El discurso de las derechas sobre migración se impone en la cumbre de líderes de la UE

Nueva cita extraordinaria de los líderes de la UE en Bruselas. Una vez más el gran protagonista va a ser el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien en esta ocasión se espera presencialmente en la capital comunitaria en su minigira por el continente, donde ha pasado primero por Reino Unido y París. Zelenski mantendrá la presión para que la adhesión de Ucrania al club se produzca cuanto antes, pese a la resistencia de las instituciones europeas a poner una fecha, y volverá a insistir en la necesidad de contar con todo el armamento posible para hacer frente al ataque de Vladimir Putin, aunque no está en la agenda de los 27 la opción de mandar aviones de combate. Cuatro países –Polonia, Lituania, Letonia y Estonia– han apremiado, además, a la UE para que use ya los activos congelados a Rusia, pero no hay una decisión al respecto todavía dadas las dudas legales que genera la posibilidad de emplear ese dinero en la reconstrucción de Ucrania. Más allá de lo simbólico, no se esperan decisiones ejecutivas por parte de los 27.

La cita estaba planeada previamente para abordar dos asuntos espinosos dentro de la UE: el plan industrial para hacer frente al proyecto proteccionista de Joe Biden y las conversaciones sobre inmigración. En ninguno de los dos hay una posición única. 

La presidencia sueca dejó claro desde el primer momento que el tema migratorio era una de sus prioridades en este semestre. El nuevo gobierno sueco se sustenta en la extrema derecha con un discurso anti-inmigración. También para España, que cogerá el testigo en julio, es un asunto de máxima relevancia, aunque con distintas aproximaciones.

Por ahora, los países con posiciones más duras contra la inmigración son las que se están imponiendo en el debate europeo y, en concreto, en la cumbre que los líderes van a tener este jueves, en la que el control exterior de las fronteras de la UE es el asunto principal mientras se cocina el pacto en materia migratoria y de asilo que por ahora se resiste.

En los prolegómenos de la cita, esos países han calentado el debate. Austria, gobernada por los populares, ha llegado a amenazar con bloquear las conclusiones si no existe un “compromiso inequívoco” para ese control exterior. Junto con Hungría y Polonia, dos de los países pilotados por la extrema derecha, aboga por que la UE financie un muro o valla que separe Bulgaria y Turquía para impedir los flujos por esa vía, que se han incrementado notablemente (un 150% en el caso de la ruta de los Balcanes Occidentales). Grecia también ha anunciado la extensión de la valla que separa el país de Turquía.

La Comisión Europea rechaza financiar la construcción de vallas bajo la premisa de que corresponde a los estados miembros y que la UE puede aportar fondos para determinadas infraestructuras, como vigilancia de esas fronteras, pero no para levantar el muro como tal. La percepción del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, es diferente y considera que los servicios jurídicos avalan esa opción.  

Ocho países –liderados por Austria, pero entre los que se encuentran también Dinamarca, Grecia, Letonia, Eslovaquia, Malta, Estonia y Lituania– enviaron la víspera de la cumbre una carta a los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo pidiendo que destine más fondos y medios a la protección de las fronteras exteriores, al entender que el actual sistema de concesión de asilo está “roto” y que “beneficia sobre todo a los cínicos contrabandistas”, informa EFE. 

También se ha impuesto el mensaje de que la UE use todos los elementos que están en sus manos para forzar a los países a participar en el retorno de migrantes a los que se ha denegado el asilo. Para ello plantean, por ejemplo, la restricción en la política de visados con los países que no colaboren y fuentes europeas apuntan a que se pueden utilizar también los acuerdos comerciales, por ejemplo, como arma de presión. 

España no ve con buenos ojos esa propuesta en concreto. “España está a favor de una colaboración con países de origen y tránsito. Colaboración, apoyo y medidas financieras y no de retorsión o coercitivas”, expresó el lunes el secretario de Estado para la UE, Pascual Ignacio Navarro. “Somos partidarios en una línea con más incentivos positivos que negativos al tratar con terceros países. Introducir condicionalidad o restricciones como castigo para que haya más control de la migración irregular no creemos que ayude”, señalan fuentes gubernamentales. A pesar de que ese posicionamiento figura en el borrador de las conclusiones, en Moncloa se muestran satisfechos con la posición que va a mantener la UE al entender que se cumple su petición de tener en cuenta la colaboración con los terceros países. “Cada vez más estados se van dado cuenta de que tenemos razón”, argumentan.

También intentó contemporizar el alto representante de la UE, Josep Borrell, en un artículo en el que ponía el énfasis en los aspectos positivos de la migración. “El país que conozco mejor, España, no podría sostener su sistema socioeconómico sin decenas de miles de migrantes que vienen de Latinoamérica cada año”, señala el político catalán, que recuerda que sus abuelos fueron emigrantes en Argentina. “Por definición, la migración requiere que trabajemos con los países de origen y tránsito. Y la única forma de llegar a nuestros objetivos es con un espíritu de cooperación y respeto mutuo”, afirma el jefe de la diplomacia europea. 

La irrupción de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia reactivó el discurso antimigración desde uno de los grandes de la UE, aunque tiene una posición diferente respecto al reparto de refugiados frente a quienes apuestan por que los gestione el país que los recibe. Meloni ha puesto sobre la mesa un “código de conducta” para las ONG que en la práctica persigue que no faenen para salvar vidas en el mar. El Consejo de Europa ha censurado ese decreto. 

Pero Meloni y los discursos de la extrema derecha han arrastrado al PP europeo, que ha defendido la puesta en marcha de ese tipo de códigos a nivel comunitario para complicar la labor de las ONG. También han reactivado el debate sobre las plataformas de desembarco en terceros países, que fue una idea desechada ya en 2018, y apuestan por la construcción de una valla en el este frente a la posición de la Comisión.

Las controvertidas ayudas de estado

El otro gran debate que se sustanciará en la reunión de los líderes de la UE es el plan industrial verde que ha presentado la Comisión Europea para hacer frente a la ley de reducción de la inflación de Joe Biden, que amenaza a las economías europeas ante la posibilidad de que los beneficios que contempla la herramienta proteccionista suponga una fuga de empresas al otro lado del Atlántico, así como la competencia de China. 

La propuesta del gobierno comunitario pasa por flexibilizar las ayudas de estado hasta 2025, dos años más de lo establecido para hacer frente a las crisis de la pandemia y de la guerra. Pero esa opción, que satisface notablemente a Francia y Alemania genera rechazo en un nutrido número de estados miembros, que ven cómo esos dos países, con más músculo financiero, pueden salir ganando frente a los demás y poner en riesgo el mercado único. Holanda ha mostrado sus discrepancias, al igual que Italia y los países nórdicos. 

En una carta enviada recientemente por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, a los estados miembros les recordaba que de los 672.000 millones de euros en planes de subvenciones nacionales aprobados por Bruselas en virtud de las normas de emergencia Alemania impulsó el 53% y Francia, el 24%. Ese es el temor que tienen muchos países: que se rompa la igualdad de condiciones en el mercado.

España mantiene una posición intermedia y apuesta por flexibilizar las ayudas de estado, pero de forma temporal y muy focalizada en algunos sectores, como la movilidad eléctrica, los semiconductores, el hidrógeno o las energías renovables, entre otros. La prioridad de España es la reforma del mercado eléctrico, cuyo trabajo ha comenzado ya en el seno de la UE y se espera que haya una primera propuesta en marzo. 

“En ningún caso sin controles y que esté acotada en el tiempo a sectores específicos, porque luego cuesta mucho volver atrás”, explican fuentes gubernamentales sobre un el debate de las ayudas de estado que, en todo caso, no se cerrará en este Consejo Europeo, sino que los líderes pretenden mandatar ahora a la Comisión a que haga propuestas más concretas sobre los cuatro pilares en los que se sustenta su plan, además de apremiarle a que acelere en el desarrollo de un mercado de capitales más armonizado que permita financiar mejor proyectos de inversión.