El día que los indígenas del Amazonas ganaron la batalla contra las eléctricas
Los planes de construir una gran presa hidroeléctrica en el Amazonas se han interrumpido después de que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) suspendiera la concesión de licencias por el impacto que podría tener sobre las comunidades indígenas en la zona.
La presa de 8.000 megavatios de São Luiz Do Tapajós es uno de las piezas clave en el proyecto gubernamental de expandir la generación eléctrica en el Amazonas. Sería la segunda más grande del país, después de la controvertida central eléctrica de Belo Monte, que finalmente comenzó a operar la semana pasada.
Pero en una carta enviada esta semana a las autoridades de Electrobrás, la empresa estatal de energía, y a la Funai, la agencia de asuntos indígenas, Marilene Ramos, presidente de Ibama, destacó la “inviabilidad del proyecto debido al factor indígena”.
Cerca de 10.000 personas de la tribu Munduruku viven alrededor del río Tapajós. La presa causaría la inundación de gran parte de la zona, lo que provocaría el traslado obligatorio de, por lo menos, algunas de las comunidades indígenas, una medida que está estrictamente prohibida por la Constitución de Brasil, excepto en casos de epidemia o de guerra.
Durante diez años, los esfuerzos del pueblo Munduruku por preservar su territorio fueron en vano debido a la constante negativa del Gobierno de reconocer el territorio indígena, lo que provocó que la comunidad llevara a cabo su propio proceso de demarcación. Pero, en otra victoria para el pueblo Munduruku, esta semana la Funai ha publicado un informe inicial que delimita 170.000 hectáreas de territorio pertenecientes a los indígenas Sawré Muybu.
Un informe clave y una ley que retrocede
Según el director del programa Amazonas de la ONG International Rivers, Brent Millikan, “la publicación de este informe es de gran importancia”: “Esto significa un palo en la rueda del proceso de concesión de licencias. Demuestra que hay un derecho constitucional que se debe respetar”. De acuerdo con Ramos, el futuro de la concesión depende ahora de un “informe final” de la Funai. Si la agencia de asuntos indígenas confirma el estado de las tierras, los activistas piensan que será muy difícil que el Gobierno trate de burlar la Constitución“.
“La Constitución de Brasil es bastante progresista cuando se trata de reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos”, explica Millikan. “Solo en circunstancias extraordinarias se podría explotar los recursos de sus tierras y tan solo mediante la aprobación del Congreso”.
Por ahora el obstáculo mayor para avanzar con el desarrollo de la cuenca del Amazonas es económico. Tras años de demandas que amedrentaron a la presa de Belo Monte, las empresas de construcción y energéticas no las tienen todas consigo para ponerse a arriesgar grandes cantidades en los estudios de impacto ambiental de proyectos que podrían no ver la luz, en especial en medio de una crisis económica.
Según Márcio Santilli, socio fundador de la ONG Instituto Socioambiental (ISA), “estas presas se planificaron cuando el Gobierno esperaba un incremento en la demanda energética del 4% anual en relación con el crecimiento”: “Pero en 2015, el PIB se contrajo un 3,8% y las proyecciones para 2016 indicaban una caída similar”.
Aunque la recesión haya obligado a hacer una pausa en el desarrollo de la región, la crisis política brasileña, que todo parece indicar terminará con la destitución de Dilma Rousseff el próximo mes, podría cambiar esa dinámica. Como recuerda Santilili, se trata de “un momento de gran inestabilidad”: “Posiblemente, la elección de un nuevo presidente de Ibama podría revertir la decisión de suspender las concesiones”.
A principios de la semana pasada, Eduardo Braga, ministro de Minas y Energía de Brasil, renunció a su cargo. Es probable que no se le busque un reemplazante hasta después de que el Senado vote, a mediados de mayo, si decide o no realizar el juicio político a la presidente Rousseff.
Además de esta incertidumbre, el Senado está tratando ahora una ley estratégica de desarrollo, conocida como PLS 654/2015, que podría acelerar de forma significativa el proceso de concesión de licencias: reduce la protección ambiental consagrada en la Constitución de Brasil y elimina las consultas públicas como requisito imprescindible en temas medioambientales.
Traducción de Francisco de Zárate
