La familia Bolsonaro dispondrá, en breves, de una poderosa arma de espionaje: Pegasus. Tendrá bajo su control un software muy sofisticado, diseñado y comercializado por la empresa israelí NSO Group, que en principio debería ser utilizado exclusivamente por los servicios de inteligencia. El corazón de ese programa es un “virus” poderoso y sofisticado, que “infecta” los teléfonos móviles de aquellos individuos a ser vigilados. Es lo que permitirá a los servicios rastrear en secreto todas las informaciones y actividades de la víctima elegida.
Podrá capturar desde cuentas bancarias hasta los contenidos de redes sociales y de los emails. E incluso cuando el teléfono esté apagado, el programa no pierde “funcionalidad”. Al contrario, puede accionar en forma remota el micrófono, escuchar y grabar conversaciones y acceder a toda la información: Gmail, Facebook, WhatsApp, Skype, Capta y Telegram.
La NSO afirmó, el año pasado, que el software solo puede ser comprado por servicios de inteligencia gubernamentales. Según la compañía, Pegasus se ha vendido a “clientes que pasaron por una selección rigurosa”. Afirman que estos productos “salvaron millones de personas” al prevenir, por ejemplo, ataques suicidas. En teoría es un instrumento clave para combatir bandas criminales del tráfico de drogas y seres humanos; pero varios hechos demuestran el uso de esta herramienta para espiar políticos opositores y a la prensa. Uno de los casos más dramáticos fue el del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Turquía.
La intención del entorno familiar del presidente brasileño apunta en esa dirección, según denunció UOL (una web del Grupo Folha de Sao Paulo). Buscaría apropiarse de un instrumento de gran eficacia, en vísperas de las elecciones de 2022 cuando Jair Bolsonaro jugará su reelección. Nada mejor, para ese entonces, que conocer ideas, acciones y enredos, de amigos y de opositores. “Quieren montar una Agencia Brasileña de Inteligencia paralela” indicaron fuentes consultadas por el medio.
Quien debe manejar ese recurso extraordinario es Carlos Bolsonaro, el segundo de los vástagos presidenciales y un experto en redes sociales e informática. Estuvo a cargo de esa misión durante la campaña electoral de su padre en 2018. Además, es concejal del municipio de Río de Janeiro.
Pero como las formalidades se imponen, la licitación para adquirir el software de NSO Group fue convocada el miércoles pasado, por el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, dos organismos competentes: el Ministerio de Seguridad Institucional, comandado por el general Augusto Heleno, y la propia Abin, resultaron excluidos de las negociaciones. El titular de la cartera de Justicia, el abogado y comisario Anderson Torres, lleva poco más de un mes y medio en el cargo; aunque es amigo del jefe de Estado. A mediados de esta semana, el funcionario emitió un comunicado donde informó de que la licitación persigue un único fin: “Adquirir una herramienta de búsqueda y consulta de datos en fuentes abiertas. Estas serán utilizadas por los organismos de seguridad (dependientes de Justicia) para enfrentar el crimen organizado”. El software Pegasus, vendido por Israel, se entrega con una cantidad limitada de licencias individuales (usuarios) y por un tiempo limitado, que en este caso será de 12 meses. En total se negociaron 246 licencias, de las cuáles 155 estarán en manos del ministro Torres. Esas serán “compartidas” (o transferidas) a la familia Bolsonaro, más concretamente al hijo Carlos. El resto de los permisos serán la “materia prima” para las investigaciones policiales sobre narcotráfico y otros delitos graves. En la presentación de ofertas, la empresa NSO cotizó por 11,7 millones de dólares, valor que casi duplica el presupuesto originalmente destinado al proyecto.
El episodio provocó un gran revuelo en el mundo político e institucional brasileño. En la evaluación de militares consultados por UOL, Pegasus abre las puertas para una sistemática invasión de móviles y ordenadores, con dos enormes facilidades adicionales: no hay cómo detectar dónde se origina el “ataque” y por consiguiente, el espionaje no requerirá de autorización judicial.
Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (el colegio profesional), consideró “muy grave” que Carlos Bolsonaro controle este sistema de vigilancia. Calificó la noticia como “una continuidad de la lucha de la familia Bolsonaro por romper el tejido institucional del país. Y calificó el caso como una ”privatización del Estado bajo el control de una única familia: el hijo del presidente, que no tiene ningún cargo en la esfera federal, interfiere en las licitaciones“.
El senador Randolfe Rodrigues, del partido Rede Solidaria, declaró que pedirá documentos sobre un viaje a Tel Aviv, en marzo pasado, encabezado por el ex canciller Ernesto Araújo. La misión era explorar la fabricación en Brasil de un spray nasal contra el coronavirus, como también de una vacuna israelí. Pero entre los 10 miembros de la delegación, apenas dos de ellos eran especialistas en la pandemia. Entre los demás figuró el tercer hijo de Bolsonaro, Eduardo, que es diputado federal. “Queremos saber si en ese viaje se negoció además la compra del Pegasus”. El diputado Marcelo Freixo, líder de la minoría en la Cámara, anticipó que va a reclamar la convocatoria de Carlos Bolsonaro para que declare ante el Congreso su participación en la licitación del sistema de vigilancia israelí. Pedirá que el concejal carioca informe sobre la actividad de Carlos en la SISBIN (Sistema Brasileño de Inteligencia).
De acuerdo con Freixo, en una reunión de gabinete del 22 de abril de 2020, el presidente Bolsonaro llegó a decir que él se nutría de datos a partir de un “sistema particular” de inteligencia. Dijo: “Esto es gravísimo. Carlos Bolsonaro quiere alimentar una ABIN clandestina para espiar y perseguir a los adversarios y periodistas. Revive así los peores momentos de la dictadura militar (1964-1985)”.
Pegasus es un programa cuya implementación ha sido muy cuestionada en el mundo. A través de ese instrumento, en 2020 fueron “intervenidos” los teléfonos de varios políticos catalanes, entre ellos Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña; y de Jordi Puigneró, concejal de la Administración Pública de la Generalitat. La ONG Citizen Lab se ha dedicado a investigar las actividades de Pegasus, por entender que ese programa es usado por “regímenes totalitarios” en la persecución de opositores. Una de las víctimas de ese software fue Amnistía Internacional, que denunció la intercepción del teléfono móvil de uno de sus directivos.
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