El referéndum sobre la UE fue el momento en que el electorado británico chocó con el establishment. El 8 de diciembre de 2017 fue el día en que las consecuencias legales y económicas se toparon con las promesas políticas anteriores. El acuerdo entre Londres y Bruselas conseguido tras 528 días deja claro que ya no queda mucho de las numerosas líneas rojas marcadas por Theresa May en su discurso de Lancaster House o en el del congreso anual del partido en 2016.
La primera y mayor concesión está escondida en el párrafo 49º del informe de 15 páginas hecho público el viernes. Sus implicaciones no pasarán desapercibidas en las próximas semanas, ya que cuestionan la idea, destacada de forma insistente por la primera ministra, de que Gran Bretaña abandonará el mercado único.
Lo que dice ese párrafo es claro: “En ausencia de soluciones acordadas, el Reino Unido mantendrá una completa alineación con las reglas del mercado único y la unión aduanera”. En otras palabras, es posible que el Reino Unido ya no sea miembro del mercado único, o que no tenga la capacidad de influir en sus reglas en el futuro, pero podría tener que respetar esas reglas a perpetuidad.
Se dirán muchas cosas sobre “en ausencia de soluciones acordadas”. Lo que significa en la práctica es que el Reino Unido confía en diluir esa promesa en un acuerdo más amplio de libre comercio con la UE. Si los otros 27 estados miembro no se han mostrado dispuestos a ceder hasta ahora en esta fase de las conversaciones, será menos probable que lo hagan ahora que el desenlace ha quedado ya establecido.
Cuando el borrador del acuerdo estaba concluido el lunes, había una gran preocupación por que el mantenimiento de la “alineación” regulatoria se aplicara sólo a Irlanda del Norte, pero el Partido Democrático Unionista (aliado de los tories en el Parlamento) ha tenido éxito al eliminar cualquier ambigüedad y obligar a Downing Street a dejar claro que ese “alineamiento” también se dará en todo el territorio británico.
“El Reino Unido se asegurará de que ninguna nueva barrera regulatoria se produzca entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido”, dice ahora el texto, a menos que, por algún milagro, la Asamblea de Irlanda del Norte decida que sí quiere quedar fuera del acuerdo (y por tanto, del Brexit).
Londres no se escapa del tribunal europeo
Luego está la promesa del Gobierno de impedir en el futuro cualquier interferencia del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ). Mientras antes parecía que esa era una de las líneas rojas más implacables, ahora aparecen señales de una continua implicación del TEJ en el acuerdo de divorcio.
Más sorprendente es el compromiso que permite a los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido el derecho a recurrir al TEJ para defender sus muchos derechos legales que serán consagrados en el acuerdo.
“El TEJ seguirá siendo la instancia competente para los ciudadanos de la UE”, dijo Jean-Claude Juncker al anunciar el acuerdo.
El texto del acuerdo va más lejos y dice que “establece derechos para los ciudadanos en función de aquellos establecidos en las leyes de la unión durante el tiempo en que Reino Unido fue miembro de la Unión Europea”. Específicamente, dice que el TEJ “es el último árbitro de interpretación de la ley de la unión”, y que “los tribunales británicos deberán tener en consideración las decisiones relevantes (del TEJ) después de la fecha específica” (de salida de la UE), así como consultar al TEJ cuando las normas no estén claras.
En los últimos días, cuando el compromiso era ya inevitable, el Gobierno británico había intentado limitar ese papel del TEJ a un periodo inferior a cinco años. El texto final incluye una cláusula de ocho años.
Pero esto puede que sea sólo el comienzo del alineamiento legal. Otro documento del presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, sobre los principios de la siguiente fase de negociaciones, deja patente que Reino Unido estará obligado a respetar las decisiones del TEJ durante el periodo de transición de dos años posterior a la salida de la UE. “Propongo que durante ese periodo Reino Unido respetará todas las leyes de la UE, incluidas las nuevas leyes (...) y que respetará el control judicial”, dijo Tusk.
Otra cláusula que permite al Reino Unido continuar participando en programas y agencias de la UE sugiere que el TEJ seguirá contando con un papel esencial en la sociedad británica mucho tiempo después del periodo de ocho años y de la transición de dos años: “La participación en los programas de la unión obligará al Reino Unido a respetar todas las provisiones legales relevantes”.
El dinero que debe Londres
Finalmente, está la cuestión del dinero. Theresa May había prometido poner fin a los grandes pagos a la UE. Boris Johnson, ministro de Exteriores, dijo que “ya podían ir olvidándose” de eso si buscaban un acuerdo de divorcio con cifras gigantescas.
Aunque el texto no incluye cifras, el compromiso británico de asumir todos los requisitos financieros iniciales de la UE sugieren que no quedará mucho de ambas promesas, con una factura que podría superar los 50.000 millones de libras. Fuentes del Gobierno afirmaron después que la cifra podría estar entre 40.000 y 45.000 millones de euros.
En su discurso de Florencia, May admitió que el Reino Unido cumpliría todos los compromisos de gasto del actual presupuesto de la UE, incluso después del Brexit. Pero el acuerdo de divorcio establece que eso se extenderá a futuros pagos muchos años después. Esos pagos llamados reste à liquider (RAL) se harán cuando llegue su momento, no antes, y eso sólo extenderá el alcance de las obligaciones financieras británicas.
El Reino Unido también ha aceptado que varios compromisos anteriores, como créditos a países extranjeros o las pensiones de la Administración comunitaria, quedarán cancelados en compensación con otros activos ya identificados en los presupuestos europeos. Pero eso significa que se necesitará más de una década, por ejemplo, para que el Reino Unido reciba los fondos que aporta al Banco Europeo de Inversiones.
La ganancia anual de 300 millones de libras (por la salida de la UE) terminaría siendo una compensación muy escasa en comparación con los miles de millones que partirán en la otra dirección a causa de todo tipo de acuerdos financieros y concesiones jurídicas que el Reino Unido debe hacer como precio por haber conseguido simplemente el inicio de las negociaciones de un futuro acuerdo comercial.