El plan de Biden para cancelar la deuda a millones de estudiantes llega al Supremo tras las demandas de estados republicanos

Summer, una joven de 20 años de Michigan, sueña con ser maestra de escuela, pero sus condiciones materiales y el desbocado precio de las universidades estadounidenses le impiden perseguir su deseo. El grado que le gustaría cursar cuesta unos 40.000 dólares, pero en su trabajo cobra 16 la hora y paga de alquiler 1.500 al mes. Podría pedir un préstamo, pero ha decidido no hacerlo para no hipotecar su vida.

Ese es el caso de Nailah, quien a sus 35 años todavía debe 60.000 dólares, la mayor parte de lo que recibió para poder pagar su doble grado en Filosofía y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Florida. O el de Kristian, una mujer de 22 años que está a punto de graduarse de Criminología en la universidad pública de Kent (Ohio) y que se ha visto forzada aceptar varios trabajos a la vez para poder afrontar sus deudas. Aun así, todavía le quedan por pagar 27.000 dólares.

El futuro de Summer, Nailah y Kristian depende de las nueve personas vestidas con túnica y formadas en universidades de la Ivy League que conforman el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Este martes ha iniciado el esperado juicio en el que deberán decidir si el plan que Joe Biden anunció en agosto, que pretende condonar miles de millones de dólares de deuda estudiantil, se adecúa a la legalidad vigente.

No son ilusas. Saben que es poco probable que los seis jueces conservadores y tres progresistas que ocupan los sillones de la máxima instancia judicial del país, cuyos sueldos oscilan entre los 274.000 y los 298.000 dólares anuales, se pongan de su lado. El mismo elenco judicial ya protagonizó el año pasado controvertidas decisiones, como la eliminación del derecho al aborto o la ampliación del derecho a portar armas. Aun así, Summer, Nailah y Kristian han decidido alzar la voz junto al centenar de afectados que se han manifestado este martes ante las puertas del edificio federal.

En su interior han comenzado las audiencias de un caso de alto nivel en el que el Gobierno de Joe Biden trata de defender una de sus grandes promesas de campaña, que ha sido bloqueada por tribunales inferiores tras la demanda de seis estados liderados por republicanos y la de dos estudiantes de Texas que no son elegibles para el plan. Desde su anuncio hace medio año, la Casa Blanca afirma que más de 26 millones de personas han solicitado esta ayuda federal, que promete condonar 10.000 dólares de deuda a aquellos que ganen menos de 125.000 dólares al año y hasta unos 10.000 adicionales para todos los que accedieron a la universidad con ayudas públicas por su bajo nivel de ingresos.

“Significaría poder empezar de cero”

“Si el Supremo acepta que la cancelación de la deuda es legal, será un gran alivio para mi vida”, reconoce Nailah que lleva más de una década cargando con la condición de prestataria crónica, pero podría reducir en 20.000 dólares su deuda si el plan de Biden sale adelante. “Significaría poder empezar de cero. Incluso me plantearía volver a la universidad para estudiar derecho, algo que siempre he querido, pero se ha vuelto excesivamente caro”.

Así lo ha constatado David Langkamp, un profesor universitario de 47 años proveniente del estado de Maryland, que aunque está libre de obligaciones financieras, ha acudido a la manifestación en apoyo a los estudiantes. “Cuando yo estudié, la universidad era más asequible que ahora. En los últimos años se ha ido completamente fuera de control. Por suerte, ya pagué mi deuda estudiantil, pero mi esposa sigue con ella. Es una gran carga para los más jóvenes, que tendrán que batallar mucho para poder vivir una vida digna”.

“Algunos de mis compañeros, los más privilegiados, podían estudiar por las tardes y descansar los fines de semana, mientras yo tenía que ir a clase de 8:30 a 15:30, para luego ir al trabajo de 17 a 21 y mantenerme despierta hasta las 2 de la mañana para estudiar”, lamenta Kristian, a quien le ha costado ansiedad, sudor y lágrimas –y, sobre todo, tiempo– terminar sus estudios bajo el yugo de la eterna deuda. 

“Este problema afecta en mayor medida a las mujeres negras: recaen sobre las mujeres dos terceras partes del total de la deuda estudiantil y, la mayor parte, sobre las negras. Es un dato que asusta”, asegura Kristian. Sustenta su afirmación un estudio de la American Association of University Woman, que sitúa la deuda estudiantil media de las mujeres afroamericanas en 37.558 dólares, la más alta de todos los grupos estudiados. Las peores condiciones de partida y la discriminación en el mercado laboral, que dificulta el acceso a mejores puestos de trabajo, son los principales motivos.

La pesadilla americana

Igual que Nailah y Kristian, hasta 43 millones de deudores podrían optar a algún tipo de condonación con el plan de Biden y unos 20 millones podrían beneficiarse de la cancelación de la totalidad de su deuda. De darse esta condonación masiva, el coste estimado para la Administración ascendería a unos 400.000 millones de dólares, según los cálculos de la Casa Blanca. Esto supondría un alivio, pero el problema de la deuda estudiantil, que oscila alrededor de los 2 billones de dólares en todo el país, seguiría lejos de resolverse. 

“No es suficiente con este plan, deberíamos cancelar las deudas en su totalidad”, opina Nailah. “No puede ser que tanta gente tenga que pagar decenas de miles de dólares, en algunos casos seis dígitos, durante toda la vida, para una educación a la que debería tener acceso todo el mundo. Hablan del sueño americano, pero este no incluye un grado universitario”.

La manifestación frente a la sede del poder judicial, que se halla delante del Capitolio, ha contado también con la participación de diversos miembros del ala más progresista del partido demócrata. Entre ellos, Maxwell Alejandro Frost, el primer congresista perteneciente a la generación Z, que ha afirmado que “la cancelación de la deuda es una solución necesaria para hoy, pero en el largo plazo, todo el mundo debería gozar del acceso gratuito a la universidad”. En la misma línea, el excandidato Bernie Sanders ha recordado que el problema afecta a “jóvenes, mayores, negros, blancos, latinos, nativos y asiáticos”, una diversidad que debería unirse “para decirle al Congreso y al Supremo que el Gobierno y la economía pertenecen al conjunto y no solo al 1% más rico”.

El Supremo, dispuesto a tumbar el programa de Biden

Los estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur, que conforman una de las dos partes demandantes, alegan que el mandatario excedió sus competencias al firmar el programa de ayuda sin la aprobación del Congreso. Una corte inferior desestimó su demanda, indicando que no pueden impugnar el plan porque no se han visto perjudicados por él. Sin embargo, posteriormente la Corte de Apelaciones dejó en suspenso el programa hasta tomar una decisión. Fue en ese momento cuando la máxima instancia judicial aceptó intervenir.

Este martes, los seis jueces conservadores han dejado claras sus dudas sobre la aprobación del programa, alegando una supuesta violación de la separación de poderes. El plan de Biden se basó en una ley promulgada por el Congreso en 2003 a raíz del atentado contra las Torres Gemelas. En ese momento, el objetivo era sostener económicamente a los militares que lucharon en Afganistán e Irak. Cuando estalló el coronavirus, Trump se apoyó en dicha ley para pausar las deudas y también lo hizo Biden durante los dos primeros años de su mandato. Pero en agosto fue un paso más allá y dictaminó la cancelación de las deudas.

“Si vas a renunciar a esa cantidad de dinero, afectando a las obligaciones de tantos estadounidenses en un asunto de gran controversia, se trata de un caso en el que el Congreso debe actuar”, dijo el presidente del Supremo, John G. Roberts, aventurando la probable decisión contraria del tribunal. En contraposición, los tres jueces progresistas consideran que el Congreso ya actuó, concretamente en 2003, cuando se aprobó la ley en la que se ha basado el programa. Ahora la suerte de Summer, Nailah y Kristian depende de la mayoría conservadora de una instancia judicial de la que desconfían, cuya sentencia está prevista que se alargue unos meses, hasta finales de junio.