Bruselas alerta de los visados de oro concedidos por España y otros 19 países: “No queremos que gente rica se salte los controles”

La Comisión ha presentado este miércoles un informe sobre los programas de residencia y ciudadanía para inversores que gestionan varios Estados miembros de la UE.

El informe alerta de los riesgos que tales programas entrañan para la UE: seguridad, blanqueo de capitales, evasión fiscal y corrupción. El informe concluye que la falta de transparencia en la gestión de los programas y la falta de cooperación entre los Estados miembros agravan aún más estos riesgos.

El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: “Residir legalmente en la UE y en el espacio Schengen conlleva derechos y privilegios que no deben ser objeto de abuso. Supervisaremos el pleno cumplimiento del Derecho de la UE”.

Por su parte, Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: “Convertirse un ciudadano de un Estado miembro significa también convertirse en ciudadano de la UE con todos sus derechos, tales como la libre circulación y el acceso al mercado interior. Las personas que obtienen una nacionalidad de la UE deben tener vínculos reales con el Estado miembro de que se trate. Deseamos una mayor transparencia sobre la concesión de nacionalidad y una mayor cooperación entre los Estados miembros. No debería haber eslabones débiles en la UE que permitan a las personas buscar el programa más indulgente”.

En la UE, tres Estados miembros (Bulgaria, Chipre y Malta) aplican actualmente programas que conceden a inversores la nacionalidad de estos países en condiciones menos estrictas que los regímenes de naturalización ordinarios. En estos tres Estados miembros no existe ninguna obligación de residencia física para el individuo ni el requisito de tener otros vínculos reales con el país antes de obtener la nacionalidad:  toda persona que adquiera la nacionalidad de un Estado miembro adquiere simultáneamente la ciudadanía de la Unión.

Ernest Urtasun, eurodiputado y miembro de la Comisión TXE3 sobre elusión y fraude fiscal por parte del Grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, ha comentado:  “El texto es decepcionante. No se han atrevido a hacer un necesario ejercicio de transparencia publicando la cantidad de visados concedidos país por país, ni las cuantías de las inversiones realizadas. Recordemos que estudios recientes de Transparencia Internacional apuntaban a que España lidera el ranking de mayores visados concedidos con alrededor de 24.800 visados desde la entrada en vigor del programa”.

La decisión de un Estado miembro de conceder la ciudadanía a cambio de inversiones otorga automáticamente derechos en relación con otros Estados miembros, en particular la libre circulación y el acceso al mercado interior de la UE para el ejercicio de actividades económicas, así como el derecho de voto y elegibilidad en las elecciones europeas y locales. En la práctica, estos programas se anuncian a menudo como un medio para adquirir la ciudadanía de la Unión, con todos los derechos y privilegios asociados a ella.

El informe de la Comisión indica los siguientes motivos de preocupación en relación con la concesión de ciudadanía: 

Seguridad: Los controles realizados a los solicitantes no son lo suficientemente rigurosos y los sistemas de información centralizados de la UE, como el Sistema de Información de Schengen (SIS), no se utilizan de forma tan sistemática como deberían.

Blanqueo de capitales: es necesario mejorar los controles (“diligencia debida”) para garantizar que no se eludan las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Evasión fiscal: es necesario realizar un seguimiento y elaborar informes para cerciorarse de que las personas no se aprovechen de estos programas para acogerse a normas fiscales privilegiadas.

Transparencia e información: el informe señala la falta de información clara sobre el funcionamiento de los programas, en particular sobre el número de solicitudes recibidas, concedidas o rechazadas, y el origen de los solicitantes. Además, los Estados miembros no intercambian información sobre los solicitantes de tales programas, ni tampoco sobre los solicitantes cuya solicitud hayan denegado.

Residencia para inversores (“visados de oro”)

Los regímenes de residencia para inversores, aunque son diferentes de los programas de ciudadanía en lo que se refiere a los derechos que conceden, plantean riesgos de seguridad igualmente graves a los Estados miembros y a la UE en su conjunto. Un permiso de residencia válido otorga a un nacional de un tercer país el derecho a residir en el Estado miembro en cuestión, pero también a viajar libremente por el espacio Schengen.

Si bien el Derecho de la UE regula las condiciones de entrada para determinadas categorías de nacionales de terceros países, la concesión de permisos de residencia para inversores sigue siendo una competencia nacional.

En la actualidad, 20 Estados miembros tienen estos programas: Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y el Reino Unido.

El informe de la Comisión indica los siguientes motivos de preocupación en relación con los permisos de residencia:

Controles de seguridad: el Derecho de la UE impone determinadas obligaciones en materia de seguridad que deben cumplirse antes de expedir un visado o un permiso de residencia a inversores extranjeros. Sin embargo, no se dispone de información sobre la aplicación práctica y la discrecionalidad en cuanto a la manera en que los Estados miembros abordan las cuestiones de seguridad.

Requisito de residencia física: los permisos de residencia obtenidos por razones de inversión, con una presencia física limitada o nula del inversor en el Estado miembro en cuestión, podrían tener repercusiones en la aplicación de los derechos asociados al estatuto de residente de larga duración de la UE, y pueden incluso ofrecer una vía rápida a la ciudadanía nacional y, por ende, de la UE.

Falta de transparencia: el informe hace hincapié en la falta de transparencia y supervisión de los sistemas, en particular en lo que se refiere al control y la falta de estadísticas sobre el número de personas que obtienen un permiso de residencia a través de estos programas.