La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin, al que acusa de ser el presunto responsable de crímenes de guerra cometidos, en concreto el traslado y la deportación de niños de Ucrania a Rusia.

La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, su comisionada para los derechos del niño, en virtud de las solicitudes presentadas por la Fiscalía el pasado 22 de febrero, y los magistrados han decidido hacer públicas las órdenes para prevenir que se cometan futuros crímenes, según ha explicado la CPI en un comunicado. Rusia ha restado importancia a la decisión, que Ucrania, por su parte, ha acogido como un gran avance. 

El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, ha recalcado en un vídeo que si bien los jueces de la CPI emiten las órdenes, depende de la comunidad internacional hacerlas cumplir –el tribunal no tiene una fuerza policial propia para ejecutarlas–. “Este es un momento importante en el proceso de justicia que tiene lugar ante la CPI. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que hay acusaciones creíbles contra estas personas. La CPI está haciendo su parte como tribunal de justicia”.

Se considera poco probable que se lleve a cabo un juicio en La Haya. Moscú no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), una posición que ha vuelto a reafirmar el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Si bien Ucrania tampoco es miembro, ha aceptado la jurisdicción del tribunal sobre su territorio y el fiscal Karim Khan ha visitado el país hasta en cuatro ocasiones en el marco de su investigación.

Según la Corte, Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de población, en este caso niños, de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Los crímenes cometieron presuntamente en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022 –día en que Putin ordenó la invasión–.

Hofmanski ha recordado que el derecho internacional prohíbe que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios, y que los niños gozan de una protección especial.

“Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (...) y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, en virtud de la responsabilidad superior”, reza el comunicado de la Corte.

El tribunal también cree que Maria Lvova-Belov es presuntamente responsable del mismo crimen de guerra. “Hay motivos razonables para creer que la señora Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros”.

Órdenes públicas para evitar más crímenes

La sala ha considerado, basándose en las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que tanto Putin como Lvova-Belova son responsables del crimen de guerra de deportación y del traslado ilegal de población.

El tribunal estima que las órdenes son “secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar” la investigación, pero “teniendo en cuenta que las conductas objeto de la presente situación están presuntamente en curso, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a evitar que se sigan cometiendo delitos”, considera que es “en interés de la justicia autorizar a la Secretaría a divulgar públicamente la existencia de las órdenes, el nombre de los sospechosos, los delitos por los que se dictan las órdenes y los modos de responsabilidad establecidos por la Sala”.

Karim Khan ha avanzado que puede haber más órdenes de detención. Ha dicho que, si bien la de este viernes es una primera medida concreta respecto de la situación en Ucrania, la Fiscalía “sigue desarrollando múltiples líneas de investigación interconectadas”. “Como dije cuando estuve en Bucha el pasado mes de mayo, Ucrania es una escena del crimen que abarca un complejo y amplio abanico de presuntos crímenes internacionales. No dudaremos en presentar nuevas solicitudes de órdenes de detención cuando las pruebas nos lo exijan”.

Cientos de niños sacados de orfanatos y centros

Los casos identificados por la oficina del fiscal de la CPI, según ha explicado Khan, incluyen la deportación de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y centros de acogida de menores”. Muchos de estos niños, según denuncia el fiscal, han sido dados en adopción en Rusia. Khan recuerda que ley fue modificada el país, a través de decretos presidenciales emitidos por Putin, “para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando que fueran adoptados por familias rusas”. “Mi oficina alega que estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, ha dicho el fiscal.

Este jueves, una comisión independiente de expertos enviada por la ONU a Ucrania concluyó en su informe final que las autoridades rusas han cometido una “gran variedad” de violaciones del derecho internacional en diversas regiones del país, “muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra”.

Los expertos se mostraron especialmente preocupados tras investigar los traslados de niños de Ucrania a Rusia, y explicaron que las situaciones relativas al traslado y deportación de niños que han examinado equivalían a crímenes de guerra. Según los testigos que hablaron con la comisión, muchos de los niños más pequeños trasladados no pudieron establecer contacto con sus familias y podrían perder el contacto con ellas indefinidamente.

En una declaración conjunta reciente, más de 40 organizaciones internacionales denunciaron que muchos niños desplazados por la guerra en Ucrania “han sido trasladados a la fuerza a otros territorios ocupados por Rusia o deportados a Rusia y colocados en familias de acogida y adoptivas rusas, se les ha concedido la nacionalidad rusa y se les ha separado permanentemente de sus familias, comunidades y país”.

Kiev ha dicho que, como parte de un proceso penal, está comprobando la información sobre la deportación forzosa de 16.226 niños.

Decisión “histórica” para Kiev y “legalmente nula” para Moscú

Las autoridades ucranianas han reaccionado con rapidez al anuncio y han celebrado la decisión del tribunal. “Una decisión histórica, a partir de la cual comenzarán las responsabilidades históricas”, ha dicho el presidente Volodímir Zelenski, quien ha remarcado que Putin y la comisaria “se han convertido oficialmente en sospechosos de un crimen de guerra”. Separar a los niños de sus familias, privarles de cualquier oportunidad de contactar con sus parientes, esconder a los niños en el territorio de Rusia, arrojarlos en regiones remotas. Todo esto es una evidente política de Estado de Rusia“.

“Agradezco la integridad y la voluntad de llevar realmente ante la justicia a los culpables”, ha dicho el presidente ucraniano. El fiscal general de Ucrania, Andrei Kostin, también ha hablado de “paso histórico”. “A partir de ahora, el presidente ruso tiene la condición oficial de sospechoso en el delito internacional de traslado forzoso ilegal de niños ucranianos. (...) Esto significa que Putin debe ser detenido fuera de Rusia y llevado a juicio. Y los líderes mundiales se lo pensarán dos veces antes de estrecharle la mano o sentarse con él a la mesa de negociaciones. El mundo ha recibido la señal de que el régimen ruso es criminal y de que sus dirigentes y cómplices serán llevados ante la justicia”.

Moscú, por su parte, ha dicho que las órdenes son “legalmente nulas” en Rusia. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos. Rusia no es parte del Estatuto de Roma [el tratado fundacional] de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo y las posibles 'órdenes' de detención que emanen del Tribunal Penal Internacional serán legalmente nulas para nosotros”, ha dicho dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.

Los mismos argumentos han sido repetidos por Peskov, portavoz del Kremlin, ante la prensa que ha hablado de decisión “indignante” e “inaceptable”. “Rusia, al igual que varios otros Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula para Rusia desde el punto de vista jurídico”. Peskov ha evitado responder a una pregunta sobre si la decisión del tribunal afectaría a las visitas de Putin a países que reconocen la jurisdicción de la CPI. “No tengo nada que añadir sobre este tema”, ha dicho, según recoge la agencia rusa Tass.

El jefe del diplomacia de la UE Josep Borrell, ha asegurado que la decisión del tribunal “y la gravedad de los crímenes hablan por sí solas”. “Es una importante decisión del tribunal para la gente de Ucrania. Siempre hemos defendido que los culpables de la guerra tienen que ser llevados ante la Justicia. Esto es solo el comienzo del proceso para la rendición de cuentas. No puede haber impunidad”. Informa Irene Castro, corresponsal en Bruselas.

“Un primer paso impresionante”

Balkees Jarrah, directora adjunta para Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), ha dicho que con estas órdenes de detención, la CPI “ha convertido a Putin en un hombre buscado y ha dado su primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores de la guerra de Rusia contra Ucrania durante demasiado tiempo”. “Las órdenes de detención envían un mensaje claro de que dar órdenes de cometer o tolerar delitos graves contra civiles puede llevar a una celda en La Haya. Las órdenes del tribunal son una llamada de atención a quienes cometen abusos o los encubren para que sepan que puede llegarles su día en los tribunales, independientemente de su rango o cargo”, dice Jarrah.

En la misma línea se ha expresado Amnistía Internacional. “Este anuncio es una señal importante –tanto para Ucrania como para el resto del mundo– de que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional en Ucrania se enfrentarán a detención y juicio, por muy poderosos que sean”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de la organización.

“El presidente Putin es ahora oficialmente un hombre buscado. Tras la acusación contra Putin y Lvova-Belova (...) la comunidad internacional no debe parar hasta que sean detenidos y juzgados”, ha agregado Callamard. “Si el presidente Putin o la señora Lvova-Belova abandonan Rusia, los Estados deben negarles refugio seguro deteniéndolos inmediatamente y entregándolos a la CPI”.

La responsable de Amnistía Internacional señala que las “órdenes de detención son un primer paso impresionante”, pero hasta ahora se limitan al crimen de guerra de deportación ilegal de niños. “Esto no refleja la multitud de crímenes de guerra y de guerra contra la humanidad de los que los dirigentes rusos son potencialmente responsables. Esperamos que la CPI y otros actores de la justicia dicten nuevas órdenes de detención a medida que sus investigaciones.”