Michel Barnier marca las líneas del nuevo Gobierno francés mirando a la derecha y apelando al control migratorio

57 rue de Varenne, Hôtel de Matignon. Es la dirección de la residencia oficial del primer ministro francés, a un kilómetro escaso de la Asamblea Nacional, donde Michel Barnier ha pronunciado este martes su primer discurso de política general. A veces los políticos y periodistas hablan del “infierno de Matignon” para referirse a este cargo, que en el sistema francés sirve de pieza intermedia entre el presidente y la cámara parlamentaria, a menudo enfrentado con, al menos, uno de los dos.

En su configuración más habitual, el primer ministro se apoya en la mayoría parlamentaria para gobernar y ejecutar la visión política del jefe de Estado. A veces en buena armonía, otras en permanente tensión, incluso cuando ambos pertenecen a la misma fuerza política. Algunos primeros ministros se resignan a que los presidentes los traten como simples ayudantes –Nicolás Sarkozy se refería a François Fillon como “mi colaborador”–. Otros tienen que convivir con ambiciosos jefes de Gobierno que aspiran abiertamente a la presidencia, como fue el caso de François Hollande y Manuel Valls.

Cuando el primer ministro no dispone de mayoría absoluta su trabajo es mucho más difícil, obligado a buscar aliados entre sus rivales o a gobernar por decreto. Fue el caso de Élisabeth Borne la pasada legislatura, encargada de sacar adelante medidas impopulares como la ley sobre la inmigración y la reforma de las pensiones en una Asamblea hostil.

La de Michel Barnier es una situación aún más precaria. “Las elecciones legislativas de principios de julio han dado paso a una Asamblea Nacional dividida como nunca antes desde 1958. Ningún partido político dispone de mayoría absoluta”, ha reconocido este martes en su primera comparecencia ante la Asamblea Nacional, en un ambiente marcado por las protestas de una parte de los diputados de la coalición progresista Nuevo Frente Popular, primera fuerza en el arco parlamentario. “Pero los franceses no nos perdonarían que nos quedáramos inmóviles durante los próximos tres años y nos piden respuestas urgentes a algunas de las principales demandas”.

En el sistema político francés, a diferencia del español, la elección del jefe de Gobierno no depende de una sesión de investidura, sino que es nombrado directamente por el presidente. El primer ministro puede solicitar la celebración de un voto de confianza, pero no es obligatorio y Michel Barnier había confirmado que no se sometería a la aprobación de la Asamblea. No obstante, cuando toma posesión del cargo es habitual que dé un discurso de política general ante la cámara baja del Parlamento para definir las líneas de acción que el Ejecutivo se propone llevar a cabo y, por tanto, exponer las principales reformas deseadas, con un calendario y una lista de prioridades.

Es un ejercicio delicado con el actual equilibrio de fuerzas, en el que el Parlamento tiene una influencia decisiva sobre el Ejecutivo y sobre el jefe de Estado, cuando en Francia lo normal es que sea al revés. Barnier ha prometido “escuchar y respetar a todos y cada uno de los diputados, aunque este respeto no sea siempre recíproco”. 

El primer ministro ha esbozado sus cinco ámbitos prioritarios: poder adquisitivo, servicios públicos –con la educación y la sanidad a la cabeza–, seguridad, inmigración y “fraternidad”.

Minoría en la Asamblea

Aunque no se puede hablar de cohabitación, Barnier (Los Republicanos) no pertenece al partido del presidente (Renacimiento) y solo cuenta con el respaldo directo de los 47 diputados de su formación, de los 577 de la Asamblea.

En las últimas elecciones, los conservadores de Los Republicanos (LR) consiguieron menos del 5% de los votos, y además rechazaron formar parte del frente republicano. La alianza entre su partido y la coalición presidencial de centro-derecha permite a Barnier reivindicar una base de, según ha estimado el propio primer ministro, “unos 220 o 230 diputados”, lejos de la mayoría absoluta (289), pero superior en número al bloque de izquierda y a la extrema derecha.

Para reforzar ese apoyo, Barnier ha diseñado un Gobierno que se inscribe en la continuidad de los anteriores, pero acentúa la presencia de ministros de derecha y minimiza las personalidades de centroizquierda, que sí estuvieron presentes en anteriores ejecutivos bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Además, su partido es mayoritario en el Senado, donde la suma de los senadores de LR y los de centro alcanza 229 escaños (de 348).

No es casualidad que el nuevo Ejecutivo cuente con un número inhabitual de exsenadores y es previsible que el recorrido parlamentario de muchos de los textos legislativos se organice de forma que el Senado pueda dominar su redacción. Aunque en Francia, como en España, es la cámara baja la que tiene la última palabra.

Los textos que tratan del presupuesto pueden ser aprobados por decreto recurriendo a un artículo 49.3 de la Constitución. Para el resto, el que fuera negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, deberá conseguir apoyos en otros partidos. A corto plazo necesita además asegurarse de que los otros dos grandes bloques de la Asamblea (izquierda y extrema derecha) no se unan para votar juntos una moción de censura.

La inmigración, cuestión central

En este contexto, la declaración sobre política general cobraba una especial importancia. Todos los partidos estaban atentos a ella, especialmente el de la ultraderechista Marine Le Pen, a la que la que Macron ha situado en posición de árbitro sobre el futuro del Gobierno con el nombramiento de Barnier. Los diputados de la formación lepenista, Agrupación Nacional, son decisivos en una eventual moción de censura –los legisladores del Nuevo Frente Popular han anunciado que presentarán una en los próximos días–.

Así que se esperaban guiños de Barnier a la extrema derecha, especialmente en materia de inmigración, un tema en el que Barnier ha venido adoptando un tono cada vez más duro en los últimos años. “Michel Barnier parece haber hecho sobre la inmigración la misma constatación que nosotros”, afirmó Marine Le Pen, poco después del anuncio del nuevo primer ministro.

Este martes, Barnier ha abordado el tema en la parte final del discurso, asegurando que es una cuestión que quiere tratar “con pragmatismo”. Ha defendido que se ejecuten las órdenes de expulsión ya dictadas y que se alargue el periodo de retención obligatoria para las personas a las que se ha ordenado dejar el país. “Se han emitido más de 100.000 órdenes en este país, pero decenas de miles de migrantes irregulares permanecen indebidamente en nuestro territorio”, ha dicho, afirmando que Francia “ya no controla satisfactoriamente su política migratoria”.

El nombramiento del nuevo ministro de Interior ya había mandado un primer mensaje en este sentido. Su nuevo titular, Bruno Retailleau, utiliza una retórica muy similar a la de la extrema derecha y ha repetido en varias ocasiones, antes de llegar al cargo, su intención de suprimir de suprimir la ayuda médica del Estado, que organiza la sanidad universal actual en Francia. El ministro espera modificarla a través de nueva legislación, sustituyéndola por una ayuda médica de urgencia para los migrantes en situación administrativa irregular, restringiendo su acceso al sistema, a pesar de que ese cambio cuenta con el rechazo de –entre otros– todo el sector sanitario.

“La inmigración no es una oportunidad”, afirmó el domingo Retailleau en una entrevista en televisión, desatando una importante polémica. “Nuestra cultura es judeocristiana. (...) ¿Cómo pretendes integrar a los jóvenes que dudan de eso, a los que se les dice que Francia no es amable, que es culpable de todos los crímenes?”, insistió el ministro, que además reclama la celebración de un referéndum sobre la inmigración.

Además, Retailleau, como varios de los nuevos ministros del Gobierno Barnier, católicos y muy conservadores, tienen un largo historial de voto en contra de avances sociales: matrimonio homosexual, inscripción del derecho a la aborto en la Constitución o la ley de “atención a menores que están cuestionándose su género”.

Contrapeso

Por otro lado, el ex primer ministro macronista Gabriel Attal y los diputados de centro buscan posicionarse como contrapeso para impedir una deriva excesiva hacia la derecha. En ese caso, la política del Gobierno podría acabar por fracturar el bloque central que ya comienza a plantearse su futuro de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y que ha perdido a varios diputados de su ala izquierda, desencantados con el rumbo del presidente y el nuevo Ejecutivo. Una cuestión particularmente sensible en el Parlamento francés, en el que la disciplina de voto es mucho menos férrea que en el español. De momento, Attal se ha comprometido ante esos diputados a exigir a Michel Barnier garantías de que “no habrá vuelta atrás en la reproducción asistida, el aborto o los derechos LGTB”. El primer ministro ha aludido a esta cuestión, asegurando que no se tocarán estos derechos.

Además, otros dosieres importantes esperan en el escritorio del primer ministro. Uno es el de Nueva Caledonia, donde se prolongan las protestas violentas y los bloqueos de carreteras desde hace meses. Otro es el de la deuda pública y la fiscalidad. La cuestión de una posible subida de impuestos, planteada por el primer ministro para sanear las finanzas públicas, también ha sido recibida con hostilidad por los centristas.

En este sentido Michel Barnier ha afirmado el martes que considera que la situación “exige hoy un esfuerzo específico, limitado en el tiempo, un esfuerzo compartido en demanda de justicia fiscal”. “Ese reparto del esfuerzo nos llevará a pedir la participación en la recuperación colectiva de las finanzas, a grandes y muy grandes empresas que obtienen beneficios importantes”, ha agregado.

Barnier también ha anunciado su voluntad de pedir “una contribución excepcional a los franceses más ricos”. “La verdadera espada de Damocles no es la que pesa sobre mi Gobierno, sino la que pesa sobre los franceses: la deuda presupuestaria”, ha dicho el nuevo primer ministro.

Al mismo tiempo, ha afirmado que el poder adquisitivo será uno de los ejes de su gobierno y anunció la convocatoria de negociaciones con los actores sociales para “reflexionar sobre las modificaciones justas de la ley sobre la reforma de las pensiones”. El mismo día, miles de personas se habían manifestado en varias ciudades convocadas por varios sindicatos para garantizar que el Gobierno “respondiera a las necesidades sociales”.

Por último, en el capítulo internacional, el nuevo primer ministro francés ha reafirmado su “solidaridad con el pueblo ucraniano” y con “todos los rehenes [en manos de Hamás] cuya liberación exigimos, incluidos nuestros compatriotas”. “También pensamos en todas las víctimas civiles palestinas”, ha dicho, llamando a un alto el fuego inmediato. “La clave de una paz duradera y de la estabilidad en esta región reside en la solución de los dos Estados”, ha concluido.