convertirlas en vivienda –una realidad que ya se ha trasladado a la capital de Balears, Palma–. Por otro lado, durante los últimos días se han conocido varios casos de okupación de viviendas en las inmediaciones del Puerto de Maó. Se trata de medio centenar de pisos pertenecientes a la SAREB que permanecen vacíos desde hace casi una década sin que tengan uso alguno, ya que no cuentan con licencia turística.