Aborto legal: el derecho que sigue costando ejercer a las mujeres en Uruguay

No importa que hayan pasado más de dos años. Cuando Noemí Olivera relata las dificultades que atravesó al querer interrumpir su embarazo, sus silencios se hacen largos y asoma una risa nerviosa. Aún sufre las consecuencias de los impedimentos que existen en Uruguay para abortar pese a que el país cuenta con una ley que lo permite hasta las primeras 12 semanas de gestación.

Incluso en este pequeño país latinoamericano conocido por sus avances sociales a nivel mundial sigue habiendo una resistencia a ciertos cambios, sobre todo si están relacionados con la toma de decisiones de las mujeres en el plano sexual y reproductivo.

La lucha de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil por la despenalización del aborto en Uruguay viene de lejos, aunque no fue hasta finales de 2012 cuando se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por un ajustado margen de 50 votos contra 49. Desde entonces el promedio anual de abortos legales en Uruguay se mantiene en unos 10.000, si bien desde 2013 a 2014 hubo un aumento significativo de embarazos interrumpidos, vinculado precisamente a la implementación de la ley.

Los trámites para poder abortar implican acceder a una consulta con un equipo de profesionales y tomarse un periodo de cinco días de reflexión. Después la paciente recibiría el medicamento (misoprostol) y hay un control para comprobar que el feto se ha expulsado correctamente. Si bien la norma se aplica a todas las mujeres uruguayas, las extranjeras solo pueden acceder al servicio si tienen al menos un año de residencia en el país.

En América Latina solo en Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Ciudad de México, está despenalizada la interrupción del embarazo. Aún así, en todos estos lugares existen complicaciones para acceder a los servicios, desde médicos que se declaran objetores de conciencia hasta clínicas falsas cuyo objetivo es convencer a las mujeres de que no aborten.

En el caso de Noemí quien trató de que no pudiera ejercer su derecho al aborto fue una jueza uruguaya conservadora.

A principios de 2017, cuando Noemí tenía 25 años, se quedó embarazada de un hombre con el que había salido unos meses y cuya relación ya había finalizado. Decidió interrumpir su embarazo en la décima semana de gestación y, al estar dentro del plazo permitido por la ley, supuso que no tendría problemas, pero se equivocó. El padre presentó un recurso de amparo judicial contra el procedimiento asegurando que se haría cargo del bebé que naciera, si bien la ley establece que en Uruguay basta con la sola voluntad de la mujer para abortar.

“No había accedido antes a hacerme el procedimiento por una cuestión laboral, tenía que coincidir con mis descansos en el trabajo porque no me puedo permitir faltar y no cobrar. Cuando ya tenía una fecha a este hombre, que un principio estuvo de acuerdo con mi decisión, se le ocurre que debo tener el bebé. Él a su vez estaba esperando un hijo de su pareja y pensó que los podrían criar juntos, como si yo fuera una incubadora. Era una locura”, cuenta indignada a eldiario.es.

La jueza encargada del caso, Pura Concepción Book, accedió al pedido de amparo del hombre y decidió frenar el aborto en un momento en el que el tiempo jugaba en contra de Noemí, ya que el plazo para interrumpir su embarazo legalmente estaba próximo a vencer. La magistrada, provocando una gran polémica, justificó su decisión argumentando que no se habían respetado los términos de la ley y defendiendo los derechos del padre, reflejando así un criterio más personal que profesional.

La situación llegó a ser tan surrealista que la jueza llegó a designar una abogada al feto, cuyos servicios, además, debían ser pagados por Noemí a medias con su expareja. “Todo era un disparate, ni siquiera había un sujeto de derechos. Veía las noticias desde mi casa y escuchaba cómo la gente opinaba sobre mí y decía cualquier cosa: puta, abortera, asesina… fueron momentos muy complicados. Todo el mundo decidía sobre mi vida menos yo”, recuerda la joven.

Por si fuera poco, también tuvo que soportar cómo algunos políticos evangélicos viajaban hasta su ciudad, Mercedes (suroeste), para opinar sobre su caso junto a grupos contrarios a la ley del aborto.

El estrés que Noemí pasó esos días influyó, sin duda, en su estado de salud: las pérdidas de sangre y los dolores fueron en aumento hasta que finalmente sufrió un aborto espontáneo. “Viví una situación totalmente innecesaria en un país que aspira a destacar en materia de derechos viendo el panorama que tenemos alrededor. Las mujeres deberíamos poder acceder al sistema de salud sin estos obstáculos”, añade.

Noemí no solo apareció en todos los medios de comunicación del país, sino también en algunos extranjeros. Su identidad permaneció entonces en el anonimato, pero ahora, dos y años y medio más tarde, ya no teme que su nombre salga a la luz y confía en que su experiencia aporte herramientas a otras mujeres que puedan verse en una situación similar.

Pese a todo lo vivido, tiene claro que hizo lo correcto. Hace siete años tuvo un hijo que nació con una malformación congénita y esa experiencia también hizo que se plantee la maternidad desde otra perspectiva. “Tuve un embarazo complicado y mi hijo estuvo internado en el hospital durante su primer año de vida. Si quisiera tener más hijos me haría estudios, análisis genéticos, todo para saber que estoy bien”, explica.

Algo inédito

Su caso desató en Uruguay una gran polémica, y la decisión de la jueza Book podría haber sentado un precedente para otros hombres que quieran impedir los abortos de sus parejas o exparejas. “La jueza actuó con un sesgo religioso enorme, interpretó la ley de acuerdo a sus creencias personales. Esa no es la función de un operador jurídico y no ha habido sanción”, explica a eldiario.es la directora de Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), Lilián Abracinskas.

Esta fue precisamente la organización feminista que acompañó y asesoró a Noemí a lo largo de todo el proceso, ya que asegura que en ningún momento se sintió arropada por el sistema. Tras lo ocurrido, decidió denunciar a la jueza ante la Suprema Corte de Justicia con la intención de que se iniciara una investigación, pero el fallo fue negativo. Después llevaron el caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora están a la espera de la sentencia.  

Objeción de conciencia

Hasta el momento no se ha vuelto a producir un fallo judicial similar en Uruguay, pero existen otros problemas como la objeción de conciencia de los profesionales ginecológicos que habilita la ley, lo que complica el acceso rápido al aborto cuando una mujer lo requiere.

Sin ir más lejos, en Mercedes, la ciudad de Noemí, todos los médicos son objetores de conciencia: se niegan a prescribir la medicación necesaria para poder abortar, por lo que las mujeres deben trasladarse a otras localidades para obtener esa receta.

“Existe la figura de objeción de conciencia para profesionales y la objeción de ideario que inventa el legislador, es decir, existen instituciones de salud que por sus principios pueden negarse a brindar el servicio de aborto, como sucede con el Hospital Evangélico y el Círculo Católico. En este último caso es contradictorio porque obliga al profesional a no practicar un aborto pese a que pueda estar de acuerdo con el procedimiento”, indica Abracinskas.

La activista reconoce que nunca hubieran imaginado que la objeción de conciencia sería un problema importante en Uruguay, dado que es un país con una tradición laica de más de 100 años, pero lo cierto es que se ha convertido en “una herramienta para dificultar la implementación de la ley del aborto”, asegura.

Según cifras del Ministerio de Salud Pública correspondientes a 2017 y facilitadas a este medio, son unos 200 los médicos y médicas del total de 700 los que se niegan a practicar abortos en todo el territorio, lo que supone un 30% de los profesionales del sector público. Sin embargo, desde Mysu aseguran que esa cifra es mucho más elevada.

La organización feminista, que supervisa las políticas públicas, detectó entre 2013 y 2017 que en ciudades como Mercedes, Young (centro-oeste) y Castillos (sureste) los ginecólogos y ginecólogas objetores llegaban al 100%, mientras que en otras localidades ese porcentaje alcanzaba el 60%. En cuanto al área metropolitana, la cifra se situó en el 52%.

“Al monitorear los servicios a nivel territorial, nos dimos cuenta de que el promedio del 30% de objetores que da el Ministerio no se correspondía con la realidad. Son las fugas del sistema, hay problemas para garantizar la universalidad de acceso y el sistema de salud no ha hecho nada para resolverlo en este periodo”, lamenta Abracinskas.

Desde Mysu también aclaran que cuando se reunieron con varios objetores estos “ni siquiera argumentaron que fuera por motivos personales o religiosos, sino que simplemente dijeron que nadie les había consultado a la hora de crear la ley del aborto y que además era una práctica por la que no se cobra” a diferencia de otras como la cesárea, por la que los médicos sí reciben un dinero extra, aclara la abogada Lucía Berro, asesora legal de la organización. “Quizás es momento de pensar en una reforma legal porque son numerosos los problemas de acceso al aborto en Uruguay”, sostiene Berro.

Por su parte, el Ministerio de Salud asegura que a medida que van surgiendo problemas “se han ido encontrando formas de solucionarlos para garantizar el acceso en todo el territorio”, declara a eldiario.es Mónica Gorgoroso, referente técnica en salud sexual y reproductiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Uruguay cuenta con 70 equipos de interrupción voluntaria del embarazo, pero en los departamentos donde se registran unos 20 abortos por mes sería inviable tener un equipo a tiempo completo toda la semana, aclara Gorgoroso. Por esa razón, cuando una mujer solicita la prestación, se coordina para que pueda tenerla, si bien reconoce que eso debería ocurrir en 24 horas y “a veces no es factible a nivel de todo el país”. 

Desde la Sanidad Pública también dejan claro que no tiene intención de obligar a los objetores a practicar un aborto porque eso “no garantizaría un buen servicio a las usuarias”. En ese sentido, Abracinskas considera que la libertad de conciencia impacta en el derecho a la salud: “¿Qué pesa más, la libertad de creencia del profesional o el derecho de una persona a acceder a un tratamiento de salud que requiere?”, se pregunta la activista, quien lamenta que el Ministerio de Salud no coteje realmente las razones de la objeción.

Mysu solicitó al Ministerio una lista con los profesionales que se niegan a practicar abortos al entender que las mujeres, como usuarias del sistema de salud público, tienen derecho a que las atienda alguien que no sea objetor. Sin embargo, la institución denegó esa petición argumentando que deben proteger los derechos de los médicos.

Otros países de la región

Pese a que los gobiernos progresistas de América Latina lograron en los últimos años avances en salud sexual y reproductiva, siguen manteniendo una postura conservadora en relación al aborto, por lo que miles de mujeres en la región se ven obligadas a recurrir a métodos clandestinos e inseguros.

“Los líderes de izquierda de la región también tienen ese sustrato conservador respecto al aborto, el feminismo y el control del cuerpo de las mujeres. Lo vemos en Uruguay, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, o con las propias expresidentas Michele Bachelet (Chile), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) o Dilma Rousseff (Brasil), que terminaron negociando por imposición de sus aparatos partidarios o por la gobernabilidad. Para la izquierda este no es un asunto prioritario, mientras que para la derecha es el primer tema de la agenda y eso hace una diferencia enorme”, concluyó Abracinskas.

En la mayoría de los países latinoamericanos el aborto está permitido cuando existe riesgo para la salud o vida de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando hay inviabilidad del feto, aunque no en todos se dan las tres causales.

Además, en la región todavía hay cuatro países donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida, bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana En el caso de los dos primeros, las mujeres se enfrentan incluso a penas de cárcel que superan los 30 años al ser acusadas de homicidio agravado.

¿Hasta cuándo tendrán que esperar las mujeres para no tener que recurrir a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida? ¿Hasta cuándo tendrán que decidir otras personas sobre su cuerpo?