La Junta de Castilla y León estudia un recurso contra la sentencia de Perla Negra aunque no da explicaciones políticas

La Junta de Castilla y León valora presentar un recurso sobre la sentencia del 'Caso Perla Negra' si no se viera satisfecho el daño a las arcas públicas, como ha adelantado el portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP). El Ejecutivo autonómico se encuentra haciendo “lectura al detalle” del fallo judicial de más de 300 páginas para ver si las indemnizaciones alcanzan a cubrir las expectativas.

“Una gran parte de las pretensiones que como acusación particular tenía la Junta de Castilla y León han sido vistas favorablemente por el Tribunal de Justicia y, desde ese punto de vista, leeremos con más detalle la sentencia para determinar si aquella parte de las pretensiones que no hemos visto satisfechas suficientemente determina la presentación de un recurso”, ha valorado el portavoz.

Fernández Carriedo ha señalado que, a pesar de que tres altos cargos del Ejecutivo autonómico están condenados, “la posición de la Junta fue muy clara al personarse” como acusación particular.En una primera valoración, el Gobierno autonómico consideró estar “parcialmente resarcido”.

El portavoz ha señalado su “respeto” por la sentencia y ha evitado responder a cualquier responsabilidad política a pesar de que, tanto él, como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, formasen parte del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera durante los años que ocurrió la trama.

Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Valladolid condenó este miércoles a los dos exviceconsejeros de Economía en la Junta de Castilla y León (PP) —Rafael Delgado y Begoña Hernández— por prevaricación en el caso del sobrecoste del edificio Perla Negra, que costó 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo por 34 millones de euros para un polígono industrial que nunca se construyó.

Además, Delgado —que ocupó cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía entre 2003 y 2011—, ha sido condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros 9 años y seis meses de inhabilitación para el empleo público por un delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

También han sido condenados seis de los empresarios encausados y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal —empresa pública extinta que compraba suelo industrial—, por un delito continuado de prevaricación.

En cuanto a las indemnizaciones fijadas a la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado y los empresarios Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes tendrán que pagar entre los tres 4,5 millones de euros. Además, Rafael Delgado y cuatro empresarios condenados —Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro— deberán indemnizar a la Junta de Castilla y León otros dos millones de euros.