La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a prisión a nueve exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición), en 1974, de un topógrafo que fue incluido posteriormente entre las 119 víctimas de la Operación Colombo, informaron hoy fuentes judiciales.
A cuatro de los procesados -los generales César Manríquez y Raúl Iturriaga y los brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff- el tribunal les rebajó de trece a diez años de prisión la pena que, como autores del delito, les había impuesto en primera instancia el juez especial Hernán Crisosto.
Los cuatro, integrantes de la cúpula que comandaba la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet), están en presidio tras ser sentenciados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Krassnoff totalizan 665 años de cárcel con este nuevo dictamen.
En un fallo unánime, la corte confirmó además la condena a diez años de prisión, también como autores, de los agentes Gerardo Urrich, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence, Ciro Torré y Manuel Carevic Cubillos. El tribunal absolvió, al no poder acreditar su participación, a otros 50 antiguos agentes de la dictadura, a quienes el juez Crisosto había condenado en primera instancia a diversas penas en calidad de autores o cómplices.
Zacarías Machuca Muñoz tenía 22 años, trabajaba en la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cuando fue detenido por agentes de la DINA en su domicilio en Santiago, el 29 de junio de 1974. Los agentes llegaron al domicilio guiados por otro miembro del MIR, arrestado dos días antes y también desaparecido, y condujeron a Machuca a un centro clandestino de torturas y exterminio situado en pleno centro de Santiago, donde, según prisioneros supervivientes, fue sometido a tormento hasta agosto del mismo año, cuando se perdió su pista.
El año siguiente, su nombre fue incluido entre las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, con el apoyo de las policías secretas de Argentina y Brasil. En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos inexistentes, “Lea” y “O Novo Dia”, en las que se afirmaba que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del MIR ocurridas en territorio argentino y brasileño. La prensa chilena, dominada por la dictadura de Pinochet, se hizo eco de esas publicaciones con titulares como “Exterminados como ratones”.
En la parte civil, por mayoría de votos, la Corte de Apelaciones revocó el fallo que condenaba al fisco a indemnizar a los familiares de la víctima.Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por disentir del régimen.