A por una ley internacional de deuda pública que proteja los derechos humanos
Con el drama griego todavía fresco en la memoria, el mundo se verá obligado en breve a pronunciarse sobre el debate de fondo que ha puesto sobre la mesa el referéndum y la posterior claudicación de Alexis Tsipras. ¿Qué recursos legales tiene un Gobierno para reestructurar su deuda? ¿En qué medida las exigencias de los acreedores están por encima de las necesidades de la población? ¿De qué manera se pueden establecer quitas en el total de esas obligaciones para facilitar su pago? En septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas debe votar la propuesta de una norma internacional para regular la negociación de las deudas soberanas. El texto lo ha aprobado hace unos días un comité especial impulsado por Argentina y que cuenta con el asesoramiento del nobel de Economía Joseph Stiglitz.
Se trata de una serie de principios que se basan en la idea de que los estados soberanos tienen “el derecho de diseñar sus políticas macroeconómicas, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”. Sin embargo, el mismo enunciado aclara que “la reestructuración debería realizarse como último recurso y preservando los derechos de los acreedores”.
Contra los fondos buitre
También hace hincapié en la “buena fe tanto del deudor soberano y de todos sus acreedores”, y señala que ambas partes deberían implicarse en las negociaciones de reestructuración para garantizar la “sustentabilidad de la deuda”. Para eso, los Gobiernos en problemas tendrían que “lograr el apoyo de una masa crítica de acreedores a través de un diálogo constructivo sobre las condiciones de la reestructuración”, según el documento.
Este punto es uno de los que más satisfacción ha generado en Buenos Aires, desde donde se ha propuesto e impulsado este comité especial, que contó con el apoyo de 124 países. Tras el default de principios de siglo, Argentina consiguió el acuerdo con más del 76% de sus acreedores. Con esta regla en vigor, eso le hubiera bastado para extender las condiciones negociadas a los demás. Sin embargo, ahora el país se enfrenta a la reclamación de los fondos buitre que compraron parte de esa deuda y que han obtenido el respaldo de la justicia norteamericana para exigir el pago del valor nominal de sus bonos.
“La cláusula de acción colectiva es un punto muy importante. Con ella Argentina hubiera cerrado su tema en 2005”, apunta Roberto Lavagna, el ministro de economía que en su momento negoció la reestructuración de la deuda del país suramericano.
Otra de las recomendaciones que recoge el documento y por las que Argentina ha peleado especialmente es la que se refiere a la inmunidad soberana, “un derecho de los Estados ante tribunales nacionales extranjeros” y cuyas “excepciones deberían ser interpretadas restrictivamente”, de acuerdo con el texto. El enunciado supone un pequeño triunfo en la batalla que el gobierno argentino libra contra el juez Thomas Griesa, que ha amparado la reclamación de NML Capital Ltd. El problema es que Argentina no puede negociar con este fondo buitre excluyendo al 93% de los acreedores que sí aceptaron una quita. De pagar a NML Capital el valor nominal, debería hacerlo también con todos los demás.
“En un contexto donde los gobiernos de turno buscan resolver sus problemas trasladándolos al gobierno siguiente, seguirá habiendo incentivos a renunciar a la inmunidad soberana para obtener mejores condiciones de financiamiento al emitir deuda. Por lo tanto, debería establecerse que sea imposible para los países renunciar a la inmunidad soberana en los contratos de deuda”, ha asegurado a la prensa local el economista argentino Martín Guzmán, que formó parte del grupo de expertos convocados para el debate.
Pago sustentable
La propuesta del comité ad hoc de la ONU se basa en la “sustentabilidad” de la deuda. Sostiene que las reestructuraciones deben realizarse “preservando los derechos de los acreedores” pero a la vez promoviendo “un crecimiento económico sostenido e inclusivo”, “minimizando los costos económicos y sociales” y “respetando los derechos humanos”. Toda una declaración en un momento en el que se cuestionan los efectos que ocasionan en la población los recortes exigidos a Grecia para evitar su default.
Además, el comité menciona el principio de “imparcialidad”, que exige que “todas las instituciones y actores involucrados en la reestructuración de deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus respectivos mandatos, disfruten de independencia y se abstengan de ejercitar cualquier influencia indebida en los procesos”.
“Establecer que el objetivo es la sustentabilidad de la reestructuración más que la aceptabilidad de los mercados es un cambio fundamental”, concede Lavagna. “Los cupones ligados al crecimiento del país que reestructura mejoran la oferta de cualquier reestructuración”, apunta el economista.
Tanto Estados Unidos como Inglaterra, Alemania y Francia se oponen a que la ONU se meta en este asunto porque lo consideran una competencia del Fondo Monetario Internacional, y previsiblemente votarán en contra del documento.
Por eso Stiglitz dedicó parte de su intervención en el cierre de la comisión a defender el papel de Naciones Unidas. “El lugar adecuado para llevar a cabo esta discusión no es el FMI. Allí se congregan solamente los acreedores, entonces ningún debate equilibrado puede surgir. El espacio indicado es la ONU, es el único lugar donde se pueden sentar en la mesa acreedores y deudores”, aseguró.
