Al menos 33 empresas del Estado podrían ser alcanzadas por la ola privatizadora del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei. Desde Aysa y Aerolíneas Argentinas hasta Tandanor, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, el Polo Tecnológico, Ieasa (ex Enarsa), Ferrocarriles Argentinos e Invap. La Administración General de Puerto, el Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales, la agencia estatal de noticias Télam, Radio Nacional y la TV Pública, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea), Arsat, entre otras, podrían entrar en la fase de privatización, de acuerdo con lo decretado por Milei.
En el camino hacia las privatizaciones, el decreto anunciado este miércoles por la noche estableció la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, si bien la mayoría ya lo son, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas o Aysa, pero no todas, como los ferrocarriles, Invap, Télam, Fabricaciones Militares o la Casa de la Moneda (la ex Ciccone). Además, el decreto quitó a las empresas públicas la ventaja para ser contratadas por el Estado en la provisión de servicios y bienes.
“Esta película ya la vimos en la época de (Raúl) Alfonsín, que finalmente logró muy poco”, aseguró a elDiarioAR Alfredo Vítolo, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, socio del estudio Nicholson y Cano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. “Luego lo vimos con (Carlos) Menem, con la ley de Reforma del Estado. Ahora lo estamos viendo fuertemente con este DNU, que al transformar Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas facilita que se haga una privatización a través de la venta de acciones, sin procedimientos de transferencias de patrimonios o de otras estructuras que son más complejas”, sostuvo Vítolo.
“La Sociedad Anónima permite que el Estado pase a vender las acciones que son de su propiedad. Esto requeriría una reforma de los estatutos de las empresas, que no es un tema sustancialmente complejo”, explicó el experto. “El proceso de venta de las acciones debería ser un proceso transparente y con algún procedimiento público de libre competencia. Podría ser un procedimiento de oferta pública de acciones, como se hizo con YPF, o de concursos públicos”, recomendó el abogado.
Las privatizaciones de las Sociedades Anónimas no deberán pasar por el Congreso, dijo Vítolo. “Salvo en casos específicos, como el de YPF, en principio, la venta de acciones de una empresa pública es un acto de gestión del Poder Ejecutivo, que deberá respetar procesos transparentes de selección, los estatutos y la legislación específica”.
El decreto firmado por Milei “no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos”, afirmó Vilma Ibarra, ex secretaria legal y técnica del expresidente Alberto Fernández.
Mapa de empresas públicas
El Ministerio de Economía de la Nación informó en su último Boletín Fiscal –del primer trimestre de 2023– que existen 33 empresas públicas. Entre las más importantes se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), publicó Chequeado en septiembre.
Si se incluye a YPF y sus empresas satélites el número aumenta a 36, de acuerdo con el libro Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), de Juan José Carbajales. Existe una discusión sobre si YPF debe ser incluida o no en esta lista debido a que cotiza en bolsa y su financiación no depende, así, del Ejecutivo, explicó a Chequeado Gonzalo Dieguez, exdirector del área de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
“El 33% de las empresas estatales se dedican al transporte y almacenamiento (como Aerolíneas Argentinas); mientras que el 18% son de Telecomunicaciones (ARSAT); el 12% de Industria (Tandanor); otro 12% de Energía (Energía Argentina S.A.); el 9% de Intermediación Financiera (Casa de la Moneda) y el restante 16% se dedica a actividades como la Construcción (Coviara), la Enseñanza (Educ.ar) y el suministro de agua y cloacas (Aysa)”, explicó Chequeado en base al informe de Cippec.
“Desde 2008 hasta 2022, el déficit operativo de las empresas públicas (es decir, cuando los ingresos por el servicio que prestan son inferiores a los gastos de operación) se multiplicó por 6 en términos reales, según datos oficiales”, informó Chequeado.
“El pico de aportes del Estado a las empresas públicas ocurrió en 2014, cuando el Tesoro destinó el equivalente al 2,4% del PBI en recursos. En 2019 se redujeron al 0,7%, pero luego volvieron a aumentar hasta el 1,7% en 2021”, concluyó el medio especializado.
Aysa tiene actualmente la concesión en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia; unos 7.800 empleados; casi 15 millones de usuarios y más de 25.000 kilómetros de cañerías de red de agua potable; y 18.000 kilómetros de red de desagües cloacales para casi 10 millones de personas, de acuerdo a la compañía.
Aerolíneas Argentinas
Una de las decisiones del descreto es desprenderse de la participación estatal en la aerolínea de bandera. “Que Aerolíneas Argentinas sea para los trabajadores no sé si es una decisión tomada, esto prepara el terreno legal por si Javier (Milei) quiere avanzar en ese sentido. Nosotros dijimos que los empleados pueden tener hasta el 100% de las acciones (antes era el 10%). Si el presidente quiere avanzar con esa ley, antes no podía hacerlo”, dijo el padre del decreto y de la desregulación del Estado impuesta por Milei, Federico Sturzenegger, en una entrevista de radio Mitre.
El decreto deroga la “utilidad pública” de Aerolíneas Argentinas. La participación de los trabajadores es opcional y los empleados que participen en más de una de estas empresas deberán optar por su participación en sólo una.