Uno de los policías que investigó al magnate Cursach llora en pleno juicio: “En cien vidas haría lo mismo”

“Se podría haber hecho mejor, seguramente sí. Yo no lo supe hacer mejor, no lo supimos hacer mejor. Pero lo único que les digo aquí es que, con lo que tenía, en cien vidas haría lo mismo a pesar de los 111 años [de prisión] que se me piden”. Visiblemente emocionado, uno de los policías que investigaron en su día al magnate Bartolomé Cursach, y que en la actualidad se sienta en el banquillo de los acusados a raíz de las presuntas irregularidades que habrían cometido al frente de la causa, ha defendido entre lágrimas la labor que llevaron a cabo él y los otros investigadores.

El subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Blanco, está siendo juzgado junto al exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y otros tres policías, todos ellos acusados de presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presuntamente presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial y revelación de secretos al filtrar información a la prensa mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. La Fiscalía Anticorrupción reclama 118 años de cárcel para Penalva y 121 para Subirán.

En concreto, los hechos por los que se sientan en el banquillo se enmarcan, principalmente, en las actuaciones que desplegaron para supuestamente “intimidar” a los detenidos en uno de los flecos del caso Cursach: el relacionado con la supuesta alteración de un concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Una pieza en la que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

“Indicios bastante poderosos”

Al respecto, el subinspector Blanco ha aseverado que disponían de “indicios bastante poderosos” que motivaron la investigación contra el expolítico 'popular' Álvaro Gijón -“no eran meras conjeturas ni sospechas”- y ha lamentado que las pesquisas del conocido como caso ORA se perciba como “una investigación parapolicial, al margen todo control”. El procesado ha recordado que la investigación se inició a raíz de las declaraciones en sede judicial y policial de un testigo protegido, quien afirmó que el empresario Antoni Roig -que ejerce una de las acusaciones particulares en este juicio- había pagado más de un millón de euros a Álvaro Gijón y al expresidente del PP de Palma José María Rodríguez para asegurarse el concurso de la ORA.

“Contó que había habido un amaño en un concurso específico y dio datos con nombres y apellidos del sobornador y sobornado”. “Hay que estar muy loco o ser un inconsciente para decir esto” si no fuese cierto, ha apostillado Blanco. Durante su declaración, el subinspector ha lamentado que se haya hablado de su “ineptitud” para llevar a cabo estas investigaciones.

“Tengo estudios universitarios, pero esto no lo aprendí en la universidad. El mejor manual de derecho administrativo se aprende en las trincheras, viendo contratos menores y negociados sin publicidad durante años, estando en una nave industrial a las tres de la mañana mirando papeles con un fiscal llamado Miguel Ángel Subirán a un lado y al otro Pedro Horrach [abogado de Blanco y exfiscal anticorrupción]. ”Así se aprende esto. En la Ley de Contratos no lo pone y no es fácil verlo, pero esto es un amaño de un expediente vestido bajo la apariencia de un expediente administrativo pulcro, lógicamente“, ha remarcado.

“Ignorancia deliberada”

Y ha proseguido manifestando que en Balears “hubo una época en la que los negociados sin publicidad no guardaban ni siquiera esa pulcritud”. “Era escandaloso. Normalmente se guarda la apariencia. En palabras de Subirán, hay que bucear en el expediente”, ha dicho. El acusado ha señalado, asimismo, que en un informe expuso que, en el caso del concurso de la ORA, “habían saltado por los aires los requisitos de la contratación: la libre concurrencia, la publicidad, la igualdad y la no discriminación”, aseverando, además, que “la mejor manera de amañar un concurso pasa por que los funcionarios entreguen los pliegos al empresario para que éste pueda amoldar la oferta o que ambos se pongan de acuerdo para redactar los pliegos”. “Y esto es presuntamente lo que ha pasado aquí”, ha añadido.

En esta línea, se ha referido a la “ignorancia deliberada” de cuatro de los sospechosos que fueron detenidos a raíz del supuesto amaño, un concepto que, según ha asegurado, aprendió durante el juicio del caso del “Cola Cao”, en referencia a la causa por la que el que fuese conseller de Industria, Comercio y Energía durante el último mandato de Jaume Matas (PP), Josep Juan Cardona, fue condenado a una de las mayores penas de cárcel -16 años- impuestas a un político en España.

En el marco de aquellas pesquisas, fue desenterrada una lata de Cola-Cao con 250.000 euros en comisiones en el jardín de la exgerente de uno de los entes dependientes de la Conselleria, Antònia Ordinas. Ordinas llegó a confesar que esta empresa pública pública era “la abuela del Govern”, puesto que “todo el mundo pedía y recibía” y “las abuelas siempre son las que regalan cocas y caramelos”.

En el juicio por aquel caso, Blanco ha recordado que su abogado y entonces fiscal anticorrupción se apoyó en ese concepto, el de la ignorancia deliberada: “Significa que el delito pasa por aquí, pero el que está aquí teniendo obligación de denunciarlo mira para allá. Y eso es lo que presuntamente, y con base racional, hicieron esas cuatro personas, porque estuvieron en todas las mesas de contratación. Dijeron que algo vieron”.