Fátima Quintana Gutiérrez, una adolescente de 12 años, regresaba de la secundaria el jueves 5 de febrero de 2015. Eran cerca de las tres de la tarde y estaba a unos metros de su casa en Lerma, Estado de México, cuando tres vecinos la privaron de la libertad, abusaron sexualmente de ella, le fracturaron huesos, la apuñalaron 90 veces y finalmente le arrojaron tres rocas sobre la cabeza. Pese al horror del crimen y la violencia de género que entrañaba, las autoridades estatales catalogaron este caso como homicidio, no como feminicidio.
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, temía que el crimen quedara impune, y desde el principio pidió a las autoridades clasificar el caso como feminicidio, pero no tuvo éxito. Las autoridades no investigaron este caso con perspectiva de género, pese a que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que pide que todos los casos de muertes violentas de mujeres se investiguen con ese protocolo.
“Me di cuenta que querían invisibilizar el asesinato mi hija. El caso fue investigado como un homicidio. La persona que no quería clasificarlo como un feminicidio fue una juez mujer. Ella decía que no se podía clasificar como feminicidio porque no estaban seguros si a la hora del asesinato Fátima ya menstruaba”, recuerda Gutiérrez en entrevista telefónica con mexico.com. “Era una niña de 12 años, no importa que no hubiese reglado. En qué cabeza cabía salirse por ese lado”, agrega su madre de 48 años, quien vive en una casa de seguridad que le otorgó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) desde hace meses con su familia, tras ser amenazada por el caso.
Lorena Gutiérrez asegura que no podía creer los argumentos y excusas que recibía en los ministerios públicos, las fiscalías y los juzgados del Estado de México. “Desde el principio nosotros, y a través de todos los juicios, nos dimos cuenta de cómo se les ayuda a estos feminicidas en lugar de a las víctimas”.
A pesar de encontrarse en una situación a contracorriente, Lorena siguió peleando en tribunales. Casi dos años después, en diciembre de 2016, el Poder Judicial del Estado de México determinó que hubo agravantes y pruebas de la violencia de género contra Fátima, así que el caso fue reclasificado como un feminicidio.
Pero esa victoria legal era apenas un primer paso. El feminicidio de Fátima sigue sin cerrarse del todo.
Este martes publicamos que la falta de una perspectiva de género por parte de las autoridades ha generado que existan feminicidios de niñas y adolescentes mal clasificados y que por ello podrían estar ocultos tras las cifras de homicidios dolosos.
En el 2015 —año en que mataron a Fátima— hay registrados 50 feminicidios contra menores de edad que están clasificados como tal, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); y en ese mismo año además se registraron 193 asesinatos de niñas y adolescentes, pero fueron catalogados como “homicidios dolosos”.
“Se los di en charola de plata”
El día del feminicidio, Luis Ángel Ataide Reyes , Misael (en aquel entonces menor de edad) y José Juan “H”—vecinos de Fátima— fueron vistos por algunos testigos desde que la estaban “cazando”, narra la madre. Así que Lorena, su esposo y más habitantes de Lupita Casas Viejas, en Lerma, los buscaron y encararon.
A los sujetos se les encontró ropa de Fátima y una navaja ensangrentada. El pueblo entero casi los lincha, pero fueron entregados a las autoridades.
“Mi familia y yo entregamos a los tres (sujetos) el mismo día de los hechos. Se los di en charola de plata y ni con eso les bastó a las autoridades. Ellos (las autoridades) los están dejando libres porque no hicieron su trabajo, no hubo tiras reactivas para comparar perfiles genéticos, ni tampoco están tomando los testimonios de 17 personas que los vimos, ni las pruebas como la ropa ensangrentada”, dice Gutiérrez.
Luis Ángel fue sentenciado a 73 años de prisión, y Misael, por ser menor de edad, recibió una sentencia de cinco años, pero José Juan “H” fue liberado y absuelto el 8 de junio de 2017 al no hallar pruebas en su contra, informó El Universal.
Precisamente tras la salida de prisión de este último, la familia Quintana Gutiérrez fue amenazada de muerte y su vivienda fue tiroteada; en ese momento, sus integrantes tuvieron que ser desplazados a una casa de seguridad que les dio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).
A pesar de estar en las sombras, la familia de Fátima mantiene una lucha legal para conseguir que José Juan, a quien también señalan de haberlos amenazado, vuelva a prisión. “Interpusimos un recurso de revisión de amparo directo que está conduciendo un tribunal colegiado de circuito. Lo que se busca es tratar de revertir la sentencia de segunda instancia de apelación para que se reabra el juicio y tengamos la oportunidad de acreditar la responsabilidad de uno de los agresores que fue liberado”, explicó a mexico.com el abogado de la familia, Rodolfo Domínguez Márquez, quien también es coordinador general de la asociación civil Justicia Derechos Humanos y Género.
La reclasificación del feminicidio
Rodolfo Domínguez ha peleado para que los casos de feminicidios sean reclasificados. Él explica que muchos jueces en México intentan desestimar y negar la violencia feminicida, haciendo caso omiso a las lesiones de las víctimas y contextos de violencia. Esta situación, detalla, empeora cuando se trata de feminicidios contra niñas y adolescentes, pues para muchos juzgadores las niñas no son mujeres y por tanto su caso no puede ser un feminicidio.
“Es verdaderamente absurdo pero hemos documentado casos donde hay jueces que consideran que como son niñas no se trata de mujeres y no conciben el feminicidio”, dice Domínguez.
El abogado agrega que sí existen casos donde se logran reclasificar los feminicidios, sin embargo, se trata de procesos tardados y que normalmente hay fallos a favor cuando existe una presión social y mediática.
“Son batallas complicadas, de muchísimo trabajo y de recursos y más recursos para poder evidenciar que la violencia de género es característica del feminicidio”, agrega el jurista.
Para la abogada Karla Michel Salas, quien también ha acompañado casos de feminicidios, explica que el sistema judicial mexicano no está diseñado para atender a las víctimas y las revictimiza.
“Es muy importante que las familias utilicen todas las herramientas jurídicas precisamente para exigir sus derechos, como puede ser la reclasificación de un homicidio a feminicidio. Y no es lo más importante la reclasificación, sino que con la reclasificación se obliga al ministerio público a agotar todas las líneas de investigación para decir que ese crimen fue por razones de género”, agrega Salas.