Así usa Arabia Saudí las armas que le venden países como España
La crisis diplomática entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Arabia Saudí a cuenta de la paralización de una venta de 400 bombas de precisión a la monarquía absolutista ha reabierto el debate sobre la venta de armamento a este país.
La recurrente polémica que provoca la venta de armas desde países occidentales como España, Estados Unidos o Reino Unido a Arabia Saudí tiene su origen en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de los Saud tanto en el interior del país como en conflictos como el de Yemen, y que han sido denunciadas por numerosas ONG.
El 9 de agosto, un bombardeo de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen dirigido contra un autobús escolar mató a 50 personas, 29 de ellas niños de menos de 15 años. El ataque tuvo lugar cuando el conductor del autobús, lleno de niños que volvían de excursión, paró en una calle muy concurrida para comprar agua.
El Gobierno saudí, a través de un comunicado difundido por la agencia oficial del país, lo calificó de “acción militar legítima” al estar dirigido contra los supuestos responsables de un ataque con misiles contra la ciudad saudí de Jizan el día anterior.
Posteriormente, la coalición de países que ataca Yemen admitió que se había tratado de un ataque “injustificado” y en esa operación se habían cometido “errores”, según informó Al Jazeera.
Ataque a una boda
El 23 de abril la aviación saudí bombardeó la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, controlada por los rebeldes hutíes, la milicia yemení que controla el noroeste del país. 33 personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque, cuyo objetivo fueron las dos tiendas de invitados, la de mujeres y la de hombres.
Una de las imágenes más difundidas tras el bombardeo fue la de un niño yemení que se aferraba al cadáver de su padre, fallecido momentos antes durante la celebración de la boda.
Tras la agresión saudí, la llegada de ambulancias se vio dificultada por la presencia continuada de aviones en la zona. Es frecuente que los saudíes esperen a la llegada de los equipos de emergencia para realizar un segundo o tercer ataque.
El régimen saudí ha justificado ataques a bodas con la excusa de que en ellas se encontraban dirigentes hutíes.
Una imagen difundida por medios locales permitió identificar el origen de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la empresa norteamericana Raytheon.
En 2015, la Administración de Obama vendió a Arabia Saudí 4.000 bombas GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000 bombas guiadas a los saudíes.
Este tipo de armamento es muy similar al que España iba a suministrar al mismo país y cuya venta paralizó, para después dar marcha atrás y dejar abierta la posibilidad de llevarla a cabo.
En el año 2015, con Pedro Morenés a cargo de la cartera de Defensa, se autorizó la venta de 400 bombas guiadas por láser al régimen saudí, pero el ministerio de Defensa de Margarita Robles decidió en un primer momento paralizar su exportación por miedo a que dichas armas se usen contra la población yemení. Sin embargo, las presiones del reino saudí, que ha amenazado con cancelar el contrato multimillonario de compra de cinco corbetas, han hecho que el Gobierno recule y busque otra solución.
Objetivo: un funeral
Pero en el elenco de objetivos militares de la coalición liderada por Arabia Saudí no están solo las bodas y las excursiones. En octubre del año 2016 la aviación saudí bombardeó un funeral en la capital yemení, Sanaa, también bajo control de los hutíes. Un total de 140 personas murieron en este ataque.
El fallecido por el que se celebraba el acto era el padre de Galal al-Rawishan, ministro de Interior en el Gobierno apoyado por las milicias rebeldes y el expresidente Saleh. También había formado parte del Gobierno del anterior presidente, ahora apoyado por los saudíes, por lo que era una persona muy conocida en la capital.
Una vez más, la aviación saudí esperó a la llegada de los servicios de emergencia para realizar un segundo ataque, como se puede comprobar en este vídeo.
Posibles crímenes de guerra
A finales del mes de agosto de este año, un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en el que acusó a todas las partes involucradas en la guerra de Yemen de haber cometido potenciales crímenes de guerra.
En él, explican que los ataques aéreos de la coalición árabe han causado la mayoría de las muertes civiles contabilizadas en tres años de guerra como consecuencia directa de los bombardeos “contra áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, prisiones, barcos civiles e incluso centros médicos”.
Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional.
Desde el inicio del conflicto, según datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente significativamente más alta”, apuntan los expertos. Las fuerzas saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15 años o haberlos utilizado como parte activa en las hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han desplazado internamente a causa de la violencia.
El papel de España
España vendió el pasado año material de defensa por más de 361 millones de euros a los países que forman parte de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.
Así consta en el informe 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso' del año 2017, que anualmente remite la Secretaría de Estado de Comercio a las Cortes Generales.
En total, España exportó 4.346,7 millones de euros el pasado año en material de defensa y doble uso, un 7,3% más que en 2016 y la cifra más elevada de los últimos años.
Entre ellos, Arabia Saudí es el principal cliente de la industria de defensa española fuera de la OTAN y la Unión Europea. En concreto, España exportó al país 270,2 millones de euros entre los que se encuentran un avión de transporte, repuestos para aeronaves, drones, plataformas portamorteros, granadas de mortero, munición de artillería, equipos de detección y cámaras de infrarrojos.
El abril de este año, el Gobierno de Rajoy reconoció que no existe, “ni nunca ha existido en España”, un protocolo que detalle los procesos a seguir para la vigilancia de las armas que vende la industria de armamento una vez que estas llegan a su destino.
Cuando las armas españolas atraviesan las fronteras es imposible su fiscalización: no hay ningún organismo encargado de controlar cuál es su verdadero destino final, ni mecanismos de alarma sobre el posible uso ilegal del material ni, por tanto, una manera reglada y efectiva de comprobar si el Gobierno ha cumplido la ley al autorizar su exportación.
Qué dice la ley española
En España, el organismo encargado de aprobar o denegar cada exportación de armas es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), dependiente del Gobierno. Pese a que las actas de sus reuniones son secretas, los resultados de sus dictámenes pueden comprobarse en los resúmenes de material de defensa exportado que el Gobierno debe trasladar al Congreso cada año. Ninguna exportación de armas puede realizarse sin el consentimiento previo del Ejecutivo.
El porcentaje de denegaciones de la JIMDDU no suele superar el 1%. Sin embargo, la Ley española de comercio de armas establece la prohibición de autorizar las exportaciones “cuando existan indicios racionales” de que las armas puedan “ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.
Además, la ley explica que el objetivo es “impedir la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles a favor de Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz”.
