Portugal investiga los excesivos márgenes de beneficio de los supermercados y estudia limitar los precios
Mientras la inflación en el sector energético se modera, los precios de los alimentos siguen subiendo en Portugal, como ocurre en España. Para algunos productos, como la lechuga, la leche, el azúcar, los tomates o los huevos, el aumento en los supermercados ha sido de más de un 50% en un año. Una escalada de precios que ha llevado a los consumidores y ahora al Gobierno a cuestionar los márgenes de las grandes empresas de distribución alimentaria. El valor de la cesta básica ha subido un 26% en un año, pasando de 183 euros a más de 230 euros, según datos de la asociación de defensa de los consumidores DECO.
El semanario Expresso reveló el viernes pasado que el Gobierno portugués estudia imponer límites temporales a los márgenes de beneficio de los distintos agentes del proceso de producción, distribución y venta, similares a los límites aplicados a las mascarillas y pruebas de COVID-19.
Hasta 1984, la legislación portuguesa estipulaba un margen máximo del 15%, pero en la actualidad no existe límite alguno, algo que la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica, responsable de la supervisión, reconoce como un factor que favorece la especulación con los precios. Según Espresso, el primer ministro, António Costa, ya ha pedido explicaciones al director general de la Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución sobre el motivo del aumento del precio de varios productos alimenticios.
El ministro de Economía, António Costa Silva, un independiente que trabajó como directivo en una gran petrolera, se ha mostrado públicamente más conservador en lo que se refiere a una posible intervención directa del Estado, y está en contra del control de precios. Tampoco considera una solución reducir a cero el IVA de los productos de primera necesidad como ocurrió en España, porque esta disminución, dijo el pasado jueves en rueda de prensa, “fue rápidamente absorbida” por los márgenes de los comerciantes. Sin embargo, Costa Silva afirmó que el Gobierno “será inflexible si encuentra situaciones anómalas” en los precios.
En esa línea, su Ministerio informó de que la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) lusa realizó más de 960 controles en el segundo semestre de 2022 e inició en marzo una nueva inspección en la gran distribución de todo el país con 38 equipos de inspectores. “El 1 de marzo, 38 brigadas de un total de 80 inspectores de la ASAE estuvieron sobre el terreno fiscalizando los precios de bienes alimentarios en los híper y supermercados, ante el aumento del 21,1% de la cesta de alimentos básica en el último año, más del doble de la inflación”, explica el comunicado del Ministerio.
Márgenes del 50% en las cebollas
El análisis de los datos recogidos por la ASAE ha identificado márgenes de beneficio que alcanzan el 50% en productos como las cebollas. Los márgenes superan el 40% en los huevos, los filetes de cerdo, las naranjas y las zanahorias. La ASAE ya ha prometido aumentar las inspecciones y lanzar “una gran operación” contra la especulación.
Desde septiembre, ASAE ha abierto 51 expedientes por casos de especulación, especialmente por diferencias entre el precio que figura en la etiqueta y el que realmente se cobra en la caja, y por prácticas comerciales engañosas.
Después de la rueda de prensa del ministro, la dirigente del grupo Sonae, Cláudia Azevedo, propietaria de una de las mayores cadenas de supermercados del país, envió un mensaje a los trabajadores de la compañía denunciando lo que calificó como una “campaña de difamación con grave perjuicio para la reputación del sector alimentario”.
Según Azevedo, el sector “hace lo correcto” y los “culpables de la inflación no son los supermercados”, que, según dijo, han visto “reducidos sus márgenes para adaptarse al aumento de los costes”, pese a los datos revelados por la ASAE.
Por otra parte, en un comunicado enviado a la prensa, la Confederación Portuguesa de Agricultores garantiza que “no son los agricultores los que se aprovechan de la subida de precios, sino justo lo contrario”. Los agricultores consideran incluso “obscenos” los márgenes practicados por la gran distribución. Según la oficina de asesoramiento del Ministerio de Agricultura, por cada 100 euros de productos agrícolas comprados por el consumidor, los agricultores se quedan con unos 20.
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