En apenas cinco meses el primer ministro francés, Manuel Valls, ha tenido que sacar adelante dos sesiones de investidura. En la primera, el pasado 8 de abril, obtuvo 306 votos a favor que representan el 53% del total de diputados de la Asamblea Nacional. Ayer, en su segunda sesión de investidura, obtuvo 269 apoyos que representan tan sólo el 46,6% de la cámara.
Si Valls sacó adelante la votación de ayer fue únicamente porque la mayoría absoluta no se calcula sobre el total de diputados, sino sobre el número de votos expresados no-nulos (es decir, sobre la suma de los votos a favor más los votos en contra). Las 11 ausencias y las 53 abstenciones abarataron la mayoría necesaria para aprobar la investidura.
Habría bastado que 13 de los 53 abstencionistas (no todos los cuales son “frondeurs” o socialistas contestatarios) votaran en contra para que Francia se encontrase ahora mismo al borde del caos político. Recordemos que la alternativa habría sido la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, con el Frente Nacional llamando a la puerta en todas las encuestas.
Aunque, por el momento, se ha evitado lo peor el equilibrio parlamentario sigue siendo inestable y la mayoría presidencial frágil. Valls renovó ayer en su declaración de política general el compromiso de efectuar recortes por importe de 50.000 millones de euros en los próximos tres años (comenzando por 21.000 millones el año próximo), lo que sin duda hará más difícil que pueda ganar la confianza perdida de algunos de sus diputados.
La situación es delicada porque, en las próximas semanas, el Gobierno francés deberá aprobar los Presupuestos Generales del Estado sabiendo que ya no cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria.
Uno de los posibles escenarios es que Valls consiga contener a los abstencionistas de su propio partido, como ha venido haciendo hasta ahora. En el fondo, ambas partes necesitan una salida honorable. El problema es que, vista la determinación de unos y otros, no parece que los “frondeurs” vayan a tener gran capacidad para negociar su apoyo a cambio de apretar una tuerca aquí y otra allá en los Presupuestos Generales.
El otro escenario, que no debería descartarse, consiste en que Valls se acoja al artículo 49-3 de la Constitución francesa, que permite al Gobierno aprobar un Proyecto de Ley sin votación, sin debate y sin enmiendas. ¡Casi nada!
La contrapartida a tan peculiar procedimiento es que la oposición puede presentar una moción de censura en las 24 horas siguientes, de tal modo que si ésta sale adelante el Proyecto de Ley no se aprueba (y, por supuesto, el Gobierno se ve obligado a presentar su dimisión).
La razón de ser de esta disposición es evitar la obstrucción parlamentaria y los debates interminables sobre medidas que necesitan ser aprobadas con celeridad. En lo bueno y en lo malo, Francia es un país en el que, incluso cuando las cosas funcionan en la práctica, siempre hay alguien dispuesto a replicar “sí, bueno, pero… ¿y en la teoría?”. Eso sí, también es un país en que la disciplina de voto no es inquebrantable.