Un avión procedente de Francia aterrizó ayer de emergencia en el aeropuerto de Palma a raíz de la supuesta urgencia médica sufrida por un pasajero al que le había sido denegada la entrada en el país galo y estaba siendo devuelvo a su país de origen, Argelia.
Como consecuencia de los hechos, las instalaciones aeroportuarias tuvieron que activar el protocolo de seguridad.
Tal como ha informado la Policía Nacional, el viajero que mostró signos de indisposición habría querido entrar en Francia y las autoridades le habrían denegado la entrada, por lo que lo embarcaron en un vuelo de vuelta a Argelia.
Durante el vuelo de regreso, el hombre aparentemente sufrió una emergencia médica, lo que obligó a la tripulación a aterrizar de urgencia en el aeropuerto de Son Sant Joan.
Fue en ese instante cuando se activó el dispositivo de seguridad. A pie de pista acudieron de inmediato, entre otros, varias patrullas de la Policía Nacional y Guardia Civil con el objetivo de controlar en todo momento al pasaje del avión. Una vez en tierra el aeroplano, la persona indispuesta no precisó ser evacuada a ningún centro hospitalario. La nave repostó combustible para, acto seguido, continuar su trayecto hacia Argelia.
Se da la circunstancia de que el pasado 5 de noviembre se produjo otro aterrizaje forzoso por una presunta emergencia médica durante el cual hasta 25 viajeros saltaron de un avión que cubría la ruta Casablanca-Estambul y, a la carrera por las pistas, se dieron a la fuga.
El pasado mes de abril, la jueza que investiga los hechos decretó el procesamiento de 23 de los viajeros al considerar “impensable” que los encausados “no fueran conscientes de las graves consecuencias que para el orden público podía acarrear su comportamiento” y que supuso -aseveraba- “una infracción de unas leyes que pretenden proteger el interés del Estado en el control de los flujos migratorios, lo que no deja de ser un interés colectivo estatal”.
En concreto, la magistrada imputa a 21 de los pasajeros presuntos delitos de sedición –y coacciones en el caso de dos de ellos– y a otros dos, favorecimiento de la inmigración ilegal.
Hasta el momento, los investigados han amparado su actuación en el estado de necesidad putativo, una figura jurídica eximente poco frecuente en los tribunales españoles que radica en reconocer que la conducta de los investigados estaría justificada si se llevó a cabo para evadirse de una situación peor –en este caso, las pésimas circunstancias en las que se hallarían en Marruecos–, siempre que se demuestre que su necesidad es real y objetiva y que, antes de cometer el delito, intentaron actuar por medios lícitos para poner fin a su situación.
El suceso provocó entonces el cierre del aeropuerto –una de las instalaciones que mayor tráfico aéreo soportan a nivel europeo– y la paralización de su actividad durante cerca de cuatro horas. Hasta 12 vuelos con destino Ibiza y Menorca fueron desviados; once vuelos de salida y once de llegada, cancelados y todos los que tenían como salida o destino el aeropuerto de Palma, retrasados.