Una investigación de la ONU revela las atrocidades cometidas por todas las partes en el conflicto de Etiopía

Una investigación de la ONU ha concluido que hay motivos razonables para creer que todas las partes involucradas en el conflicto que empezó hace un año en Etiopía han cometido, en diversos grados, violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad.

Las atrocidades tuvieron como víctimas principales a civiles que no tenían nada que ver con las hostilidades, entre ellos mujeres que sufrieron violencia sexual en una dimensión que los investigadores reconocen que todavía está por determinar.

La investigación que ha llevado a estas conclusiones ha sido conducida por una comisión conjunta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la Comisión Etíope de Derechos Humanos. Cubre el periodo que va del 3 de noviembre de 2020, cuando estalló el conflicto en la región de Tigray (norte del país), hasta finales del pasado junio, coincidiendo con la declaración de alto al fuego unilateral por parte del Gobierno central.

“Hay detalles de violaciones y abusos, que incluyen asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y basada en el género, violaciones contra los refugiados y desplazamiento forzado de civiles”, ha dicho Bachelet al presentar el informe a la prensa. “Nadie está ganando esta guerra temeraria que cada vez está engullendo a más zonas del país. Cada día hay más gente que sufre y muere”.

De acuerdo al relato de la situación en el terreno, la declaración unilateral de cese de las hostilidades ha tenido un impacto relativo en los niveles de violencia, puesto que desde entonces “todas las partes siguen violando los derechos humanos hasta el día de hoy” y las informaciones que llegan de abusos cometidos por las fuerzas tigrinas “se han multiplicado”, ha dicho la alta comisionada.

“El conflicto de Tigray se ha caracterizado por su extrema brutalidad”, ha declarado Bachelet, que ha añadido la necesidad de que los autores de ambos bandos “rindan cuentas” por la “gravedad y seriedad de las violaciones y abusos” documentados.

La ONU ha pedido que se garantice ya que habrá justicia para las víctimas de crímenes y, aunque esta responsabilidad recae inicialmente en las autoridades nacionales, ha dicho que debe mantenerse abierta la posibilidad de que un mecanismo internacional de investigación asuma esta tarea si es necesario para prevenir la impunidad que se ha visto en guerras recientes en distintas partes del mundo.

La guerra entre Tigray y el Ejecutivo central de Etiopía estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope ordenó una ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (FPLT) en represalia por un ataque contra una base militar federal y después de una escalada de tensiones políticas.

El informe no solo responsabiliza de graves crímenes a las fuerzas de los gobiernos central y regional (de Tigray) y a sus múltiples milicias y fuerzas aliadas, sino también al Gobierno de Eritrea, que tiene fuerzas desplegadas en la región del norte de Etiopía en apoyo al Gobierno de Adis Abbeba y que han cometido igualmente numerosas exacciones, según los hechos documentados en la investigación.

Torturas, violaciones y desplazamientos forzados

El informe relata varios episodios de actos brutales por razones étnicas, en particular masacres de miembros de la etnia amhara o de tigrinos, sobre los cuales se menciona que son actos que podrían corresponder a “ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil específica y por lo tanto serían crímenes contra la humanidad”.

Asimismo, se retrata una situación en la que la tortura se ha vuelto común, así como las detenciones en lugares secretos o bases militares y el saqueo y ataques contra viviendas, iglesias y hospitales, que en algunos casos estaban siendo utilizados como instalaciones militares, ha señalado la jefa de la sección de África Oriental y del Sur de la Oficina de Bachelet, Françoise Mianda. Una de las consecuencias de esta situación es que solo la mitad de los centros médicos y de atención sanitaria básica en Tigray están funcionando.

El informe también denuncia que todas las partes del conflicto han perpetrado violencia sexual y que sus miembros han estado implicados en actos criminales, incluyendo violaciones en grupo, con el fin de “degradar y deshumanizar a las víctimas”. De 30 entrevistas con mujeres supervivientes, los investigadores descubrieron que la mitad habían sido víctimas de violaciones en grupos y que entre ellas algunas habían quedado embazadas o adquirieron enfermedades sexualmente transmisibles. Sin embargo, “dado el estigma y el trauma relacionado con la violencia sexual, la comisión investigadora cree que la prevalencia de la violación es seguramente mucho más elevada que lo que podemos documentar”, reconoce el informe. 

Miles de civiles se han visto obligados a huir como consecuencia de los asesinatos, las violaciones, la destrucción y el saqueo de propiedades, el miedo a los ataques de represalia y como resultado de los ataques étnicos y de identidad, según la ONU. El informe señala que hay “motivos razonables” para creer que los desplazamientos forzados se cometieron a gran escala y sin justificación legal, pudiendo constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La organización también denuncia que Fuerzas Especiales de Tigre (FET) y las Fuerzas de Defensa de Eritrea (FDE) pusieron en peligro la seguridad y la vida de miles de refugiados al combatir en los alrededores del campo de refugiados de Shimelba, lo que provocó “el desplazamiento de miles de refugiados, la desaparición de cientos de ellos y la destrucción del campo”.

Estado de emergencia

El Gobierno de Etiopía ha declarado este martes el estado de emergencia en todo el territorio nacional para tratar de frenar la ofensiva de los rebeldes de Tigray, después de que estos lograran estratégicos avances sobre la vecina región de Amhara en los últimos días.

El estado de emergencia, que ha entrado en vigor este miércoles y se mantendrá por un plazo de seis meses (prorrogable, si es necesario). La medida, según el ministro de Justicia, Gedion Timothewos, se ha adoptado para frenar a las fuerzas tigrinas y evitar la desintegración del país.

“El Gobierno tiene la obligación moral y legal de proteger de sus enemigos internos y externos la existencia del país, la soberanía y la integridad territorial”, ha afirmado el ministro.

El estado de emergencia restringe el derecho de manifestación y, en general, de cualquier acto que interrumpa la producción o sabotee los servicios económicos esenciales. Todo aquel que pueda ser sospechoso de colaborar con fuerzas enemigas podría ser arrestado sin necesidad de una orden judicial y permanecer detenido mientras dure el estado de emergencia.

Además, se prohíbe diseminar información o propaganda en apoyo de los grupos considerados terroristas –como los rebeldes de Tigray– y portar armas de fuego, excepto para las personas autorizadas por las fuerzas de seguridad.

El decreto también permitirá que el centro de mando del estado de emergencia focalice las decisiones y que incluso, si lo considera necesario, movilice a los ciudadanos mayores de edad que tengan armas para recibir entrenamiento militar y poder combatir. En las partes del país más vulnerables también podrá suspender el liderazgo político local total o parcialmente para sustituirlo por otros dirigentes civiles o militares.

La alta comisionada de la ONU ha advertido este miércoles sobre las “medidas extremadamente amplias” del estado de emergencia. “Hay graves riesgos de que, en vez de estabilizar la situación,… profundicen las divisiones, pongan en peligro a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, provoquen un mayor conflicto y no hagan sino aumentar el sufrimiento humano que ya alcanza niveles inaceptables”, ha dicho Bachelet.