Un fuerte dolor en el pecho y una fiebre insoportable llevaron al oficial de la policía peruana Edder Meca a buscar ayuda médica en el Hospital Central de la Policía. Había pasado intensas jornadas en operativos de control a los ciudadanos en Lima, en la comisaría La Victoria, donde estaba asignado. Confiado en los elementos de bioseguridad entregados como dotación, orientaba a los ciudadanos para que mantuvieran las normas de aislamiento al comienzo de la pandemia. A las pocas horas, murió.
Rubí, su novia, cree que Edder, de 35 años, contrajo el virus durante su trabajo. Fue uno de los 223 agentes fallecidos en Perú a las pocas semanas de la llegada del virus. Una de las posibles causas fue la exposición al usar mascarillas que no eran aptas. Una millonaria compra bajo investigación por irregularidades que salpica al ministro del Interior. Fueron más de 15.000 los agentes que resultaron contagiados en esa primera etapa de la pandemia.
Como respuesta, el Congreso peruano declaró héroes a Edder y a sus compañeros policías fallecidos por causa de la COVID-19. Pero Para Rubí, esto no es ningún consuelo. “No puedo entender por qué te fuiste”, escribió en sus redes sociales.
Desde marzo 2020, una de las principales #HuellasDeLaPandemia en América Latina es el abuso político y la corrupción con los recursos públicos. Así lo señala un informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). Los actos recogidos por este reportaje, parte del especial realizado de manera colectiva por periodistas miembros de Connectas, van desde el robo de medicina donada que ha sido revendida a hospitales como en Ecuador, hasta posibles sobreprecios en la compra de alimentos con casos ejemplares en Colombia, más de medio millar de variados actos de corrupción en compras en Perú y adquisiciones de respiradores sobrevalorados en Bolivia y México.
Las medidas de excepción han impuesto mecanismos de contratación y compras más ágiles para evitar retrasos y burocracia. Sin embargo, las compras directas se convirtieron en la vía más utilizada para cometer actos ilícitos. Para Pablo Dávila, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, los casos tienen como trasfondo “un problema ético que no es de ahora y que por varios años ha afectado a América Latina: una profunda corrupción en el poder”.
Es el caso de Ecuador. “Tú me das la mano y yo te doy la mano”, dice el expresidente Abdalá Bucaram en una grabación que ha trascendido, en una conversación con una persona recluida por supuestamente participar en actos de corrupción en la compra de insumos médicos para la pandemia con el hijo del expresidente. Esas grabaciones apuntarían a los presuntos beneficios que Bucaram le estaría ofreciendo al interno si aceptaba un pacto de silencio. “¿Yo tengo tu palabra de que nadie va a tratar de matarme?”, dice el detenido como presagiando lo peor al haberse convertido en testigo para revelar la trama detrás de esas compras. Pero este nuevo acuerdo no lo protegió. Fue asesinado.
Días antes, cuando la policía allanó las viviendas de la familia del expresidente, incluidos sus hijos Abdalá (Dalo) y Michell, encontró 2.000 cajas de pruebas de coronavirus y 5.000 mascarillas. La Fiscalía local presume que las ventas de insumos médicos al Estado alcanzaron unos 7,7 millones de dólares, en contratos hechos a través del testigo asesinado y una operación de la que aún no se conoce todo su alcance. La revelación de los audios llevó a que las autoridades detuvieran al expresidente Bucaram para presentarlo ante un juez que a la postre le dictaría arresto domiciliario, mientras se le investiga por delincuencia organizada. Bucaram adujo que era una persecución política, buscando relacionar la acción judicial con el reciente anuncio de que quería competir de nuevo por la presidencia de su país. Antes de llegar ante el juez, el exmandatario fue conducido a un hospital, pues supuestamente había sufrido un preinfarto.
Pocos meses antes de la llegada de la COVID-19 a la región, organismos como Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) coincidieron en la alerta sobre los altos niveles de corrupción en la región. Una situación agravada por las fallas en los sistemas de transparencia durante emergencias, así como la debilidad y politización de los organismos de control.
El escándalo de los oficiales muertos por COVID-19 en Perú motivó la salida del ministro del Interior, Carlos Morán, el más alto cargo del Gobierno peruano en ser investigado por posibles actos de corrupción durante la emergencia sanitaria. Es uno más de los más de 650 casos que se han detectado en este país durante la emergencia sanitaria, declaró Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción del Perú, a inicios de junio.
El índice de Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC) del Consejo de las Américas y Control Risk, pone a Brasil, Argentina y Colombia en la misma situación de Perú, con grandes desafíos críticos por enfrentar.
La corrupción en la compra de insumos médicos tuvo un primer episodio que se repitió en varios países en la compra de mascarillas. A finales de marzo, medios de comunicación locales dieron a conocer que el Instituto de Seguridad Social de Ecuador había firmado un contrato para adquirir 131.000 mascarillas un 240% más caras. Esta situación dio pie a la renuncia de Paúl Granda, principal autoridad del instituto, quien antes había encabezado varios ministerios y había sido parte del círculo más cercano al presidente Lenin Moreno.
Adrián Castro, abogado especialista en compras públicas, explica que los actos ilegales en compras por emergencia existen de tiempo atrás en Ecuador y, aunque hay un marco legal administrativo y penal para sancionarlos, la aplicación de multas o penas resulta tardía y poco efectiva. Por lo mismo, en este país, el cobro de multas por mal uso de recursos públicos puede tardar hasta dos años y un proceso judicial sobre corrupción hasta cuatro años en resolverse.
A pesar de que se han formalizado diversos sistemas de control, tienen fallas. El CCC indica que México, Ecuador y Panamá solo presentaron avances en áreas limitadas, mientras que Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Bolivia, en lugar de mejorar, han decaído en sus sistemas de transparencia y control.
Cómo afecta esta corrupción a los ciudadanos se puede ver en las redes sociales, a través de vídeos que estremecen. En Santa Cruz, Bolivia, por ejemplo, un hombre fallece a metros del hospital, otro pide desesperadamente atención para su madre enferma de COVID-19 y en uno más se ve a personal médico desesperado explicando que los insumos no son suficientes para enfrentar la pandemia. En Colombia, el caso del enfermero Fabián Palacios Pulido se volvió un emblema. Denunció cómo los recursos no llegaban al hospital en el que trabajaba y esto impedía la compra de elementos de seguridad. Murió contagiado a los pocos días de la denuncia. Sus compañeros confirmaron a El Tiempo que hasta el último minuto trabajó con una mascarilla remendada.
El portal digital Clave 300 recogió el testimonio de “Pamela”, quien pidió ayuda para su esposo Miguel, de 33 años, enfermo de COVID-19 y sin acceso a respiradores en un hospital de Bolivia. “Los médicos me comunicaron que no había espacio y debía esperar a que un paciente falleciese para que mi esposo ingresase en la intubación endotraqueal”, relata desesperada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró a través de Twitter su consternación por las muertes debido a “la imposibilidad de recibir atención médica ante la saturación de hospitales”. Esto, en uno de los países con mayor déficit en insumos, equipo y personal, como lo muestra esta investigación de la Agencia Fides en alianza con CONNECTAS.
Hacia mediados de mayo, cuando la pandemia empezaba a mostrar su capacidad letal, el Gobierno boliviano anunció que se comenzarían a distribuir respiradores en todo el país, pero días después, por publicaciones de la prensa local, la ciudadanía supo que los aparatos únicamente se podían usar en ambulancias como medida de terapia intermedia y por unas pocas horas. No solo fueron insuficientes. Se compraron 170 respiradores inutilizables para pacientes con COVID-19, con un sobreprecio que bordea los 2,5 millones de dólares.
Uno de los señalados por tal despropósito es Marcelo Navajas, en ese momento ministro de Salud, que ahora cumple prisión preventiva de tres meses y enfrenta un proceso que le puede costar cinco años de cárcel. El precio acordado por cada respirador, según datos del gobierno boliviano, fue superior a los 27.000 dólares, aunque la empresa fabricante declaró que su precio es casi tres veces menor: 10.000 dólares. La compra total alcanzó los 4,7 millones de dólares
Los sobreprecios en los respiradores también salpican a México, donde León Manuel Barlett Álvarez es investigado por la Fiscalía de México tras la venta de ventiladores al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en, por lo menos, el doble de su valor. Él es hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, político que ha sido calificado por la prensa local como uno de los personajes más influyentes, poderosos y polémicos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a una empresa de Bartlett Álvarez un contrato por 1,37 millones de dólares (31 millones de pesos) por 20 ventiladores. Cada equipo fue vendido en 69.000 dólares, que es el precio más alto del que se tiene registro en la región desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. Aunque Barlett Álvarez negó las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública emitió dos inhabilitaciones y dos multas por más de 88.000 dólares contra su empresa.
En Panamá también hubo irregularidades en la compra de ventiladores. Por esta situación, el viceministro de la Presidencia panameña renunció al cargo en abril 2020 y ahora enfrenta una investigación de oficio por adquirir 10 ventiladores 9,8 veces más caros al precio de mercado. Por su parte, en Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias realizó la compra de 160 respiradores incompletos y no adecuados para atender a pacientes críticos.
“Debemos defender los derechos humanos y atacar la corrupción”, insiste Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México. Sostiene que cada niña, niño, joven, adulto, anciana y anciano sin acceso a servicios de salud, es una víctima visible o invisible de la correlación entre el daño social de la corrupción y la violación de derechos humanos durante la emergencia sanitaria que deja la COVID-19.
Alimentos a precio de oro y reventa de medicinas
Si con los insumos médicos hay negocio, las ayudas para mitigar el hambre no se escapan de las garras de los corruptos.
En Colombia, el paisaje de las ciudades se llenó de trapos rojos, un peculiar código con el que las familias necesitadas pedían ayuda para poder alimentarse al inicio de la pandemia. Estos trapos también colgaban de la ventana de Ruth Grisales, quien mostraba la nevera vacía de su casa a la BBC. La tenía sin alimentos “por la falta de plata, de trabajo, por esta situación que estamos viviendo”, contó a los corresponsales. En la casa de Ruth, ubicada en un suburbio de Bogotá, viven cuatro personas más, una por cada trapo rojo colgado para informar que tienen hambre, “que la necesidad es mucha para todos nosotros”.
La ayuda alimentaria ha sido el principal foco de acción de los municipios colombianos durante la emergencia. Allí, una simple comparación de precios entre los productos que se venden en un supermercado común y el valor al que se compraban los alimentos para las entregas humanitarias hizo que la Procuraduría General de la Nación iniciara procesos judiciales en una veintena de gobiernos locales.
Este país es uno de los que cuenta con mayor número de normativas, guías y herramientas para el control de la corrupción. Tiene tres decretos y dos guías de transparencia; una herramienta de control ciudadano y otros mecanismos facilitan la detección de casos. Pese a esto, analiza el procurador Fernando Carrillo, la corrupción se ha convertido en una práctica generalizada.
En conjunto con la Fiscalía, la Procuraduría ha iniciado investigaciones a 23 personas por contratos con presunciones de corrupción; entre ellas, autoridades locales, contratistas del Estado, así como sus socios o familiares. Las acciones de las autoridades incluyen capturas de políticos locales, órdenes de detención contra funcionarios en una decena de ciudades, llamamientos a declarar para al menos tres gobernadores e investigaciones preliminares contra 14 más.
En Bolivia, a la falta de transparencia se suma la pugna política por la presidencia, que ha llevado las denuncias de corrupción en las compras públicas al escenario electoral de un país en plena convulsión por definir su futuro político. Las elecciones previstas para el 3 de mayo se aplazaron hasta el 18 de octubre y con una campaña política constante en la que la desinformación, las acusaciones sobre el manejo de la crisis por parte de la presidenta Jeanine Añez y las críticas al sistema de salud dejado por Evo Morales se confunden con las denuncias de corrupción. El caso más escandaloso es el del alcalde Cochabamba, José Leyes, sobre quien se emitió una orden de aprehensión por haber comprado alimentos en mal estado para cestas solidarias.
Por otro lado, el Ministerio Público de Perú investiga sobreprecio en canastas alimenticias firmados en 48 contratos por alcaldes o funcionarios municipales, así como la entrega indebida de estas a familiares o personas cercanas a los servidores públicos en, al menos, 58 casos. Por su parte, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado hizo compras por 1,1 millones de dólares en kits de alimentos para población vulnerable, con un 40% de sobreprecio. La principal implicada es Alexandra Ocles, entonces secretaria de Gestión de Riesgos; fue llevada ante una juez, quien le ordenó libertad condicional. En su declaración, Ocles afirmó que el alto costo de las compras se debió a que había comprado pastas sin gluten.
En República Dominicana también se han hecho investigaciones por corrupción en funcionarios de altos cargos. Ahí, Berlinesa Franco renunció a su puesto como directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, después de que un empresario la acusara de favorecer, sin licitación, a una empresa con un contrato de unos 40.000 kits de alimentos.
La situación es igual de grave con el tráfico de medicamentos. En Ecuador, desde que empezó la emergencia sanitaria, Carmen ha tenido que comprar por cuenta propia medicina para tratar la artritis reumatoide que padece. Ella recibía sus tratamientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero en más de una ocasión le han indicado que el fármaco que usa está agotado debido al coronavirus.
Medios de comunicación de Guayaquil dieron cuenta de que medicamentos donados al IESS se vendían libremente en “La Bahía”, mercado de artículos populares de la ciudad. Uno de ellos es Actemra, el que utiliza “Carmen”; se trata de un fármaco biológico que comenzó a ser utilizado para disminuir los efectos provocados por la COVID-19 y que, en la pandemia, se convirtió en el más codiciado de Ecuador.
En el caso Bucaram, uno de los implicados ofertaba insumos médicos por redes sociales a costos muy elevados. Por ejemplo, por las ampollas inyectables que tienen un valor de 200 dólares, pedía entre 1.000 y hasta 2.000 dólares, luego publicaban en sus redes sociales el dinero obtenido de las transacciones realizadas, según las investigaciones de la Fiscalía. Además, dentro de esos negocios, vendía medicinas al sistema de salud que habían sido donadas por una casa farmacéutica al hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil, centro médico regentado por el IESS. Funcionarios de esa entidad registraron el egreso de la medicina, pero no se corroboró que hubiera sido aplicada a pacientes de esta casa de salud.
La compra de insumos médicos con sobreprecio también apunta a Rodolfo Galdámez y Héctor Marroquín, viceministros de Salud y Asistencia Social de Guatemala. Fueron separados de sus cargos por sobreprecios en las compras de material médico y medicamentos por unos 2,5 millones de dólares (19 millones de quetzales) tras denuncias de la Comisión Presidencial Anticorrupción.
Por otro lado, Mabel Cabeza, exjefa de personal del Departamento de Salud de Puerto Rico, es investigada por permitir la compra de pruebas COVID-19 por un valor de 38 millones de dólares, donde se calcula un posible sobreprecio del 300%, según investigaciones de la Comisión de Salud de este país. Realizó las compras sin autorización de sus superiores.
Todos estos casos revelan lo débiles que aún son los sistemas de transparencia en Latinoamérica. Por ello, el CAF propone la rendición de cuentas orientada a resultados, publicidad de la contratación directa de emergencia y la digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Carlos Santiso, principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado de esta institución, remata: “Si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos” de seguir viendo tal cantidad de historias de corrupción en esta región.
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