La Comisión Europea restringirá los viajes pagados por terceros países a su personal tras el escándalo de Qatar

La Comisión Europea se ha visto obligada a revisar sus reglas respecto a los conflictos de interés ante el escándalo del Qatargate por el que dos eurodiputados, entre ellos la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, permanecen en prisión. Tras el estallido de ese caso de sobornos, se han ido revelando prácticas cuestionables en el seno de las instituciones europeas, que aseguran que trabajarán por reforzar sus controles. Una de las medidas que ha decidido ya la Comisión Europea es restringir el pago de billetes y alojamiento a su personal por parte de terceros países después de que Politico revelara que el director general de Transportes, Henrik Hololei, volara en primera clase a Doha en nueve ocasiones entre 2015 y 202 con los gastos pagados por Qatar.

A pesar de que algunos de esos viajes se produjeron en plenas negociaciones del acuerdo de aviación con el emirato, el gobierno comunitario sostiene que no se ha encontrado conflicto de interés en esa invitación. Aún así, la Comisión Europea pretende cambiar sus normas para evitar ese tipo de casos por lo que impedirá que su personal acepte ese tipo de invitaciones de 'cortesía' por parte de terceros países, salvo cuando la financiación proceda de la ONU, el G-20 y el G-7, según han explicado los portavoces del gobierno comunitario.

Con esa medida, en Bruselas sostienen que se limita “el espectro” en el que se pueden producir malas prácticas. “La idea de un conflicto de interés se reduce mucho”, ha expresado la portavoz, Dana Spinant. 

También habrá una revisión más exhaustiva de aquí al verano respecto a las normas generalizadas sobre los viajes y los conflictos de interés que puedan surgir con terceros países. Ahí se enmarca la posibilidad de cambiar las reglas respecto a las autorizaciones ya que actualmente los encargados de dar el visto bueno a ese tipo de viajes e invitaciones son los directores generales, incluso cuando son para ellos mismos. Así, en el caso de Henrik Hololei fue él mismo quien autorizó los desplazamientos pagados por Qatar, según han explicado en una rueda de prensa los responsables comunitarios.

No obstante, lo que reiteran en la Comisión Europea es que no se ha incumplido la normativa vigente. “Las reglas son claras”, ha afirmado Balazs Ujvari, que ha explicado que los viajes que pagan terceros países tienen que ser declarados y que son los jefes de departamento los que tienen que dar la autorización. Solo en el caso de que haya “duda”, puede preguntar a los superiores políticos, pero no es obligatorio. No obstante, lo que ha asegurado es que se trata de un número muy bajo de casos (solo el 1,5% de las misiones del gobierno comunitario incluye pagos de ese tipo por parte de terceros países, según los datos que ha proporcionado la Comisión Europea.

El asunto ha despertado el interés de la Defensora del Pueblo Europeo de la UE, Emily O'Reilly, que ha solicitado a la Comisión información sobre las normas que se aplican a los viajes de trabajo de los funcionarios. En concreto, pregunta al gobierno comunitario “cómo trata las solicitudes de viajes de negocios de sus altos funcionarios que son pagados por terceros”, según informa la institución en un comunicado. En la carta, también se interesa por la pretensión de la Comisión de actualizar sus reglas relacionadas con los viajes y le insta a detallar el coste de los viajes que han sido pagados por terceros desde 2021 -un dato que Bruselas aún no ha ofrecido-.

También pone la lupa sobre la relación con los lobbies al pedirle a la Comisión que explique cómo se asegura de que sus directores generales hacen pública la información sobre las reuniones que mantienen con los grupos de interés. La Comisión Europea sostiene que responderá a la Defensora del Pueblo en tiempo y forma antes del 3 de junio, que es el plazo límite y puntualiza que no se trata de una investigación “sino una iniciativa estratégica” con la que pretende “recoger información y después emitir directrices o sugerencias”. Por eso, los portavoces de la Comisión insisten en que no parte de la premisa de que haya habido “mala administración”.