La defensa del derecho internacional y de los derechos humanos de los palestinos suele ser respondida por Israel con ataques y tergiversaciones. La más habitual de ellas es identificar esa defensa con un apoyo a Hamás. Lo han sufrido recientemente diplomáticos, portavoces de Naciones Unidas e incluso el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, cuando en plena masacre en Gaza expresaban la mínima condena.
Ahora les ha tocado el turno al primer ministro belga Alexander De Croo y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, tras haber viajado a Israel y Egipto y haber dicho que la ley internacional debe ser respetada, que es “completamente inaceptable” la matanza “indiscriminada” de civiles, que no hay solución militar para el conflicto y que es preciso un alto el fuego definitivo. Israel ha acusado a ambos mandatarios de “apoyar el terrorismo” y de verter acusaciones “falsas e inaceptables”, a pesar de que desde todas las agencias de Naciones Unidas, así como desde múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos, se insiste en condenar el castigo colectivo al que se somete a la población de Gaza y en defender la vía política frente a la militar.
Que Israel incumple las resoluciones de la ONU y la ley internacional y que ha matado indiscriminadamente a civiles es un hecho incuestionable. Esta semana el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU ha recordado que “el 68% de los muertos en Gaza son mujeres y niños”. Y añadía: “Es lo peor que he visto nunca, no lo digo a la ligera (...). Es una carnicería completa”.
Más allá de estas declaraciones, está la intención anunciada por el Gobierno español de reconocer el Estado palestino, para lo que el presidente ha apelado a la comunidad internacional y en especial a los países europeos. “Valdría la pena que lo hiciésemos todos juntos, pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones”, señalaba Sánchez este viernes en la frontera de Egipto con Gaza.
El reconocimiento del Estado palestino
De los 193 Estados integrantes de las Naciones Unidas, 139 han reconocido el Estado de Palestina, entre ellos, Rusia, China, Sudáfrica o Brasil. Entre los que no lo reconocen están la mayoría de los países europeos, Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. De ellos, tres tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU: Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Esto inclina la balanza contra los intereses y derechos del pueblo palestino, sobre todo en lo que se refiere a Washington, que ha bloqueado varias resoluciones contra políticas ilegales israelíes.
En 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU, lo que le ha permitido poder adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a otros tratados de derechos internacional humanitario y de los derechos humanos.
Pero a pesar de ese reconocimiento en dicha Asamblea, la Autoridad Palestina sigue ejerciendo un control efectivo limitado o casi nulo -dependiendo de la zona- sobre el territorio que le corresponde según las resoluciones de la ONU.
Más allá del reconocimiento del Estado palestino es preciso impulsar medidas para que la creación del mismo sea posible
El reconocimiento del Estado palestino por parte de España lleva implícito el mensaje de que la cuestión palestina debe ser de una vez por todas desbloqueada. Tiene un importante valor simbólico, aunque en la práctica no implicaría ningún cambio de facto inmediato. La política de hechos consumados de Israel es más potente que cualquier resolución de la ONU a día de hoy, porque cuenta con el apoyo cerrado de la mayoría de la comunidad occidental, con Estados Unidos a la cabeza.
El peso de España en el orden internacional no es lo suficientemente fuerte como para modificar esta tendencia, pero podría abrir un cauce interesante en Europa y animar a alguna otra nación como Bélgica -con una sociedad que, al igual que la española, entiende la legitimidad de la defensa de los derechos de los palestinos- a seguir el mismo camino.
Tiene una carga simbólica añadida que esto haya sido planteado durante la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea y que, tras el término de la misma, le toque el turno a Bélgica. Pero chocará con la posición de otros países, algunos de gran peso como Alemania, que cierran filas en torno a Israel y miran hacia otro lado ante sus violaciones de derechos humanos.
La creación de un Estado palestino
Una cosa es que un país -o cien- reconozca el Estado palestino y otra, la presión e implementación de los pasos necesarios para la creación del mismo. La solución para una paz justa en la zona lleva décadas encima de la mesa en las conferencias de paz celebradas, con muchas palabras y escasos resultados. Tanto varias resoluciones vinculantes de Naciones Unidas como las declaraciones de líderes occidentales defienden la llamada solución de los dos Estados, que implica la creación del Estado palestino con plenos derechos e independencia en los territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel en 1967: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
Este Estado conformaría el 22% del territorio de lo que fue la Palestina histórica antes de la proclamación del Estado israelí en 1948. En 1947 el 70% de la población era palestina y el 30%, judía. El plan de partición propuesto por Naciones Unidas ese mismo año concedió el 44,8% del territorio de Palestina para los palestinos y el 54,7% para Israel, que recibió así el permiso para actuar como ente colonial en el territorio tras el fin del mandato de Reino Unido, la potencia colonial que había controlado Palestina de facto desde 1917.
La guerra que los países árabes vecinos declararon a Israel tras su proclamación de independencia en mayo de 1948 fue aprovechada por el ejército israelí para hacerse con más territorio.
Retirada de los más de 700.000 colonos
En la práctica la comunidad internacional occidental ha permitido a Israel seguir avanzando en el camino contrario a la vía del Estado palestino, con el enquistamiento de las negociaciones y la extensión de las colonias ilegales en territorio palestino. En las últimas dos décadas Israel no solo no ha dado pasos hacia los compromisos adquiridos, sino que en la práctica ha extendido notablemente su ocupación ilegal en Jerusalén Este y Cisjordania, pasando de los 200.000 colonos ocupando tierra palestina a finales del siglo pasado a los más de 700.000 en la actualidad.
Varias resoluciones vinculantes de Naciones Unidas exigen la retirada de esa estructura ocupante. La resolución 242, aprobada en 1967 por el Consejo de Seguridad de la ONU -y reiterada en otras resoluciones posteriores- establece “la instauración de una paz justa y perdurable” que pasa por “la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente conflicto” -en el que Israel ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcios- y el “respeto de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras”. Ha sido incumplida por Israel hasta el día de hoy.
La resolución 1515, aprobada en 2003 en el Consejo de Seguridad de la ONU, recuerda la validez de todas las resoluciones anteriores y reafirma la “visión de dos Estados, Israel y Palestina, uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas”, fronteras que a día de hoy controla Israel.
No hay Estado palestino posible sin la retirada de los más de 700.000 colonos que ocupan ilegalmente Cisjordania y Jerusalén Este
Fin del muro y del control de fronteras
No hay Estado palestino posible sin la retirada de todos los colonos israelíes de las tierras palestinas ocupadas. Ese paso implicaría también el desmantelamiento de toda la estructura de ocupación levantada por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este. Esto incluye el muro de más de seiscientos kilómetros, que priva a la población palestina del diez por ciento de su territorio y que impone un aislamiento entre pueblos y ciudades palestinas dentro de la propia Cisjordania.
Junto con los checkpoints -controles militares israelíes-, los asentamientos ilegales y las carreteras de uso exclusivo israelí, el muro fragmenta y separa el territorio palestino, convirtiéndolo en un conjunto de islas desconectadas entre sí.
Israel controla en los territorios palestinos las fronteras, el espacio aéreo y marítimo -también en Gaza- así como la gestión de los impuestos aduaneros. La creación de un Estado palestino supondría también el fin de todo este control, así como la dinámicas de apartheid aplicadas sobre la población palestina, que sufre un sistema de segregación de facto.
Serían necesarios otros pasos, entre ellos plantear soluciones para la desconexión territorial entre Gaza y Cisjordania.
La negativa israelí
Ese régimen de apartheid -definido como tal por organizaciones de derechos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la israelí B’tselem- cumple el fin de garantizar el control israelí de una parte importante de los territorios palestinos pero sin tener que asumir como propia a la población palestina.
El objetivo de ello tiene que ver con la llamada cuestión demográfica. En la defensa de un Estado judío, las autoridades israelíes se han afanado en mantener una población de mayoría judía. Si asumiera a la población palestina como parte de Israel, perdería esa mayoría judía. Por eso quiere territorios palestinos pero sin tener que asumir como ciudadanos a los palestinos, aplicando de facto esa discriminación, segregación y negación de derechos.
Etnocracia y limpieza étnica
La aceptación e integración de los palestinos en un hipotético Estado binacional -la alternativa a la solución de los dos Estados, lo que se llama a veces coloquialmente Israelstina- con plenos derechos para todos es otra vía democrática que han defendido intelectuales como el palestino Edward Said o el israelí Michel Warschawski, quienes resaltan la dificultad de los dos Estados por la bantustanización de Cisjordania y la disgregación de Gaza. Pero ese único Estado binacional tiene también sus propios obstáculos, entre ellos que Israel se opone, ya que implicaría renunciar a la mayoría judía.
Diversos especialistas e historiadores han definido Israel como una etnocracia, puesto que todas sus políticas giran en torno al empeño de privilegiar una etnia o religión, la judía -que en Israel está revestida de un concepto étnico, no solo religioso- y en mantenerla como la mayoría numérica.
Todos los pasos de Israel giran en torno al objetivo de mantener la mayoría numérica judía
Para ello Israel aplicó incluso mecanismos de limpieza étnica en 1948 -definida como tal por historiadores israelíes como Benny Morris o Ilan Pappé- con la expulsión de más de setecientos mil palestinos de su territorio. Con el mismo objetivo, en el presente ejerce ese régimen de apartheid antes mencionado. Estas prácticas explican el temor expresado por integrantes de Naciones Unidas ante el desplazamiento forzado de más de millón y medio de palestinos desde el norte al sur de Gaza durante estas seis semanas.
Frente al porcentaje de población palestina que ha seguido creciendo en los últimos años, algunos sectores de la política israelí defienden abiertamente otra expulsión de palestinos, es decir, otra limpieza étnica. En las últimas semanas hemos escuchado varias propuestas en ese sentido de integrantes del Gobierno israelí, que proponen la expulsión y reasentamiento de los palestinos de Gaza en otros países.
Décadas de palabras sin hechos
Llevamos décadas viendo conferencias de paz con muchas palabras y ningún hecho, mientras Israel sigue comprando tiempo y consiguiendo, de facto, extender su control sobre los territorios palestinos. Teniendo en cuenta los años perdidos -y con ellos vidas, seguridad, derechos, libertades- los pasos aquí mencionados deberían aplicarse con urgencia, a través de un calendario establecido por Naciones Unidas. La realidad es que no hay voluntad de la mayor parte de la comunidad occidental, pero si no hay líderes ni países intentándolo ahora, ¿cuándo si no?
Integrantes del Gobierno israelí anuncian que tras esta tregua de cuatro días los bombardeos sobre Gaza proseguirán durante al menos dos meses. El desplazamiento forzado de más de millón y medio de palestinos de Gaza se mantiene, impidiéndoles regresar a la mitad norte y condenándolos a ser refugiados internos.
La historia demuestra que sin presión real de la comunidad occidental Israel no variará su postura
Empujar hacia la paz y el respeto de los derechos
Para que un Estado palestino sea realidad es preciso pasar de la teoría a la práctica. La interrupción de relaciones con Israel hasta que respete los acuerdos de la ONU, el fin de la venta de armas a Tel Aviv, la imposición de sanciones o la suspensión de compras y contratos comerciales con empresas que violen los derechos humanos en Palestina son vías pertinentes planteadas por algunos países y por varios grupos políticos. La historia de este conflicto demuestra que los gestos sin hechos no son suficiente.
Sin un empuje contundente Israel no variará su postura. Junto a ello son importantes -incluso para el sentido mismo del derecho internacional- las iniciativas presentadas ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. Otro Israel es posible, como otra Sudáfrica fue posible. Pero sigue sin haber voluntad no solo de Israel, sino de la mayoría de la comunidad occidental, que ni siquiera pide un alto el fuego duradero.
Se necesita mucha presión política y diplomática llena de cultura de paz y de derechos humanos, precisa para garantizar igualdad, justicia y seguridad. Esa vía de derechos humanos y de paz beneficiaría no solo al pueblo palestino, sino a toda la sociedad israelí y al planeta entero. El resto de las sendas solo conducen a más ley de la selva, a más legitimación del abuso, al abismo.