El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, viajó hoy a Trípoli para abordar con las autoridades libias el problema de la inmigración, mientras 300 inmigrantes esperan desde hace días en el Mediterráneo Central autorización para desembarcar en un puerto.
Salvini anunció en sus redes sociales su viaje en un vuelo militar para entrevistarse con el primer ministro libio, Fayez Al Sarraj, según explicaron los medios italianos ya que el Ministerio de Interior no había informado de esta visita.
El viaje será de pocas horas ya que por la tarde está prevista una rueda de prensa del ministro.
Salvini, líder de la ultraderechista Liga, había agradecido ayer a las autoridades y guardia costera libia por haber “salvado y hecho regresar a Libia a 820 inmigrantes, haciendo inútil el trabajo de los traficantes y evitando las intervenciones incorrectas de los barcos de las ONG”.
Las ONG como la española Proactiva Open Arms denunciaron ayer que se había lanzado la alarma de varias embarcaciones con uno 1.000 inmigrantes en peligro y que les habían negado su participación en las tareas de rescate.
Mientras tanto, el barco de la ONG alemana Lifeline lleva cuatro días con unos 230 inmigrantes a bordo, entre ellos cuatro niños, en aguas internacionales pero muy próxima a Malta, esperando a que se le destine a algún puerto.
Otros 113 inmigrantes se encuentran en el buque mercante Alexander Maersk, de bandera danesa, en aguas territoriales italianas cerca de Pozzallo, en la isla de Sicilia, también esperando instrucciones.
La situación en el barco de Lifeline empieza a ser preocupante ya que lleva más del triple de las personas de su capacidad y empieza a escasear la comida, aunque el pasado viernes recibió suministros por parte de las autoridades maltesas, explicó el portavoz Axel Steier.
Steier hizo un llamamiento a la opinión pública para que les ayuden y pidió que se acerquen a aguas internacionales para llevar a algún inmigrante y aligerar la situación del barco de Lifeline, a pesar de que saben que es una acción que puede ser considerada ilegal.
“Si los líderes europeos no encuentran una solución, tendrán que ser los ciudadanos los que protejan a estar personas”, agregó.