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El Tribunal Supremo ha confirmado condenas de hasta seis años y medio de cárcel para los 12 miembros de un clan familiar que entre 2013 y 2014 ocupó de forma ilegal varios pisos vacíos propiedad de bancos en Palma para alquilárselos irregularmente a personas en situación desfavorecida. Los jueces confirman también que amenazaban a los inquilinos cuando llegaba la orden de desahucio y se daban cuenta de que todo era ilegal: “Te vamos a dar una paliza si vas a la Policía a denunciar”.
Solo entre 2013 y 2014, según los tribunales, consiguieron ocupar ilegalmente hasta 14 pisos en Son Gotleu, Cala Major, el Arenal, Polígono de Levante y la Soledad. Los anuncios de alquiler no aparecían en internet, sino hechos a mano en farolas o escaparates porque todo era ilegal: el grupo entraba en los pisos de una patada, los acondicionaba, empalmaba el agua y la electricidad a los pisos vecinos, cambiaba la cerradura y los ofertaba como si fueran ellos los propietarios.
Su objetivo eran personas en situación desfavorecida. Con pocos recursos económicos, muchas veces con niños pequeños y migrantes sin empleo que pocas veces les pedían un contrato de alquiler para verificar que todo aquello era legal. Cuando lo hacían, la banda elaboraba contratos falsos y recaudaban el dinero de forma mensual.
Las amenazas, según declara probado la Justicia, llegaba cuando los inquilinos se daban cuenta de que el grupo criminal no era el auténtico dueño de los pisos. La mayor parte de las veces eso sucedía cuando la Policía se presentaba en la casa informando de que existía una orden de desahucio contra los moradores, o cuando el fraude en los suministros también llegaba a oídos de la Justicia. “No sabes con quién te has metido, si no pagas te echamos del piso, te vamos a dar una paliza si vas a la Policía a denunciar”, decían los condenados cuando los inquilinos empezaban a mostrar sus reticencias.
Las amenazas se perpetraban, muchas veces, delante de los niños de las familias. En otras ocasiones directamente esperaban a que el afectado saliera de la casa para entrar y tapiar la puerta, dejando sus pertenencias dentro sin que las pudieran recuperar. La situación llegó a tal punto que tres de estas personas tuvieron que comparecer como testigos protegidos a lo largo del proceso judicial. Contra dos de ellos, tras el juicio, se dedujo testimonio contra ellos acusados de mentir.
El Tribunal Supremo ha confirmado en lo esencial las condenas que la Audiencia de Palma impuso a 12 integrantes de este clan familiar: desde las multas impuestas a casi todos ellos por usurpación y defraudación de fluido eléctrico hasta las condenas de cárcel por organización criminal, coacciones y tenencia ilícita de armas. Durante los registros, los investigadores encontraron varias catanas y una pistola sin licencia.
Las condenas más altas, de seis años y medio, son para el cabecilla del grupo y su mano derecha en la organización criminal. Uno de ellos, dice el Supremo, era “el líder, cerebro y persona más activa en el alquiler de las viviendas, amedrentaba a los inquilinos”. El otro, sancionado con la misma condena de prisión, era el encargado de pegar la patada en la puerta para entrar, cambiar la cerradura y después cobrar mensualmente el alquiler.
Los jueces de la Sala de lo Penal solo aceptan rebajar la condena de tres de los acusados al reducir la condena por grupo criminal y retirarles el delito de usurpación. También confirman que varios integrantes de la banda deben indemnizar con 22.000 euros a la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (EMAYA) por todo el agua que se usó de forma ilegal y sin pagar en los pisos ocupados.
Mafias de ocupas frente a gente movida por la “precariedad”
Las condenas firmes son para 12 de los 18 integrantes del grupo que se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial. Una primera sentencia que ya declaró probado que el clan buscaba “moradores que se encontraban entre personas abocadas a la marginalidad, habitualmente inmigrantes sin recursos y con menores a su cargo” para aprovechar que “se hallaban en una situación absolutamente debilitada frente a un grupo de personas que disponía de capacidad para causar daño”.
A lo largo del juicio, los policías explicaron cómo arrancó la investigación: el “descontento vecinal” por la ocupación ilegal de viviendas. También explicaron que muchos de los integrantes del grupo alardeaban en sus redes sociales de un alto nivel de vida, vehículos de alta gama e incluso armas a pesar de que no tenían trabajos conocidos.
En su sentencia, el Tribunal Supremo alerta de la “repercusión social” de la ocupación y llama a diferenciar legalmente entre dos tipos de ocupaciones: “Aquellas que, motivadas por la precariedad, pudieran obedecer a la necesidad de obtener soluciones habitacionales”, explican los jueces, frente a “otras realidades cuya gravedad desborda” a las ocupaciones por necesidad.
El caso de este clan familiar de Balears es uno de esos, según el Supremo. “Proliferan dentro del fenómeno de la ocupación comportamientos que se desarrollan en el ámbito de la criminalidad organizada. El que ahora nos ocupa es un claro exponente de ello”.