La Justicia belga arresta a un eurodiputado involucrado en el Qatargate tras quedarse sin inmunidad

Nueva operación judicial contra la trama de corrupción en la que están involucrados Qatar y Marruecos por sobornar a políticos en la capital comunitaria. Las autoridades belgas han arrestado este viernes al eurodiputado socialista Marc Tarabella, que es uno de los implicados en el conocido como Qatargate. Tarabella es uno de los hilos a través de los que comenzó la investigación de la Fiscalía, pero su inmunidad impedía actuar contra él. Una vez que el Parlamento Europeo le quitó esa prerrogativa hace ocho días, ha sido arrestado para que declare ante el juez, que decidirá en las próximas horas si le deja en libertad o le somete a prisión provisional, que es la situación en la que se encuentran la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, su pareja, el asesor parlamentario Francesco Giorgi; y el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri.

Panzeri está considerado el epicentro de la trama corrupta y hace unas semanas alcanzó un acuerdo con la justicia por el que comenzó a tirar de la manta a cambio de una rebaja en su futura condena. Más allá de las sospechas que desde el inicio tienen los investigadores, el exparlamentario italiano apuntó directamente a Tarabella, a quien aseguró haber entregado 120.000 euros en efectivo. “Es sospechoso de haber apoyado ciertas posiciones en el Parlamento Europeo durante los dos últimos años en favor de un tercer país a cambio de pagos en efectivo”, recogía el informe sobre su inmunidad, que fue aprobado por unanimidad. 

Las autoridades belgas han llevado a cabo este viernes una serie de registros, entre ellos en una caja fuerte de Tarabella en la provincia de Lieja. Su domicilio fue uno de los registrados en la operación del mes de diciembre, aunque en aquella ocasión bajo la supervisión de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, por la inmunidad de la que en aquel momento gozaba. También han registrado varias oficinas del ayuntamiento de Anthisnes, una pequeña localidad situada en esa región.

El comunicado de la Fiscalía belga no dice nada sobre Andrea Cozzolino, que es el otro parlamentario bajo la lupa de la investigación por las sospechas de que participó desde 2019 “en cooperación con otras personas, en proteger los intereses de países terceros en el Parlamento Europeo, sobre todo impidiendo la adopción de resoluciones que pudieran dañar los intereses de esos estados a cambio de sumas de dinero”, según la resolución. A diferencia de Tarabella, Cozzolino sí declaró ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara para defender su inocencia. Ninguno de los dos ha renunciado al acta.

El procedimiento contra estos dos eurodiputados ha sido más lento debido a la prerrogativa de la inmunidad de la que gozan. En el caso de Kaili, sí pudo ser detenida -y permanece en prisión provisional desde diciembre- porque la Policía pudo alegar que la pilló en “flagrante delito” al avisar de la redada a su padre, que trató de huir de un hotel en Bruselas con una maleta cargada de billetes.

Mientras continúa la pata judicial, en el Parlamento Europeo siguen intentando sacar adelante medidas que incrementen los controles y la transparencia, pero es un proceso lento. El pasado miércoles, los presidentes de los grupos parlamentarios avalaron el plan de la presidenta, Roberta Metsola, que contempla 14 puntos entre los que se encuentra la imposición de un periodo de seis meses para evitar las puertas giratorias de los parlamentarios a los lobbies (es de dos años en el caso de la Comisión Europea), un incremento en la información que los parlamentarios tienen que dar sobre su actividad, la prohibición de los grupos de amigos de terceros países o la obligatoriedad de que las organizaciones estén dadas de alta en un Registro de Transparencia para ejercer su labor ante la Eurocámara, entre otros.

Una vez aprobadas, la Eurocámara irá implementándolas poco a poco. Algunas pueden estar listas en dos meses, pero otras tardarán más tiempo porque requieren cambios sustanciales de las reglas vigentes. Para el grupo de La Izquierda, las medidas son insuficientes y se quedan lejos de las exigencias que se aprobaron en el Pleno en diciembre tras el estallido del Qatargate. Según el comunicado de la Eurocámara, se trata de un “primer paso” y más adelante “se considerarán otros, incluidas medidas a medio y largo plazo que se incorporarán en un proceso de reforma más amplio”.

Por su parte, la Comisión Europea también ha tomado precauciones tras las revelaciones de corrupción y ha paralizado los contratos que tenía con una de las organizaciones presuntamente vinculadas con la trama. El director general de No Peace without Justice, Niccolò Figà-Talamanca, fue detenido en diciembre, en el primer golpe judicial contra la trama, aunque fue liberado con una pulsera electrónica. Según explicó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, la semana pasada, se han suspendido dos proyectos que estaban en marcha con esa organización con la que el gobierno comunitario trabaja desde el año 2006. En total, se firmaron nueve contratos en ese periodo por un importe de 2,7 millones de euros de los que siete ya han finalizado. A la espera del análisis que haga la Comisión, se han paralizado 1,4 millones de euros por los otros dos proyectos que han quedado en stand by.