La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de El Salvador han intensificado este lunes sus esfuerzos para dar una salida pacífica a la crisis institucional que vive el país después de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera este domingo en sede parlamentaria escoltado por militares, un acto que los diputados han catalogado como “intento de golpe de Estado”.
El Supremo ha aceptado la demanda por inconstitucionalidad de dos ciudadanos y “ordena” a Bukele como medida cautelar abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional
Según un comunicado del órgano Judicial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordena “al presidente de la República que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, representativo y democrático”.
Bukele irrumpió el pasado domingo en el Congreso en una sesión extraordinaria con un grupo de militares para amedrentar a los diputados de la oposición y forzarles a votar a favor de un préstamo para aplicar su plan de seguridad nacional contra las pandillas. El presidente dio una semana a los parlamentarios, pero el tribunal ha suspendido también los efectos de la convocatoria extraordinaria en la Cámara.
La reacción del Supremo fue celebrada por los diputados durante una sesión extraordinaria que se llevó a cabo este lunes para aprobar un pronunciamiento ante lo sucedido el domingo y conocer la notificación del Supremo. ¡Viva la democracia!, gritaron algunos de los diputados que estuvieron presentes. Este es un hecho inédito desde que El Salvador se libró de décadas de dictaduras militares y vivió una guerra civil de 12 años (1980-1992).
“Intento de golpe”
Los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora y constantemente enfrentados por su origen ideológico, condenaron de forma unánime el “intento de golpe” de Estado, a través de un pronunciamiento.
“Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo en rueda de prensa el presidente del Parlamento, Mario Ponce.
Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido de Bukele, al salir de una reunión privada de más de cinco horas con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.
Ponce aseguró que no cederán a la “amenaza” de Bukele de regresar el próximo domingo si no aprueban los cuestionados fondos. Con dicha declaración, el Parlamento tildó oficialmente de “intento de golpe” la irrupción con militares de Bukele.
Los legisladores salvadoreños también pidieron al fiscal general, Raúl Melara, que investigue los hechos y deduzca si se cometió algún delito. “Nuestra posición es que hay que respetar el rol de cada órgano de Estado” y “nunca hemos trabajado a presión”, dijo escuetamente a los periodistas el diputado Guadalupe Vázquez, de GANA y uno de los constantes defensores de las iniciativas de Bukele.
Representantes de los diferentes partidos con representación en el Congreso rechazaron la ocupación militar, incluso los que actúan como sus aliados.
Los parlamentarios llamaron a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a “activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo”. Ponce también lamentó la “tibia y sesgada reacción” del secretario general OEA, Luis Almagro.
EEUU rechaza lo ocurrido
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, rechazó este lunes la ocupación militar y policial en el Congreso del domingo, pese a que Bukele es el presidente más cercano con ese país en varios años de distanciamiento.
“No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa (de) ayer y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia”, publicó el diplomático en sus redes sociales. Johnson también llamó al diálogo.
Bukele, por su parte, criticó a los diputados del Congreso por suspender una sesión, convocada desde la semana pasada, en la que se buscaría aprobar el polémico préstamo y restó importancia a las alarmas por su ingreso con soldados fuertemente armados al órgano Legislativo.
“Los diputados están ofendidos. Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy” y “lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende. Aunque sean una minoría”, ha señalado Bukele en Twitter.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de la comunidad LGTBI y feministas se concentraron la tarde de este lunes en la Plaza Salvador del Mundo para manifestar su rechazo ante la militarización en el Congreso y en defensa del Estado laico.
Las organizaciones expresaron, a través de un comunicado, que “el presidente Nayib Bukele, electo democráticamente, realizó un uso desmedido de las fuerzas militares y policiales para obligar a los diputados a votar por un préstamo de 109 millones (...) este hecho demuestra la incapacidad de los representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo para utilizar los mecanismos ordinarios existentes para la toma de decisiones”.