Eliminar 50 barracones o contratar a 500 profesores: lo que podría hacer el PP con el dinero que destinará contra el catalán en Balears

La amenaza de Vox de tumbar los presupuestos del Govern del PP en Balears si los conservadores no introducían una partida en las cuentas, dedicada a lo que la extrema derecha llama la “libre elección de la lengua”, ha surtido su efecto. Después de tres días de duras negociaciones entre conservadores y ultraderechistas, ambas formaciones han anunciado un acuerdo que implica destinar 20 millones de euros para que las direcciones de los centros educativos puedan escoger entre el catalán o el castellano en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria.

Es un acuerdo ampliamente criticado por la mayor parte de la comunidad educativa y la oposición, que afirma que dicha medida implica “segregación lingüística”. El Ejecutivo balear ha decidido sacar adelante la medida, pese a que la presidenta, Marga Prohens, se comprometió a que en esta legislatura no predominaría la “confrontación lingüística”, como ocurrió con José Ramón Bauzá, presidente del Govern del PP durante la etapa 2011-2015, anterior a las dos legislaturas de Francina Armengol (2015-2023) al frente del Consolat de Mar, sede del Govern balear.

En un primer momento, el PP se abstuvo en la enmienda presentada por Vox la semana pasada, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, en la que la extrema derecha ya solicitaba esta medida y que cifraba en 20 millones de euros. Es una de las propuestas estrella del ideario de Vox: el partido de Santiago Abascal está obsesionado con la idea de modificar el modelo educativo para que la lengua catalana ya no sea mayoritaria en la enseñanza. La extrema derecha considera que la inmersión lingüística está vinculada a la promoción de ideas cercanas al independentismo.

“No podemos permitir que se destine ni un euro a la segregación lingüística. Los presupuestos de Educación son para solucionar los problemas reales”, afirmó el sindicato educativo STEI, la semana pasada, durante la Comisión de Educación en el Parlament. En dicha sesión, la rama educativa del STEI lamentaba que si el PP aprobaba la medida de Vox se destinarían 20 millones de euros a la “libre elección de lengua” en los primeros cuatro meses del curso escolar 2024-2025. Es decir, la cifra ascendería a los 60 millones de euros para todo el curso. Si la medida se incluyera en los presupuestos autonómicos de los cuatro años de legislatura, la cifra ascendería a los 240 millones de euros.

Destinar el dinero a las “necesidades reales”

El sindicato educativo balear ha lamentado que estos 60 millones de euros (los primeros presupuestos solo incluyen los 20 millones de la partida de septiembre a diciembre de 2024, pero se tendría que ampliar el año que viene si el Ejecutivo conservador quiere continuar con el nuevo modelo de cara a los siguientes cursos) se podrían invertir en mejorar la calidad de la educación pública. Así, el STEI ha indicado que estos 60 millones de euros se podrían dedicar a la contratación de 1.500 profesores más, un hecho que permitiría “una rebaja considerable de las ratios y una mejora de la atención a la diversidad del alumnado”.

En este sentido, el sindicato educativo ha asegurado que con esta partida de 60 millones de euros se podrían construir nueve institutos, si se toma como modelo el presupuesto del IES Santa Maria (Mallorca). Asimismo, se podrían construir nueve colegios de dos líneas, como el de Sant Ferran de ses Roques (Formentera) o 21 instalaciones para impartir ciclos formativos, tomando como modelo el presupuesto de la actuación que se hizo en el IES Isidor Macabich (Eivissa). Además, con esta inversión se podría solucionar el plan de climatización de los centros educativos previsto para hacer frente a la emergencia climática; se reduciría a dos años el Plan de Infraestructuras que tiene una ejecución de cuatro años y se podrían eliminar los más de 150 barracones [aulas prefabricadas] que hay para este curso 2023-2024.

Con la inversión de PP y Vox contra el catalán se podría solucionar el plan de climatización de los centros educativos previsto para hacer frente a la emergencia climática y se podría eliminar los más de 150 barracones que hay para este curso 2023-2024

“STEI Intersindical rechaza frontalmente que el Govern de Margalida Prohens y la Conselleria de Educación y Universidades hayan cedido al chantaje de Vox y permitan la implantación de una medida antipedagógica que no es una demanda real de la comunidad educativa de las Illes Balears y que rompe la cohesión social”, ha manifestado el sindicato y ha añadido que es una partida que se destinará “a satisfacer las obsesiones de un partido minoritario que lo único que pretende es la sustitución lingüística del catalán en las Illes Balears”.

Inspección educativa

El pacto entre PP y Vox llega unos días después de que los populares cedieran a otra medida que lleva el sello de la extrema derecha y que implica destinar 200.000 euros de los presupuestos autonómicos en materia de inspección para controlar las “intromisiones ideológicas” en el ámbito educativo. El Ejecutivo de Prohens, cuando aprobó la enmienda de Vox, acordó abstenerse en la otra que exigía poner 20 millones de euros sobre la mesa para empezar con el progresivo desmantelamiento del actual sistema educativo balear. Unos días después, el Govern del PP ha cedido a las pretensiones de la formación ultraderechista, que aspira a seguir marcando la agenda balear desde fuera del Ejecutivo, ya que Prohens gobierna en solitario, pero sin mayoría absoluta.

Así, el PP necesita los siete votos de Vox para decantar la balanza hacia su favor, ya sea mediante una abstención o un voto favorable. Hay que tener en cuenta que las elecciones autonómicas de mayo de 2023 dejaron un escenario en que la derecha suma un escaño más que toda la izquierda junta. Sin embargo, las cuentas se le han complicado al PP desde que estallara la crisis de gobernabilidad en Formentera, donde gobierna una coalición de derechas (PP y Compromís -la derecha local-).

El presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, es un independiente, que no forma parte de ninguno de los dos partidos que conforman la coalición de Sa Unió. Córdoba, que también es diputado en el Parlament, anunció hace unas semanas que su “apoyo incondicional” a Prohens se había terminado. Por tanto, si Córdoba votara junto a la izquierda contra los presupuestos del Govern, el PP necesitaría los votos favorables de Vox. No sería suficiente con una abstención. Y Vox ya ha anunciado que, en ese caso, el precio de la aprobación de los presupuestos aumentará.

La comunidad educativa, en contra

La posición del STEI es compartida con más de treinta entidades educativas, sindicatos, asociaciones de familias y de directores, que mostraron su rechazo a los planes del Govern. Hay otras asociaciones, en cambio, como Plis. Educación, por favor y Societat Civil Balear –ambas pertenecientes a la plataforma Escuela de Todos–, que abogan por un modelo distinto, favorable a las ideas de PP y Vox. No obstante, el documento que presentaron a ambas formaciones –y en el cual se inspira el acuerdo entre conservadores y ultraderechistas– es más ambicioso.

En el texto acordado entre PP y Vox, se asegura que los cambios se introducirán “de acuerdo a la normativa vigente” –la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Educación y el Decreto de Mínimos, que implica que al menos el 50% de las asignaturas deben ser en catalán– y “en los centros que sea posible”, y que el nuevo modelo se extenderá durante toda la legislatura al resto de los centros, “siempre respetando la autonomía” de cada uno y “sin comportar segregación por razón de lengua”.

La comunidad educativa, precisamente, critica que sean, en última instancia, las direcciones de los centros educativos quienes decidan si implementan el nuevo modelo que propone el Govern o mantienen el actual. “Toda la presión mediática que se pueda recibir, incluso por las familias, será para los docentes. Y esto será un problema. Es una irresponsabilidad del Govern cargar esta responsabilidad a los centros educativos”, valoró a elDiario.es Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias de Mallorca (FAPA). “La comunidad educativa ha mostrado su preocupación unánime porque se traslada el conflicto a las direcciones de los centros”, coincidió Joan Miralles, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB).