La Justicia belga apunta a otras dos eurodiputadas en el escándalo del Qatargate

La Justicia belga apunta a la participación de otras dos eurodiputadas socialdemócratas en el escándalo del Qatargate, la trama de sobornos en el seno del Parlamento Europeo en la que estaban implicados Qatar, Marruecos y una red de parlamentarios y asesores bajo el liderazgo del exparlamentario Antonio Pier Panzeri. Según ha publicado Politico, la orden de arresto de Andrea Cozzolino señala la participación de la belga Maria Arena, que ya se había visto salpicada públicamente y había renunciado a la presidencia de una comisión parlamentaria, y la italiana Alessandra Moretti.

Sus nombres figuran en la orden de detención internacional de Cozzolino, que perdió su inmunidad el pasado 2 de febrero, al igual que el belga Marc Tarabella. Tras la aprobación del suplicatorio en la Eurocámara, las autoridades belgas detuvieron el pasado viernes a Tarabella en el marco de una operación en la que se registró la sede del ayuntamiento de Anthisnes, donde es alcalde, así como de una caja fuerte alquilada por el también eurodiputado. Tras prestar declaración ante el juez, fue enviado a prisión provisional. Cozzolino, sin embargo, se encontraba en Nápoles y permanece bajo arresto domiciliario.

Con esas dos detenciones, se engrosa el listado de políticos entre rejas por la operación. La exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili permanece en la cárcel desde mediados de diciembre, al igual que su pareja, Francesco Giorgi, que era asistente parlamentario de Cozzolino. Antes había trabajado para Panzeri, que es considerado el cabecilla de la trama. El exparlamentario, que ahora ejercía como lobbista a través de una ONG llamada Fight the Impunity también está en prisión, pero ha alcanzado un acuerdo con la justicia belga a cambio de tirar de la manta.

En el caso de Maria Arena, la oficina de uno de sus ayudantes fue registrada en el mes de diciembre, aunque ella no ha sido reclamada por las autoridades. Lo que sí hizo, no obstante, fue apartarse como presidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento, donde había sucedido a Tarabella, con quien compartía asistente parlamentario. Moretti, que también forma parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas, no está vinculada con esa comisión, que es el epicentro de la trama. Preside la delegación de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia y forma parte de otras dos comisiones parlamentarias.

Este jueves estaba previsto que Kaili y Tarabella comparecieran ante el juez. El abogado de Tarabella ha pedido la recusación del juez de instrucción Michel Claise.

Por otro lado, diez eurodiputados han enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que cargan contra las condiciones del encarcelamiento en Bélgica de Kaili, informa la Agencia EFE. “Siempre hemos creído que un Estado de derecho maduro, que busca justicia y no venganza, puede medirse por cómo trata a sus culpables, no a sus inocentes. No hace falta pasarse de la raya”, reza la misiva que está firmada, entre otros, por Alessandra Moretti, ahora señalada por las autoridades. El abogado de la política griega ha denunciado “torturas” dado que asegura que estuvo tres días estuvo incomunicada, se le negó una segunda manta cuando hacía frío, pasó una noche con la luz encendida sin poder dormir y no se le permitió asearse durante horas. Además, solo ha visto en dos ocasiones a su hija de dos años.

Mientras continúa la investigación judicial el Parlamento Europeo sigue inmerso en la puesta en marcha de medidas anticorrupción. La Eurocámara ha vuelto a solicitar que se implementen algunas que ya fueron aprobadas en una resolución en diciembre, pero que no se han activado. Así, en una resolución aprobada por una amplia mayoría (401 votos a favor, tres en contra y 133 abstenciones), el Pleno reclama una mejor aplicación del Código de Conducta de los eurodiputados, incluidas sanciones económicas en caso de infracción; someter a los viajes sufragados por terceros países a un proceso de aprobación previa y efectuar un control adicional sobre los asistentes parlamentarios y el personal que trabaja en ámbitos políticos sensibles, en particular en asuntos exteriores, seguridad y defensa; o la exigencia de presentar declaraciones de patrimonio por parte de los diputados al principio y al final de cada mandato.

También reiteran la necesidad de imponer a los representantes de Marruecos la prohibición de acceder a la Eurocámara en los mismos términos que a los de Qatar. Sin embargo, dos meses después del estallido del escándalo los servicios jurídicos siguen analizándolo ante las dudas legales que suscita esa restricción en el caso de los diplomáticos. La Eurocámara también apremia a la Comisión Europea a no retrasar más la creación de un órgano ético interinstitucional para reforzar los controles en la UE.