El acuerdo entre Canarias el Estado para el reparto extraordinario de menores migrantes provoca una ola de reacciones

El acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central para darse un margen de 10 días para tener listo un texto para un reparto extraordinario de menores migrantes desde las Islas hacia el resto de comunidades ha provocado una ola de reacciones, tanto a favor como en contra. Como era de esperar, PP y Vox, antes incluso de conocer el texto, ya han manifestado que lo rechazarán, mientras que hay diferentes posiciones en las comundiades autónomas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sido de las primeras en defender el acuerdo para este reparto extraordinario y en afear al Partido Popular su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería. Saiz ha señalado que cuando las comunidades autónomas acogieron a 30.000 menores ucranianos, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el PP “no buscó polémicas ni acusó al Gobierno de nada”.

“Me hace pensar que la negativa del Partido Popular a acordar una solución que haga que la solidaridad de las comunidades autónomas sea a lo largo de todo el país, entiendo que solo pretende hacer daño al Gobierno o quizás, en este caso, sea el color de la piel lo que les haga negarse a esa modificación del artículo 35”, ha planteado.

Además, la ministra ha insistido en que la solución, más allá de este reparto puntual y extraordinario, debe ser la moficiación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y, en este sentido, ha reiterado que “el Gobierno tiene permanentemente la mano tendida” para esta reforma.

Una “buena noticia”

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado de “buena noticia” y de paso “relevante” el acuerdo. “Avanzamos bien, en el sentido positivo”, ha remarcado.

El Lehendakari ha explicado que el presidente de Canarias le ha llamado tras el encuentro que ha mantenido en Madrid con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que se ha cerrado el acuerdo y le ha trasladado que ha salido “satisfecho” de ese encuentro.

“Yo quiero ser hoy positivo, porque hemos dado un paso adelante gracias a la iniciativa que el Gobierno de Canarias y Euskadi pusimos encima de la mesa en la pasada Conferencia de Presidentes de Santander”, ha manifestado.

Por otra parte, ha expresado su deseo de que ese decreto ley incluyera los contenidos de la propuesta vasco canaria, entre ellos, un método de reparto basado en cinco variables, que atiende a cuestiones como la población, la tasas de desempleo, la riqueza del territorio y la solidaridad con el resto, todo ello “para un reparto equitativo y equilibrado de los menores” en el conjunto del Estado.

Según ha indicado, eso es “importante” porque “hasta la fecha hay comunidades que no están acogiendo a menores”. En este sentido, ha recordado que la tutela de las personas menores es una “obligación legal” porque “no pueden viajar por el Estado sin ningún tipo de control” porque se estaría “cometiendo una ilegalidad”.

Más financiación

Por su parte, Castilla-La Mancha ha expresado tras conocer el acuerdo su disposición a poder abrir nuevos centros para acoger a menores migrantes, pero ha demandado para ello la financiación del Gobierno central, tal y como ha expresado su consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

La titular castellanomanchega de Bienestar Social ha señalado que los recursos de acogida de la región “están prácticamente completos”. “Es verdad que tenemos plazas, plazas que tenemos reservadas para el último convenio del 2024, que llevamos desde estos meses anteriores esperando a que nos llegue la documentación para poder acogerlos y tendríamos que ver”, ha afirmado.

En todo caso, ha señalado que se trata de una realidad que el Gobierno central “tiene que asumir” y dar respuesta con la financiación pertinente. “Los demás podremos colaborar y aportar, pero no podemos pervertir nuestro sistema de protección, que es lo que pasaría si no tenemos la financiación y el apoyo del Gobierno estatal, que es el competente en esta materia”, ha remarcado Torijano.

Murcia, “harta”

El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha reaccionado afirmando que en su Ejecutivo “estamos hartos de los acuerdos bilaterales que nos afectan a todos, de los acuerdos que no respetan la cogobernanza y de los acuerdos que no tienen en cuenta la Región”.

“Estamos muy hartos de todas las políticas de imposición”, ha dicho el dirigente regional, quien ha insistido en que la ocupación en los centros de acogida de la Comunidad supera el 200%. “No tenemos más capacidad”, ha señalado, para preguntarse a continuación “cómo y en qué condiciones vamos a acoger a esos menores migrantes” y “con qué financiación”.

A su juicio, “lo que tiene que hacer el Gobierno de España es, de una vez por todas, asumir su responsabilidad y sentar a todas las comunidades autónomas y poner soluciones encima de la mesa”.

Vox y PP, en contra

Tanto PP como Vox, sin conocer los detalles del texto, han anunciado su rechazo al texto propuesto por el Ejecutivo de Canarias al Gobierno central poco después de conocerse el acuerdo.

“Por su puesto, en el momento en el que esa incitativa venga al Congreso nosotros votaremos en contra porque estamos en contra de las políticas de puertas abiertas. Y lo dijimos en su momento con ese inicial reparto de menores que aceptó el PP, que no iban a ser 300, que vendrían muchísimos más y al final la realidad se acaba imponiendo y lamentablemente nos da la razón”, ha explicado la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha reconocido no conocer el texto, pero pese a ello ha afirmado que su partido está en contra de un reparto de menores migrantes que no haya sido “consensuado” y para el que no se disponga de “una dotación presupuestaria necesaria”.

“No conocemos el decreto pero estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con dotación presupuestaria adecuada. Si no hay soluciones de largo alcance en lo referido a la inmigración irregular, habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias”, han indicado a Europa Press fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo. Cabe señalar que tanto la financiación como el consenso son puntos que ya formaron parte de la negociación entre el Estado y el PP, y que el Gobierno había aceptado esas peticiones, pese a lo cual los populares abandonaron el diálogo.

“A nosotros nos gustaría que el Gobierno entrase al problema de fondo. España tiene una crisis migratoria sin precedentes debido a la falta de política migratoria del Gobierno de España”, ha criticado.