El Parlamento de Ecuador votará si destituye al presidente Lasso por corrupción
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes por amplia mayoría dar paso a la última fase del juicio político al presidente Guillermo Lasso, por lo que el mandatario conservador quedó a una votación parlamentaria de ser destituido por un caso de presunta corrupción. El Gobierno ecuatoriano anticipó este miércoles que el presidente, que tiene mandato hasta 2025, acudirá a ejercer su derecho a la defensa ante el pleno de la Asamblea “para demostrar la verdad”.
La acusación por “peculado” señala la presunta responsabilidad de Lasso en el “desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
El resultado de la votación, con el apoyo de 88 legisladores de izquierda, indigenistas y derecha, 23 en contra y 5 abstenciones, sobre 116 presentes, da la pauta de que la destitución de Lasso tiene una probabilidad considerable, ya que la Constitución exige un mínimo de 92 apoyos sobre 137 miembros de la Asamblea Nacional.
El proceso ya superó otras instancias parlamentarias y judiciales, y ahora resta el juicio político en el pleno de la Asamblea, que debería ser convocado en un plazo de cinco días a contar desde el martes. Concluido el debate, el parlamento pasaría a dar su veredicto.
En los próximos días tendrán lugar febriles negociaciones para que cuatro de los 26 legisladores que se ausentaron o se abstuvieron, en su mayoría del movimiento indigenista Pachakutik, sumen su voto a favor de la censura y destitución de Lasso.
El hecho de que los bloques opositores hayan conseguido 88 adhesiones en esta instancia, 18 más que las que necesitaban, dio lugar a interpretaciones contrapuestas. El asambleísta Juan Fernando Flores, coordinador de la oficialista bancada Acuerdo Nacional, consideró probado que la oposición “no tiene los 92 votos para lograr la destitución del presidente. El juicio político a Lasso está caído”.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica, sugirió en Twitter que el gobierno de Lasso compró voluntades de cinco asambleístas de Izquierda Democrática (ID) que se abstuvieron y de algunos integrantes de Pachakutik que se ausentaron. No obstante, miembros de la bancada correísta Unión por la Esperanza (Unes, izquierda) celebraron el resultado y se mostraron confiados en lograr los apoyos necesarios para llegar a los dos tercios de la Asamblea requeridos por la Constitución.
Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe"
Además de Unes, también votaron a favor los bloques del Partido Social Cristiano (PSC, derecha, exaliado de Lasso) y sectores de Pachakutik e ID, partidos con vertientes ideológicas variadas. Los votos contrarios al juicio político y a favor de archivar el caso se redujeron a la bancada Acuerdo Nacional, que congrega a los 12 de CREO, el partido de Lasso, y 13 aliados.
“¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará”, auguró la asambleísta de Unes Viviana Veloz, de Unes.
Contratos en la mira
De acuerdo a Veloz, Lasso junto a su delegado Hernán Luque “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.
El gobierno de Lasso sostiene que los contratos fueron firmados bajo la presidencia de Lenín Moreno (2017-2021) y que, con el cambio de administración, se pidió una revisión a la Contraloría para renegociarlos.
El presidente acudirá a la Asamblea cuando sea convocado para demostrar “que no ha cometido ilícito alguno”, aseguró el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. “Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe”, dijo este miércoles Cucalón al señalar que el juicio político “jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”.
“A pesar de todo esto él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad”, dijo el ministro en la televisión Ecuavisa.
En caso de que la oposición logre los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la Presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.
Lasso ya logró salvar una situación similar en junio de 2022, cuando en medio de una oleada de protestas lideradas por el movimiento indígena, la Asamblea votó una moción para destituir al presidente por grave conmoción, que reunió 80 votos.
El presidente llega al juicio político con una marcada debilidad política que lo acompaña casi desde el inicio de su mandato, en mayo de 2021, pero que se disparó a partir de la dura derrota sufrida por su partido y aliados en las elecciones regionales y municipales, y en la consulta para reformar la Constitución del 5 de febrero. Esa cita con las urnas marco el resurgimiento del correísmo, que obtuvo triunfos en ciudades que no había alcanzado ni siquiera durante las presidencias del mandatario ahora exiliado (2007-2017).
Lasso deslizó que podría recurrir a la denominada “muerte cruzada”, una figura constitucional que permite disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas, para gobernar hasta entonces mediante decretos. Ese camino podría abrir una nueva ola de protestas que Lasso difícilmente podría resistir.
1