“Hacen falta señales entre hoy y mañana”. Eso dijo un alto representante de la Unión Europea este lunes. “De lo contrario, pondremos en marcha un plan B”, anunció. El ultimátum iba dirigido a los gobiernos de Hungría y Polonia por su veto a los 750.000 millones de los fondos de recuperación y los 1,074 billones del presupuesto de la UE para 2021-2027 por su oposición al mecanismo que vincula el dinero europeo al respeto del Estado de Derecho.
“Si las conversaciones de los próximos días van en la buena dirección, tenemos muchas posibilidades de ganar”, ha dicho el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras reunirse con su homólogo Mateusz Morawiecki en Varsovia. A la reunión asistió el líder del partido gobernante, el PiS, y hombre fuerte del país, Jaroslaw Kaczynski. Orbán también afirmó que Budapest y Varsovia coinciden en la importancia “de defender los tratados de la Unión Europea, los intereses nacionales y los fondos de la UE que corresponden a Hungría y Polonia”.
El primer ministro húngaro añadió que “la posición conjunta de Hungría y Polonia está ahora más cerca de la que representa la presidencia alemana de turno de la UE que hace un par de semanas”, si bien no concretó en qué se estaban acercando las posiciones, y añadió que las dos partes están “a un centímetro” del acuerdo en una entrevista con la cadena ​​Polsat durante su visita a Varsovia.
“Tenemos una buena oportunidad de cerrar todo este asunto esta semana durante la cumbre”, dijo Orban sin dar detalles: “Podemos llegar a un acuerdo que será un gran éxito”.
El portavoz del gobierno polaco, Piotr Muller, por su parte, habló del peligro de no salir del bloque, y advirtió de que si la UE no se mueve, “las posibilidades de un acuerdo son pequeñas. Necesitamos pautas claras para separar el Estado de derecho del presupuesto, no hay dudas sobre esto”.
Hungría y Polonia están siendo investigadas por la UE por sus retrocesos democrático, lo que las expone a perder con el nuevo mecanismo.
Si insisten en su veto, la alternativa es un plan B que otros líderes de la UE, encabezados por la canciller alemana Angela Merkel, están dispuestos a poner en marcha para dirigir efectivamente los fondos de estímulo a los otros 25 Estados miembros, excluidos Hungría y Polonia.
Fuentes diplomáticas explican que está sobre la mesa la posibilidad de ofrecerles una declaración diciendo que el mecanismo no va contra nadie en concreto –ni contra Viktor Orbán ni Mateusz Morawiecki–, que el Ejecutivo comunitario será “objetivo y tratará a todo el mundo por igual y que no se usará para presionar en otras áreas como la migración”, asunto este último que agita sistemáticamente el Gobierno húngaro. Según algunas fuentes, Morawiecki podría haber estado inclinado a aceptar esta declaración sobre cómo interpretar el mecanismo del Estado de Derecho puede apaciguar al gobierno pero, hasta el momento, Orbán sigue negándose. “Acordamos con los polacos una posición conjunta, no aceptar nada que sea inaceptable para el otro”, recordó Orbán.
Pero, si Orbán y Morawiecki siguen con el pulso, en las próximas horas los 25 –o 24, si Eslovenia sigue apoyando a Budapest y Varsovia– activarán un plan B, que puede pasar por un acuerdo intergubernamental –tipo MEDE– o una cooperación reforzada. “Necesitamos un acuerdo o señales claras de Polonia o Hungría hoy [por el lunes] o mañana. Si no lo tenemos, avanzaremos al plan B”, explicaban este lunes fuentes diplomáticas. Un plan B que bien podría activarse en la cumbre de líderes de la UE que se celebra en Bruselas este 10 y 11 de diciembre, en caso de no resolverse el contencioso.
Pero, de momento, las señales que llegan es que no se levanta aún el bloqueo, que también incluye el presupuesto de la UE para 2021-2027, 1,074 billones de euros, para lo cual el único plan B consiste en prorrogar el del año anterior de forma mensualizada, con lo cual no se habría partidas nuevas –fondo de transición justa, por ejemplo– y algunas, como son anuales, el programa Erasmus se caería.
Los dos países de Europa del Este, que son receptores netos de fondos de la UE que han ayudado a transformar sus economías desde su entrada en la UE, podrían perder 180.000 millones de euros entre el presupuesto plurianual y el fondo de ayuda.