Durante los más de 900 días que pasó encarcelado, Ramy Shaath se aferraba a dos cosas para poder sobrellevar la prisión. La primera, evitar caer enfermo –estar enfermo en la cárcel, dice, es una “doble cárcel”–. La segunda, la comunicación con otros presos, personas de diferente ideología con las que muchas veces no tenía nada que ver, pero ahí estaban, dándose apoyo. Cuenta que animaba al resto a cantar y a contar chistes, especialmente sobre el régimen de Abdelfatah al Sisi, para “perder el miedo”, y también daba charlas políticas, para enfado de los agentes. “Los retaba, exigía que se respetaran nuestros derechos”, dice. Según explica, continuar con su activismo, el mismo que lo llevó a esa celda de 23 metros cuadrados, fue lo que le ayudó a no romperse.
Traje gris, manos entrelazadas, el activista político palestino-egipcio rememora su tiempo en prisión en una entrevista con elDiario.es. Está en Madrid para denunciar, en sus palabras, el greenwashing –lavado de imagen verde– de Egipto con la celebración de la COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que da comienzo este 6 de noviembre. El viernes, Shaath participó en un acto de protesta frente a la Embajada de Egipto organizado por Amnistía Internacional (AI). La ONG recuerda “el pésimo historial” de derechos humanos del país y critica que la “maquinaria de relaciones públicas está funcionando a todo gas para ocultar la terrible realidad de las cárceles”.
“El Gobierno dice que está habiendo cambios, pero todo es mentira. Egipto es uno de los peores países en derechos humanos. Al final es un régimen mortal el que pone una alfombra roja a los que vienen del extranjero”, asegura Shaath.
“Siempre supe que corría peligro”
El activista, de 51 años, participó en la fundación de varios movimientos políticos laicos en Egipto y también es cofundador del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel en el país. En 2011 estuvo en primera línea de las protestas que pusieron fin al régimen de Hosni Mubarak: “Siempre he defendido los derechos humanos, he luchado contra de la corrupción y el régimen militar y siempre he sabido que corría peligro por alzar la voz y ser activista”.
Por eso, asegura que estaba “mentalizado” cuando fue detenido el 5 de julio de 2019. “Había visto a muchos amigos entrar en prisión. Al final sabía que tenía que pagar un precio por mis principios. Cuando vinieron a detenerme, pregunté por qué lo hacían y un general del Ejército me contestó: 'Esto está muy por encima de mí’. Eso significaba que tenía que venir de la presidencia. Entonces supe que, probablemente, iba a pasar mucho tiempo en prisión”, recuerda.
Aquella noche estaba en su casa de El Cairo con su pareja, la también activista francesa Céline Lebrun-Shaath. “Vinieron a medianoche, lo cual es normal. Llegaron muchos soldados, que en realidad no eran necesarios porque yo soy civil, el objetivo al final era aterrorizar a mi familia y a todo el vecindario. Confiscaron muchas cosas que de momento no me han devuelto. Llegaron sin autorización ninguna, sin ningún papel que justificara que tuvieran que registrar mi domicilio y tampoco se identificaron”, cuenta.
Según cuenta, su pareja fue deportada y para él empezaron dos años y medio en prisión, sin juicio alguno. “Esa noche comenzó mi desaparición forzosa. Me esposaron, me vendaron los ojos y me ataron a una pared, donde me dejaron varios días. Las desapariciones forzosas son en lugares no oficiales, en los que no te permiten hablar con abogados ni con familiares”, dice. “Me pusieron en prisión preventiva, pero en realidad el juicio nunca llegó, solo me interrogaron una vez durante 45 minutos. Me preguntaron mi opinión sobre la revolución de 2011, a quién había votado en las presidenciales. Me enfadé y les pregunté por qué me habían detenido. Me dijeron que me acusaban de formar parte de una organización terrorista, la excusa típica cuando te detienen”, explica.
¿Lo acusaron de formar parte de los Hermanos Musulmanes –designados como organización terrorista tras el golpe de estado contra Mohamed Morsi en 2013–? “¡No! Cuándo les pregunté a qué grupo pertenecía, me respondieron que no me lo podían decir. Pertenecía a una organización terrorista y yo no sabía cuál era”, sostiene, y suelta una risotada. “Soy conocido por ser activista del movimiento civil laico, no creo que se atreviesen nunca a decir que pertenecía a los Hermanos Musulmanes. Simplemente, es la excusa que dieron. También me acusaban de 'difundir rumores y mentiras sobre el Estado en las redes sociales'. Les expliqué que la gente se suele reír de mí porque no tengo redes sociales. Me dijeron que entonces cambiarían la acusación”, relata.
Insectos, hacinamiento y falta de medicamentos
Fue encerrado en la prisión de Tura, al sur de El Cairo. Según su testimonio, pasó dos años y medio en una celda que tenía el tamaño de un salón de estar pequeño, en la que podían estar entre 18 y 32 personas. “Cuando éramos unos 30, el espacio que teníamos cada uno era de unos dos puños y medio para el día a día. Dormíamos en el suelo y estaba todo infestado de insectos: había chinches, cucarachas y, a veces, incluso ratas y serpientes”, recuerda. Explica que el baño, si podía denominarse así, era demasiado pequeño, que a veces los encerraban en un cuarto de aislamiento oscuro y que la atención médica era inexistente. “Sufríamos un trato inhumano. He visto a gente morir de COVID y por falta de medicamentos”, relata. “Los agentes nos decían que allí no había ley, que nos podían matar y torturar, incluso inventarse nuevos casos para que estuviéramos en prisión para siempre. Y lo hacían”, apunta.
Fuera, desde París, Céline Lebrun-Shaath organizó una campaña por la libertad de su marido que llegó al presidente Emmanuel Macron y recibió cientos de apoyos de todo el mundo. “Permitieron a mi esposa visitarme una vez en dos años y medio y gracias a la presión del Gobierno francés, pero no me pudo visitar ningún abogado. Cuando venían mi hermana o mi hija, solo podían estar 20 minutos y había siempre gente cogiendo notas. Egipto es un país corrupto, y es un arma de doble filo, así que al final podíamos encontrar la manera de enviar cartas al exterior y nos llegaba información del exterior también. Cuando había manifestaciones importantes o discursos de Macron, esa información me llegaba, pero no todo lo que ocurría”, sostiene. Cuenta que recibió cartas de personas de todo el mundo, en diferentes idiomas. “Me animaba. Esto enfadaba mucho a los guardias, porque querían silenciar mi caso. Sufrí menos tortura y menos abusos porque el caso fue notorio”, indica.
La campaña culminó con su liberación. Fue el 6 de enero de este año, pero antes pagó un precio por ello: “Para liberarme, estuvieron presionándome durante un mes para que renunciase a mi nacionalidad egipcia, es como si me dieran a elegir entre ser egipcio o ser libre”. Sus últimos días encerrado los pasó en un lugar de detención sin ventanas, con los ojos tapados y las manos atadas, según explica. Después, lo montaron en un avión con la misma ropa que llevaba en la cárcel y lo deportaron. “Sinceramente, no me sentí libre hasta que llegué a París y vi a mi esposa, el sol en el cielo, a mis familiares, a mis amigos y a los periodistas en el aeropuerto. Ahí fui consciente de que era libre”, cuenta.
Desde entonces, vive en la capital francesa con su pareja y se dedica a denunciar los abusos contra los derechos humanos en Egipto por todo el mundo, en particular la situación de los presos. Reconoce que a veces le cuesta conciliar el sueño pensando en quienes siguen en las cárceles egipcias: “Tengo miles de amigos que están sufriendo en prisión. Cada noche, cuando me voy a dormir, pienso en ellos, me pregunto si están enfermos, si están siendo torturados, si han comido, si sus familias han podido visitarlos. He visto a miles de personas que están en prisión por sinsentidos, personas que no han hecho nada. Por ejemplo, conmigo estaba un médico cuyo hijo de nueve años había cantado una canción egipcia tradicional en el colegio que menciona la palabra balaha, ‘dátil’, que también es el apelativo satírico con el que se refieren los opositores a Al Sisi. El jefe de estudios llamó y como vieron que era un niño de nueve años, detuvieron al padre, que lleva tres años en prisión sin juicio”.
“La COP es una farsa”
Este domingo da comienzo la cumbre mundial del clima en la ciudad turística de Sharm El Sheikh –ubicada en el extremo meridional de la península del Sinaí–, que durará hasta el 18 de noviembre. Ramy Shaath contesta tajante: “Es vergonzoso”. “La COP es un sitio donde se habla de los derechos humanos de las futuras generaciones, y este año se va a celebrar en un país donde la gente no puede hablar de su futuro y no tiene libertad de expresión. Es todo una farsa. El mundo va a hablar de derechos humanos en un país donde no se respetan y donde se detiene a activistas ecologistas. Además, hablamos de un régimen que no entiende el cambio climático”, opina.
A principios de octubre, expertos de la ONU exigieron a Egipto que garantizara la seguridad y la plena participación de todos los sectores de la sociedad civil en la cumbre y se mostraron alarmados la nueva oleada de restricciones gubernamentales tras años de “persistentes y continuas medidas represivas contra la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, utilizando la seguridad como pretexto”. La activista ecologista Greta Thunberg ha dicho que entre las razones por las que no acudirá a la cita está el hecho de que “el espacio para la sociedad civil este año es extremadamente limitado”.
“Se supone que la COP es un espacio cívico donde se unen ONG, activistas, políticos... Sin embargo, en Egipto, las ONG ecologistas y de derechos humanos no pueden asistir. Está prohibido manifestarse, pero a los europeos sí que se les permite”, asegura Ramy Shaath. Una coalición de derechos humanos egipcia ha recabado más de un millar de apoyos, entre los que figuran Amnistía Internacional y Thunberg, en una petición online que pide a Egipto que “abra el espacio cívico y libere a todas las personas detenidas arbitrariamente” y denuncia las restricciones del Gobierno a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
“En estos momentos, mientras hablamos –remarca con suaves golpes con el dedo índice en la mesa– están deteniendo por la calle a egipcios para confiscarles el móvil y ver qué han compartido en las redes sociales y luego serán seguramente detenidos por cualquier tontería. Aterrorizan a toda la población y esta COP es un lavado de cara. El 11 noviembre han convocado manifestaciones en El Cairo y me pregunto si vamos a ver cómo siguen reprimiendo y disparando a manifestantes mientras que se celebra la cumbre”, dice Shaath.
Se muestra preocupado por lo que ocurrirá cuando se apaguen los focos de la cumbre. “Recientemente han liberado a entre el 1% y el 2% de los detenidos en prisiones gracias a la presión internacional, pero ya les han dicho que después de la cumbre van a volver a detenerlos. Están montando un show para la cumbre y el mundo entero lo sabe. Espero que los países sean conscientes y condicionen su viaje a Egipto a estas cosas, que hablen allí de derechos humanos y que muchas ONG y periodistas no dejen que el show salga como el Gobierno egipcio espera”, relata.
Organizaciones de derechos humanos calculan que Egipto tiene unos 60.000 presos políticos, pero un nombre sale de manera inevitable durante la conversación: el del destacado activista egipcio-británico Alaa Abdel-Fattah, que ha cumplido 200 días consecutivos en huelga de hambre como protesta por su encarcelamiento, una acción que planea intensificar cuando comience la cumbre mundial del clima con una huelga de agua, según ha explicado AI. “Es muy conocido y querido. Me pregunto qué va a pasar, porque si muere, Egipto va a explotar”, apunta Shaath, y señala que a nivel interno, la situación “está muy candente por la pobreza y la opresión”.
“Más allá de los presos políticos, hay violación de derechos en muchos otros aspectos: represión contra la comunidad LGTBI y mujeres activistas, contra los derechos de las mujeres, contra grupos religiosos. Es un régimen que vigila y oprime a todo el mundo. Es un país donde existe la pena de muerte y las ejecuta, siempre por razones políticas y tras unos juicios vergonzosos. En los últimos años no se ha invertido en educación ni en sanidad. El Ejército es una empresa que lo controla todo, y está acabando con la economía”, dice el activista. “En Egipto siempre hemos tenido dictadores, pero este es el más sangriento de todos. Nunca ha habido tantos detenidos, perseguidos, muertes arbitrarias, torturas sistemáticas y esta falta de equilibrio de derechos. No existe, además, un sistema jurídico”, indica.
¿Confía en que haya un cambio? “Soy muy optimista”, responde. “En Egipto, estamos deseosos de tener un país democrático y de que haya cambios. Hubo una revolución hace diez años, pero no salió bien. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Hemos visto lo sangriento que ha sido este régimen militar y la economía se está viendo muy afectada. El dictador tiene muy mala reputación. Incluso los Hermanos Musulmanes han declarado que no tienen intención de involucrarse en la vida política en los próximos 10 años. Tenemos verdaderamente la oportunidad de tener por fin un país democrático y laico. Se supone que hay elecciones en junio de 2024. Para todo esto necesitamos liberar a los detenidos, medios de comunicación libres, que se permita a los partidos políticos trabajar. Si no ocurre, Egipto va a explotar y el mundo va a pagar un precio muy alto, porque es un país de más de 100 millones de personas en mitad del Mediterráneo. El país está económicamente tan mal que cabe la posibilidad de que se declare en bancarrota. Como necesita el dinero, Occidente podría ejercer presión para que permita que haya espacios cívicos, que se celebren elecciones… Se podría hacer de manera pacífica. Europa vende armas, financia, pone alfombras rojas y da legitimidad a Egipto. Tiene la obligación de condicionar sus relaciones a los derechos humanos”, resume.