Brasil, desorientado bajo la pandemia: protestas, desescalada precipitada y ocultación de datos

Con la llegada de la pandemia a Brasil Jair Bolsonaro tuvo que elegir y no optó por la estabilidad. El presidente ultraderechista prefiere la confusión, se desenvuelve bien en ella, y tiene las de ganar sobre el terreno embarrado. Su descoordinación con los gobernadores ha desembocado en 27 estrategias diferentes, y dado que Dios no ha demostrado ser brasileño ni el sol ha quemado el virus –opciones que, en tono jocoso, reivindicaba el ministro Mandetta en marzo–, la conclusión es un país desorientado en el peor de los momentos.

A fuerza de apoyar y alentar concentraciones de sus seguidores contra el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, el presidente ha obligado a sus detractores a echarse a la calle para responder protegiendo la Constitución, desentendiéndose unos y otros de las recomendaciones de distanciamiento social cuando el país entra en la etapa más dura de la crisis, con la curva verticalizándose sin freno. Por la presión económica y empresarial capitaneada por el propio Bolsonaro para retomar las actividades, gobernadores y alcaldes están decretando desescaladas precipitadas e improvisadas.

Pero además, los datos oficiales sufren modificaciones, desinformación y apagones constantes, teledirigidos desde el Gobierno Federal para que la percepción de la tragedia no sea tan dramática como realmente es, según critican diversos sectores de la sociedad brasileña. La polémica sobre las cifras ha aumentado este fin de semana, tras el retraso y la omisión de datos consolidados. 

“Intervención militar con Bolsonaro al frente”, piden algunas de las pancartas de las concentraciones de los más fieles seguidores de Jair Bolsonaro, contrariados por la forma en que los otros dos poderes del Estado han logrado frenar al Ejecutivo en numerosas ocasiones ya a lo largo de los 18 meses que suma la legislatura. Lemas anticonstitucionales que el presidente ha respaldado en los últimos tiempos. Ha sido un asiduo a este tipo de convocatorias. El domingo 31 de mayo las sobrevoló en helicóptero, junto al ministro de defensa, el general Fernando Azevedo, y luego las saludó a caballo. Este domingo fue el general Augusto Heleno, ministro jefe del gabinete de seguridad institucional, el que se dejó ver en el acto pro-Bolsonaro en Brasilia.

Desde el otro ángulo, en las mismas capitales –las mayores aglomeraciones surgieron en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia–, las protestas de los detractores de Jair Bolsonaro se presentaban a favor de la democracia, y contra el racismo y la violencia policial. Se desarrollaron sin mayores incidentes, a pesar de la tensión acumulada, movidas por la pretensión de que un frente común, enarbolado en torno a las premisas de las protestas, pueda articular una respuesta política al actual desgobierno.

Mientras tanto, a pesar de que los récords negativos se van acumulando en el calendario, gobernadores y alcaldes de toda la geografía brasileña –en estos últimos han derivado la responsabilidad algunos gobernadores– han publicado decretos en sus respectivos diarios oficiales para la reapertura gradual de la actividad. La desescalada de un confinamiento que nunca ha sido obligatorio, y que ha tenido como principal bandera el cierre de los centros comerciales –buena parte del comercio de barrio ha continuado abierto, clandestinamente en la mayoría de casos– y centros educativos. Las decisiones chocan de frente con la objetividad de los daños causados y los golpes que aún tendrán que venir, a tres o cuatro semanas, según los expertos, del pico de la pandemia.

La omisión de datos, investigada por la Fiscalía 

El Ministerio de Sanidad es uno de los órganos que, en Brasil, navega a la deriva en las últimas semanas. Aún sin concretarse el nuevo titular de la cartera, sigue en funciones de interino el general Eduardo Pazuello, con nula experiencia tanto en ámbito político como en campo sanitario.

Pazuello, tercer ministro en gestionar la pandemia en Brasil, ha recibido un oficio firmado por la Fiscalía: tendrá que proporcionar información detallada sobre la desaparición de los datos acumulados de decesos registrados por la COVID-19 en el país, de los datos de las muertes bajo investigación y sobre la desconexión de la web ministerial cerca de 20 horas este pasado sábado.

El proceso extrajudicial abierto por la Fiscalía remite directamente a la Ley de Acceso a la Información: “Constituyen conductas ilícitas que requieren responsabilidad del agente público o militar: negarse a ofrecer información solicitada en los términos de esta ley, atrasar deliberadamente su entrega o entregarla intencionadamente de forma incorrecta, incompleta o imprecisa”.

Desde que Bolsonaro destituyó a su primer ministro de sanidad, Luis Henrique Mandetta, no se ha sabido nunca con seguridad a qué hora iba a ser la comparecencia de prensa diaria para consolidación de los datos de los 26 estados y el Distrito Federal, ni quiénes iban a estar presentes en la comparecencia.

Médicos y epidemiólogos del Ministerio están viéndose obligados a salir a defender el uso de hidroxicloroquina -sin eficacia comprobada de momento contra la COVID-19-, del mismo modo que hace nueve meses el ministro de Ciencia y Tecnología, el teniente coronel Marcos Pontes, astronauta, se vio obligado a negar a la ciencia y a la tecnología. Pontes declaraba entonces que “compartía la extrañeza” de Bolsonaro por los datos de deforestación amazónica publicados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que los calcula en tiempo real con un avanzado sistema satelital. Tanto en la pandemia como en la selva, para Bolsonaro, revelar la verdad de las estadísticas es un desvío antipatriótico.