Un contundente informe de la ONU que analiza la justicia racial tras el asesinato de George Floyd pide a los países que “desmantelen” el racismo sistémico y pongan fin a la “impunidad” por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
El documento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos examina 190 muertes en todo el mundo de personas africanas y afrodescendientes causadas por agentes del orden, el 98% de las cuales tuvo lugar en Europa, América Latina y Norteamérica, en su mayoría durante los últimos diez años.
El análisis demuestra que los agentes de policía rara vez tuvieron que rendir cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las personas afrodescendientes, “en parte debido a deficiencias en la investigación de esos actos, la carencia de una supervisión sólida e independiente y de dispositivos de denuncia y rendición de cuentas, y a una 'presunción de culpabilidad' generalizada que pesa sobre las personas afrodescendientes”, explica un comunicado de la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet.
Con raras excepciones, en las pesquisas, los procesamientos, los juicios y las decisiones de los tribunales no se tuvo en cuenta el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios institucionales podrían haber desempeñado en los asesinatos, reza el documento.
El informe analiza en detalles siete casos considerados emblemáticos: los de Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto (Brasil); de George Floyd y Breonna Taylor (Estados Unidos); de Kevin Clarke (Reino Unido); de Janner (Hanner) García Palomino (Colombia) y de Adama Traoré (Francia).
También recuerda que la movilización mundial “ha forzado un reconocimiento largamente postergado del racismo y recentrado los debates en la naturaleza sistémica de este fenómeno y en las instituciones que lo perpetran”. La oficina de la alta comisionada recibió en junio de 2020, poco después del asesinato de Floyd, el mandato de preparar un informe exhaustivo sobre el racismo sistémico y las violaciones perpetradas por los agentes del orden.
“El statu quo es insostenible”, dice Bachelet en el comunicado. “El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica. Es preciso aplicar una estrategia de amplio espectro y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. Necesitamos un enfoque transformador que aborde los ámbitos interconectados que impulsan el racismo y desembocan reiteradamente en tragedias que podrían evitarse, como la muerte de George Floyd”.
En muchos casos, las víctimas no representaban una amenaza
Tras analizar los 190 casos, el informe indica tres contextos principales en los que suelen producirse las muertes relacionadas con la acción policial.
El primero es la actuación de las fuerzas del orden ante “delitos leves, en controles de tráfico y en otros controles policiales”, como en los casos de George Floyd, Adama Traoré y Luana Barbosa dos Reis Santos. El segundo, dicen, es la intervención de agentes en la respuesta inicial “ante una crisis de salud mental”, como en el caso de Kevin Clarke. El tercero son las operaciones policiales especiales, como en los casos de Breonna Taylor, Janner García Palomino y João Pedro Mattos Pinto. Muchas de estas intervenciones se han descrito como operaciones de la “guerra contra las drogas” o relacionadas con pandillas.
En muchos de los casos examinados, la información disponible sugiere que las víctimas “no representaban una amenaza inminente de muerte o lesiones graves ni para los agentes del orden ni para el público, que justificara el grado de fuerza utilizado”, apunta el documento.
Además, en estos tres contextos, los prejuicios, los estereotipos y los perfiles raciales “intervienen de manera recurrente”. “Al parecer, las deducciones de los agentes del orden se siguen rigiendo por representaciones o percepciones erróneas y estereotipadas de las cosas y las personas que representan un peligro. Esta situación se ve agravada por factores interseccionales. Los estereotipos raciales se han traducido presuntamente en el uso indebido de la fuerza y en la falta de una atención adecuada en casos en que las fuerzas del orden han intervenido como equipo de respuesta inicial ante personas que sufrían crisis de salud mental”.
El informe hace hincapié en que en muchos países escasean los datos desglosados y exhaustivos oficiales relativos a las muertes de personas afrodescendientes a manos de agentes de policía.
“Se sienten continuamente traicionadas por el sistema”
El análisis se basa en consultas con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes, más de 110 respuestas por escrito y en consultas adicionales con expertos destacados, así como con familiares de víctimas.
Los familiares de las personas que fallecieron en estas circunstancias han expresado al alto comisionado “su ferviente deseo de esclarecer la verdad acerca de la muerte de sus seres queridos, y pidieron que los responsables rindieran cuentas de sus actos y que se evitara que otras personas sufrieran una suerte similar”.
Según el informe, las consultas revelan que las personas afrodescendientes “se sienten continuamente traicionadas por el sistema”, y que los problemas que afrontan para acceder a la justicia “se asemejan llamativamente entre sí con independencia del país de que se trate. Muchos expresaron una profunda falta de confianza en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia penal, principalmente debida a la impunidad”.
Uno de los motivos de preocupación que se plantearon continuamente fue “la excesiva vigilancia de que son objeto las personas y las comunidades negras, que les hace sentirse amenazadas en vez de protegidas”.
Con frecuencia, reza el documento, “las víctimas y sus familiares deben luchar para que se haga justicia, sin el apoyo debido y sometidos a una vigilancia excesiva y traumatizados”. Además, los familiares denuncian “la falta de acceso a asistencia jurídica y apoyo psicosocial adecuados, ante procesos que suelen ser largos y agotadores desde el punto de vista financiero y emocional”.
En numerosos casos, sostiene el texto, “el trauma psicológico y físico duradero abarca a comunidades enteras”. “Algunos de los interesados temen ser víctimas de represalias y acoso. La frecuencia con la que se presenta a las víctimas como 'merecedoras' del trato que recibieron de los agentes del orden resulta especialmente difícil para los familiares”.
“Varias familias me hablaron de los sufrimientos que han padecido en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y de la oprobiosa presunción de que sus seres queridos, de algún modo, ‘se lo merecían”, dice Bachelet. “Es desolador que el sistema no les apoye. Eso debe cambiar”.
“Ningún Estado ha asumido su responsabilidad por el impacto del racismo”
La alta comisionada ha hecho un llamamiento urgente a los Estados para que adopten una “agenda transformadora” para desmantelar el racismo sistémico, y que revierta “las culturas de negación”, ponga fin a la “impunidad” por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes del orden y subsane el déficit de confianza, así como que garantice que se escuchen las voces de los afrodescendientes y de quienes luchan contra el racismo, que se atiendan sus preocupaciones y que se haga frente a los legados de la esclavitud, la trata trasatlántica de esclavos africanos y el colonialismo, mediante la justicia y la reparación“.
El informe asevera que “ningún Estado” ha asumido “su responsabilidad integral por el pasado ni por el impacto actual del racismo sistémico”. Por el contrario, dice el comunicado, “persiste una incapacidad generalizada para reconocer la existencia y la repercusión del racismo sistémico y sus vínculos con la esclavitud y el colonialismo”.
La oficina señala también las “desigualdades complejas” y la “marcada marginación política y socioeconómica” que afectan a las personas afrodescendientes en numerosos Estados. “A lo largo y ancho de muchos países, en particular de América del Norte y del Sur y de Europa, es desproporcionado el número de afrodescendientes que viven en la pobreza y que se enfrentan a graves obstáculos para ejercer su derecho a la educación, la atención sanitaria, el empleo, la vivienda adecuada y el agua potable, así como para participar en la vida pública y ejercer otros derechos humanos fundamentales”.
“La deshumanización de las personas afrodescendientes […] ha reforzado y fomentado la tolerancia hacia la discriminación racial, la desigualdad y la violencia”, dice el documento.
El informe también indica que la represión de las protestas antirracistas en algunos países “debe considerarse dentro de un contexto más amplio, en el que las personas que luchan contra el racismo sufren represalias, acoso, intimidación y a veces son víctimas de la violencia”.
“El movimiento Black Lives Matter [Las vidas negras importan] y otras agrupaciones de la sociedad civil han proporcionado modelos de liderazgo que se fundan en escuchar a las comunidades”, dice Bachelet. “También están proporcionando a las personas el empoderamiento y las capacidades necesarias para reclamar sus derechos humanos. Esos esfuerzos deberían recibir financiación, apoyo y reconocimiento público”.
La alta comisionada considera que los Estados deben demostrar “más voluntad política para acelerar la acción en pro de la justicia racial, la reparación y la igualdad, mediante compromisos específicos, con plazos definidos, que permitan obtener resultados”. “Esto comprenderá el replanteamiento de la actividad policial y la reforma del sistema de justicia penal, que sistemáticamente han producido resultados discriminatorios para los afrodescendientes. Es esencial que pongamos manos a la obra para garantizar que estas pautas y estos ciclos problemáticos no se repitan indefinidamente. No hay excusa alguna para seguir soslayando el cambio transformador”.
“Tal como reconoció el Consejo de Derechos Humanos, la discriminación racial en la aplicación de la ley no pueden separarse de las cuestiones relativas al racismo sistémico”, concluye Bachelet.