Al entrar la tarde del 10 de abril al auditorio Olacyr de Moraes, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro, era complicado adivinar que lo que estaba teniendo lugar era un encuentro entre grandes agricultores del estado de Pará, en el norte del país, y funcionarios de las áreas de agricultura y medio ambiente del Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
La reunión tuvo lugar en la capital, Brasilia, donde acudieron grandes propietarios latifundistas que tienen cultivos en suelo amazónico. Este colectivo apoyó la candidatura de Bolsonaro a las elecciones, de manera que esta primera convocatoria tuvo mucho éxito: con el aforo completo, muchos se quedaron sin poder entrar al recinto.
El encuentro, que duró cerca de cuatro horas, estuvo organizado por la Federación de Agricultura y Ganadería de Pará (Faepa), órgano dependiente del Gobierno, y dirigido por el secretario Especial de Asuntos de Tierras (Seaf), Luiz Antônio Nabhan García, antiguo presidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR), que envió las invitaciones a través de vídeos de WhastApp.
La ministra Teresa Cristina se ha felicitado por el apoyo al sector agrario, gran protagonista de la economía brasileña durante los últimos años. “Pueden tener la certeza de que el Gobierno del presidente Bolsonaro siente un aprecio y un cariño muy especial por los agricultores”, declaró. “El Estado de Pará fue uno de los que desde un primer momento le dio su voto de confianza”, insistió. Los grandes propietarios de tierras votaron a Bolsonaro, pero la población rural se inclinó por el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.
Las demandas de los agricultores se centraron en pedir la flexibilización e incluso eliminación de la fiscalización ambiental y criticaron a los organismos reguladores, el Ibama y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). La multitud, como cuenta la Agência Pública, era ruidosa, y en mitad de algunas declaraciones se escucharon gritos que acusaban a estas instituciones de ser un “cáncer” con el que el Gobierno “tiene que acabar” y de practicar “terrorismo de Estado”. Los productores abogaron por “deshacer esas porquerías de Unidades de Conservación (UCs)”.
También con desprecio, los agricultores se refirieron a otras áreas protegidas, como tierras indígenas y zonas sujetas a la reforma agraria. El lenguaje y el extremismo de las demandas fue tal que los representantes del Gobierno tuvieron que pedir al auditorio educación y respeto a las instituciones. Si las organizaciones medioambientales se echan las manos a la cabeza con las medidas de Bolsonaro, para los propietarios paraenses se queda corto.
En contra de la protección ambiental
“No queremos reformar órganos inútiles que solo consumen dinero público y perpetúan la corrupción”, afirmó Paulo César Quartiero, que hasta enero de 2018 fue vicegobernador de Roraima, Estado en el norte del país. Quartiero es conocido además por ser un férreo adversario de la causa indígena. Le han sido expropiadas varias propiedades como resultado del proceso de demarcación de tierras indígenas.
En 2008, cuando era prefecto de Pacaraima (Roraima), fue arrestado por la Policía Federal y acusado de intento de homicidio, conspiración y posesión de artefactos explosivos con los que habría llevado a cabo varios ataques contra población indígena, según la denuncia del Ministerio Público Federal. El caso, en el que habrían resultado heridas nueve personas, ocho de ellas por herida de bala, todavía sigue en los tribunales.
La proposición de Quartiero de eliminar las medidas ambientales y no tratar siquiera de reformarlas fue contestada por el anfitrión del evento, Nabhan García, que subrayó que el Gobierno actual no había “creado” ni aprobado las demarcaciones de tierras indígenas y advirtió de las consecuencias de eliminar instituciones medioambientales: “Aquí no hay espacio para la pirotecnia, discúlpeme. Si aquí hay alguien que sepa de Derecho, sabe lo que digo. Así no se termina con la Funai, el Ibama o el Incra”.
Funai atiende al acrónimo Fundación Nacional del Indio y es el órgano que desarrolla políticas de protección de los pueblos indígenas. Ibama es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Incra es el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que administra y limita el terreno. Pese a las complicaciones jurídicas de anular por completo estos organismos, el secretario insistió en que el Gobierno trata de aprovecharlos para favorecer a los agricultores.
“La Funai es responsable de identificar, delimitar, demarcar, autorizar el uso de la tierra, etc. (El Gobierno de Bolsonaro) le ha quitado estas funciones. No se puede acabar con la Fundación, pero se puede quitar lo que era nocivo y así lo hizo el Gobierno el primer día de enero, fiesta nacional, cuando tomó posesión”, explicó.
“Hay también en marcha una propuesta de reforma que ya está en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaria de Asuntos de Tierras, cuyo órgano ejecutor es el Incra, el nuevo Incra, que tiene buenas intenciones y va a promover cambios”, argumentó Nabhan Garcia, que también apuntó modificaciones en políticas destinadas a la población indígena.
Cuando le tocó el turno a Olivaldi, nuevo director de protección ambiental del Ibama, se le notaba nervioso. Hubo ruido en la sala y pidió silencio. Cuando arrancó a hablar, gustó a los agricultores: “Vamos a desembargar áreas susceptibles de desembargo. Es una promesa del Gobierno de Bolsonaro, del ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles. Estamos revisando esos embargos”, afirmó. “Intentaremos revertir el máximo posible de lo perjudicando. Lo vamos hacer, pero pido tiempo. No olviden que para cambiar mucho de lo que hemos dicho hoy aquí hace falta cambiar la porquería de ley”, explicó.
La protección ambiental, “peor que el Estado Islámico”
El ataque a los organismos de protección ambiental también fue secundado por los diputados que asistieron al encuentro. El diputado federal delegado Éder Mauro (Partido Social Democrático, PSD), coordinador de la bancada paraense en la Cámara de Diputados, y el senador Zequinha Marinho (Partido Social Cristiano, PSC) cerraron filas con los agricultores y apoyaron los ataques al Ibama y al ICMBio.
“Estamos presenciando las peores arbitrariedades que un Gobierno puede cometer contra sus ciudadanos. Ciudadanos que producen, que pagan impuestos”, exclamó Marinho. “Si el Señor escuchara a alguien de la región de la BR-163… Es un algo del otro mundo. Es peor que Estado Islámico en Siria”, llegó a decir. La BR-163 es una carretera que atraviesa once municipios del Estado de Pará donde, en 2006, el Gobierno de entonces delimitó varias zonas como áreas protegidas para llevar a cabo un plan de desarrollo sostenible en la región y mitigar el impacto que supondría el asfaltado de la carretera.
“Va a cambiar, amigo mío. Confíe. La bancada del Estado de Pará va a estar junto al ministro de la Casa Civil apoyando que el cambio llegue a todos allí. De la Sudam (Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia) hasta abajo, sea el órgano que sea. La gente quiere salir adelante y yo creo en el presidente Bolsonaro y en los hombres que él ha puesto aquí en Brasilia”, intervino el diputado Éder Mauro.
Mauro se tuvo que marchar antes de que terminase el evento, y aprovechó su interlocución para defender a los responsables de la segunda mayor matanza más grande en Brasil de los últimos 20 años, la Masacre de Pau d’ Arco, en la que murió un grupo de diez activistas. “En aquella ocasión, cuando la Policía estuvo en Pau d’Arco en nombre del Estado, para defender al propietario y sacar a los invasores de sus tierras, mató a todos los que se resistieron. Los agentes se convirtieron en bandidos”, criticó.
“Nuestro patrón, Bolsonaro”
“Todo lo que hemos tratado hoy aquí, lo hemos pedido a los gobiernos anteriores. Pero ahora tenemos un gobierno diferente, que comenzó hace cerca de 90 días. Estamos bajo el mandato de una autoridad mayor, electa por la mayoría del pueblo brasileño y se llama presidente Jair Messias Bolsonaro. Él es nuestro patrón”, sentenció Nabhan Garcia. En prácticamente todas sus intervenciones trató de exaltar la figura del presidente. “No pretendan que el Gobierno arregle en 90 o 100 días los errores de 34 años. Hay cánceres aquí que no pueden continuar haciendo lo que hacen y él necesita el apoyo de la población para hacer el cambio. Nadie legisla o gobierna solo” exclamó.
Un día después del encuentro, el presidente firmó un decreto en el Ministerio de Agricultura para convertir las zonas sancionadas por temas medioambientales en áreas de recuperación. Otros tres días más tarde, a través de un vídeo que hizo circular por redes sociales, el presidente desautorizó una operación en curso del Ibama de lucha contra la extracción ilegal de madera. Una semana después, en una transmisión en vivo por Facebook, Bolsonaro amenazó con eliminar la Funai y criticó la legislación ambiental vigente.