El Gobierno de Nicaragua lanza un ataque a gran escala contra la ciudad de Masaya, el bastión de los manifestantes

El Gobierno de Nicaragua ha lanzado este martes una ofensiva a gran escala contra el barrio indígena de Monimbó,  localizado al sur de la ciudad de Masaya, que se ha convertido en todo un símbolo de resistencia contra el Ejecutivo de Daniel Ortega en las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas y que se han saldado con cerca de 325 muertos. 

Los integrantes del Movimiento 19 de Abril de Masaya han denunciado este martes que miles de las denominadas “fuerzas combinadas” del Gobierno -formadas por agentes de policía y fuerzas paramilitares vinculadas a Ortega- han establecido un cerco alrededor de Masaya, a 29 kilómetros de Managua, para impedir el acceso de cualquier tipo de ayuda a la población. La ciudad lleva más de dos meses sufriendo el asedio por parte de las autoridades. 

El ataque ha comenzado sobre las 6 de la mañana hora local (12 del mediodía en España), según ha informado el diario nicaragüense La Prensa.

“Oren por nosotros”, ha pedido el líder del Movimiento, Yubrank Suazo, en sus redes sociales. “Estamos cercados”, ha compartido otro integrante de la organización comunitaria.

De acuerdo con La Prensa, la mayor parte de los habitantes de la localidad se han resguardado en sus casas para evitar los enfrentamientos, ya que ya temían que iba a tener lugar la ofensiva, mientras que varias decenas de jóvenes han continuado ofreciendo resistencia a los agentes de seguridad enviados por el Gobierno. 

Las carreteras que van hacia Masaya han sido cortadas por la Policía Nacional en distancias de hasta 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad.

“¡Atacan Monimbó! Comisión de Verificación y Seguridad está solicitando ingreso y esperan respuesta. Solicitan corredor humano para los heridos y las ambulancias. ¡Balas llegan hasta la iglesia parroquial!”,  ha urgido el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, a través de su cuenta en Twitter.

Los habitantes de Masaya han compartido en sus redes sociales fotografías, vídeos y audios de los ataques, en los que se observan policías y hombres encapuchados fuertemente armados disparando, así como maquinaria pesada destruyendo las barricadas que los manifestantes habían erigido para defenderse de las “fuerzas combinadas”.

Según ha informado Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), la ofensiva habría provocado la muerte del oficial de la Policía Nacional, Kevin Javier Rivera Lainez, en Monimbó, tras recibir un disparo en la cabeza.

Horas antes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió en Ginebra de que “la Policía, elementos armados y otros grupos violentos han llevado a cabo las denominadas 'operaciones de limpieza' en diferentes partes del país, quitando por la fuerza las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales”.

“La violencia es aún más horrible puesto que los elementos armados leales al Gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la Policía y otras autoridades estatales”, han resaltado desde la ACNUDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ACNUDH han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, pero el Ejecutivo lo niega.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas,  António Guterres, ha calificado de “inaceptable” el uso letal de la fuerza contra las protestas en Nicaragua. Además,  ha admitido que le preocupa de sobremanera la elevada cifra de muertos producto de la represión por parte de los grupos paramilitares “ligados al Estado”.

“Y por eso es tan importante que la violencia termine y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva (…).Desde las Naciones Unidas nos ponemos a entera disposición del gobierno nicaragüense para servir como mediador en este proceso”, ha declarado este martes Guterres en San José, Costa Rica, con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente. Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.