Más de 100 actores, músicos y escritores firman un manifiesto contra los ataques de Israel a las ONG

Israel declaró el pasado mes de octubre a seis ONG palestinas de derechos humanos como organizaciones terroristas. Las ONG llevan décadas trabajando sobre el terreno junto a agencias de la ONU y la decisión ha provocado una gran reacción internacional de condena. Este miércoles 111 rostros conocidos del mundo de la cultura, entre ellos directores de cine, actores, escritores y músicos de diferentes países han publicado un manifiesto exigiendo a Israel “que revoque inmediatamente las designaciones de terrorismo”.

Entre los firmantes están los directores Ken Loach y Alfonso Cuarón; actores como Liam Cunningham, Susan Sarandon y Richard Gere; y escritores como Irvine Welsh y Naomi Klein. Entre los músicos también se encuentran nombres destacados, entre ellos Roger Waters (Pink Floyd) y René Pérez (Residente). Varios españoles firman el documento: Icíar Bollaín, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Carlos Bardem, Julio Pérez del Campo y Mercè Sampietro.

“La designación por parte de Israel de estas seis organizaciones palestinas como grupos terroristas y la orden militar que las prohíbe ponen en peligro inminente la seguridad de estas organizaciones y de su personal. La orden militar permite a las fuerzas de ocupación israelíes irrumpir en sus oficinas, cerrarlas por la fuerza, detener arbitrariamente a su personal para que sea juzgado por tribunales militares israelíes, e instituir otras represalias, como la prohibición de viajar y la revocación de la residencia, contra sus miembros”, señala el manifiesto.

Las seis organizaciones palestinas afectadas son Addameer (asistencia legal a presos palestinos), Al-Haq (una de las organizaciones más antiguas del mundo árabe dedicada a documentar violaciones del Estado de derecho), Defense for Children International–Palestine, Bisan Center for Research and Development (apoyo a comunidades pobres), Union of Agricultural Work Committees y Union of Palestinian Women's Committees.

“Las organizaciones afectadas son algunos de los grupos humanitarios de derechos humanos más respetados en el territorio palestino ocupado y durante décadas han trabajado de cerca con Naciones Unidas”, denunció la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet. “Pedir derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en los territorios palestinos ocupados no es terrorismo y dar asistencia legal a palestinos detenidos no es terrorismo”, añadió.

Ken Loach, uno de los firmantes del manifiesto, señala: “Amnistía Internacional y Human Rights Watch tienen razón cuando dicen que esto es un ataque de Israel al movimiento internacional de derechos humanos. ¿Cuándo se hará responsable a Israel de sus crímenes? Los líderes políticos no pueden afirmar apoyar el estado de derecho y después llegar a acuerdos con Israel cuando su opresión racista de los palestinos está a la vista de todos”.

Lejos de dar marcha atrás y ceder ante la presión, el jefe del mando central del ejército israelí extendió la semana pasada la decisión a Cisjordania –antes solo se aplicaba a Israel y las organizaciones podían seguir operando, aunque con dificultades, en el territorio ocupado–. Israel afirma que hay “mucha información variada y confiable que indica que estas organizaciones son un brazo de la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina”. Sin embargo, la coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios ocupados, Lynn Hastings, ha afirmado que no ha recibido ninguna documentación escrita para justificar la decisión.

No es la primera vez que Israel actúa contra cooperantes u ONG. En 2019 el país expulsó al director de Human Rights Watch en la zona y este miércoles, un tribunal militar ha anunciado la condena contra la cooperante española Juana Ruiz. Ruiz, encarcelada desde abril, fue declarada culpable la semana pasada por trabajar y recaudar fondos para una organización acusada de ilegal. La condena se basa en un “acuerdo de culpabilidad” alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. El acuerdo, que no implica una admisión expresa de culpabilidad sino una aceptación de los cargos, conlleva una pena de prisión de 13 meses y una multa de 50.000 shékels (14.000 euros).

“El ejército israelí ha atacado con frecuencia a los defensores de los derechos humanos en los últimos años. A medida que su ocupación se ha profundizado, su desafío al derecho internacional ha continuado y su historial de violaciones de los derechos humanos ha empeorado”, denunciaron una veintena de expertos independientes de la ONU en un comunicado publicado tras la decisión de Israel de finales de octubre.